Gerardo Gaona Melgarejo

Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
569/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Gaona Melgarejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, el documento correrá la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Gerardo Gaona Melgarejo por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 569/2018, promovido por Gerardo Gaona Melgarejo, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán (foja 18), Gerardo Gaona Melgarejo, por propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Por lo anterior, la citada autoridad responsable realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio SE/3022/2018 (foja 7), presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, rindió el informe justificado correspondiente, al que acompañó las constancias relacionadas con la petición que el quejoso elevó el catorce der marzo de dos mil dieciocho ante la Secretaría Ejecutiva, así como del acuerdo por el que se le dio contestación, emitido por el Pleno del Consejo en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho. El conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 7) y el veintisiete siguiente (foja 41), se declaró incompetente para conocer de la misma, al considerar que el acto reclamado consistente en la determinación asumida el nueve de mayo de dos mil dieciocho por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, por la que se determinó improcedente la petición presentada por el quejoso para que se le paguen los conceptos denominados prima de antigüedad y gratificación adicional, conforme a los artículos 162 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como de los diversos 14, fracción XXI, 64 y 87, párrafo tercero, de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tiene la calidad de sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dado que la resolución reclamada se emitió fuera de juicio por una autoridad administrativa y que por ello, su conocimiento correspondía a un juez de distrito. Segundo. Avocamiento de la demanda por este juzgado. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien mediante auto de dos de julio del año en curso (foja 57) la tuvo por recibida, la registró con el número 569/2018 y la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, se ordenó notificar personalmente al quejoso el auto de avocamiento. Seguido el juicio por sus cauces legales, mediante auto de tres de agosto del año en curso (foja 83) se fijó fecha para la audiencia constitucional correspondiente a este juicio, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a dos autoridades con residencia en esta ciudad. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y autoridades responsables señalados por el quejoso, son: Acto reclamado: Determinación asumida el nueve de mayo de dos mil dieciocho por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, por la que se determinó improcedente la petición presentada por el quejoso para que se le paguen los conceptos denominados prima de antigüedad y gratificación adicional, conforme a los artículos 162 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como de los diversos 14, fracción XXI, 64 y 87, párrafo tercero, de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Autoridad responsable: Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye (foja 8). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe justificado, consistentes en las constancias relacionadas con la petición que el quejoso elevó el catorce der marzo de dos mil dieciocho ante la Secretaría Ejecutiva, así como del acuerdo por el que se le dio contestación emitido por el Pleno del Consejo en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 10, reverso) señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en atención a que la actuación de la que se duele el quejoso, la emitió desde un plano de igualdad y bilateralidad en virtud del vínculo laboral que existe entre el quejoso y ese ente público. Es fundada dicha causal, como a continuación se explicará. En primer término debe señalarse que los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la funcionaria señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, el acto reclamado consiste en la determinación asumida el nueve de mayo de dos mil dieciocho por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, por la que se determinó improcedente la petición presentada por el quejoso para que se le paguen los conceptos denominados prima de antigüedad y gratificación adicional, conforme a los artículos 162 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como de los diversos 14, fracción XXI, 64 y 87, párrafo tercero, de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Lo anterior, pone de manifiesto que la actuación del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado no se encuentra revestida de imperio frente al quejoso, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, ya que éste actúa en un vínculo de coordinación con el quejoso, derivado de una relación laboral. Aunado lo anterior, porque la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores y el artículo 1° de la misma, dispone que dicho ordenamiento es aplicable, entre otros, para las relaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, tal y como se observa: "ARTICULO 1o. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. ARTICULO 2o. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley. ARTICULO 3o. Trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos y a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, en virtud de nombramiento expedido y por figurar en la nómina de pago sus sueldos (sic). ARTICULO 4o. Para los efectos de esta Ley los trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas se dividen en: I. Trabajador de base; II. Trabajador de confianza; y, III. Trabajadores temporales. ARTICULO 5o. Se entenderá como trabajadores de confianza todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general dentro de las Dependencias o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad deban tener tal carácter, de acuerdo a la siguiente clasificación: I. Dentro del Poder Ejecutivo: Los titulares de las dependencias básicas, que establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública; los Secretarios Particular y Privado del Gobernador; el Subprocurador, Subtesorero; Directores, Jefes y Subjefes de Departamentos; Secretarios Particulares y Asesores o Consultores de los titulares de las dependencias básicas, direcciones y departamentos; Presidentes titulares y auxiliares y Secretario General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Secretario y Vocales de la Comisión Agraria Mixta; Agente del Ministerio Público; los Jueces del Registro Civil; Jefes y Subjefes de las corporaciones policíacas y los elementos uniformados; II. Dentro del Poder Legislativo: El Oficial Mayor, Contador General de Glosa y Subcontador; los Asesores, Visitadores o Auditores y los Jefes de Sección; III. En el Poder Judicial: Sin ser limitativa se considerarán como tales: El Secretario General de Acuerdos, el Subsecretario de Acuerdos, el Oficial Mayor, el Director del Instituto de Especialización, el Director de Administración y Desarrollo de Personal, el Director de Contabilidad y Pagaduría, los Titulares de los Juzgados de Primera Instancia, Municipales y de Tenencia; los Jurados y Arbitros; los Asesores y Secretarios Particulares; y, los Secretarios Auxiliares o Proyectistas de las Salas; IV. En los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal: Los Directores Generales y Subdirectores; Jefes de Departamentos, Asesores, Secretarios Particulares y Ayudantes; y, V. En los Ayuntamientos: El Secretario, Tesorero, Cajero, Oficial Mayor, Comandante de Policía, Policías Preventivos y de Tránsito, Directores y Jefes de Urbanística y Secretario Particular. ARTICULO 6o. Los trabajadores de base serán los no incluidos en el artículo anterior, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. La sustitución será decidida por el titular de la Dependencia oyendo al Sindicato. ARTICULO 7o. Son trabajadores temporales aquellos a quienes se otorga nombramiento para obra o tiempo determinados. ARTICULO 8o. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. ARTICULO 96. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores; II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones y los trabajadores a su servicio; III. Conocer el registro de los sindicatos, federaciones o confederaciones o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; y, V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo." Conforme a lo anterior, se afirma que en el caso particular, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, carece del carácter de autoridad, dado que su actuación se materializa en función de sus atribuciones como ente patrón en los términos descritos y la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. Es así, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Es de ese modo, porque el acto reclamado no se realiza en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la determinación que niega el pago de los conceptos denominados prima de antigüedad y gratificación adicional, surte efectos en el plano patrón-trabajador; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas de los actos de autoridad. En ese orden de ideas, el acto que se reclama no queda comprendido como aquéllos de supra a subordinación, puesto que éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral que sostiene el quejoso con dicha dependencia, pues incide en una cuestión laboral, en específico, el pago de los conceptos denominados prima de antigüedad y gratificación adicional. Es ilustrativa el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J.111/2010, visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad". No se pierde de vista que, excepcionalmente son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo indirecto algunos actos atribuidos al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán; sin embargo, ello se actualiza cuando su actuar deriva de las potestades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial con relación a la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria y no como en el caso, que la actuación de la responsable se vincula directamente al reclamo de una prestación eminentemente laboral. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, argumentada por las autoridades responsables, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo, respecto de los actos y quejosos precisados en esta consideración. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Finalmente, no se analizarán el resto de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable y por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo Gaona Melgarejo, por el acto, autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Gerardo Gaona Melgarejo por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

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