Gerardo Hernández Martínez
Expediente 1099/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Martínez
- Enrique Serrano Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante oficio CCJ/ST/5901/2019, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia al juez de este órgano jurisdiccional los días veinte, veintiuno y veintidós de noviembre del presente año, quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que en atención a lo previsto en dicho numeral únicamente puede practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las siguientes autoridades: 1. Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán; y, 2. Director de Servicios Publico del Municipio de Hidalgo, Michoacán. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibido el informe previo que rinde el Presidente Municipal y el Director de Servicios Públicos Municipales, ambos con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. En tal virtud, agréguense sin hacer mayor pronunciamiento los referidos informes previos, toda vez que por resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre del año en curso, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1099/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamado lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Presidente Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán; y, 2. Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Acto reclamado: La orden de reubicación del tianguis municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Segunda: Las autoridades responsables no rindieron sus informes previos aun cuando fueron debidamente notificadas del auto en el cual se les requirió el mismo, tal como se advierte del sello de recibido en el acuse de notificación respectivo. Atento lo anterior, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, en derecho procede realizar el siguiente análisis: De acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. En ese sentido, el acto reclamado consiste en la posible orden de reubicación del tianguis municipal del que los quejosos refieren forman parte, así como su ejecución; por tanto, con fundamento en el artículo 128, 129, 130, 131 y 138, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada toda vez la parte quejosa no acredita ni aun de manera presuntiva el interés jurídico o legítimo que tiene para obtener la medida cautelar, pues corresponde a la parte peticionaria de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente son titulares del derecho afectado. Lo anterior, pese a que los quejosos manifestaron que se encuentran establecidos los días miércoles como tianguis, en las calles de Vicente Guerrero y Tlaximaloyon, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, pues no exhiben medio de convicción idóneo y fehaciente del que se advierta que tuvieran alguna autorización o licencia expedida por autoridad competente para establecerse en el domicilio en mención y la sola aseveración en ese sentido es insuficiente para demostrar su derecho. Igual circunstancia acontece en relación con su interés legítimo, toda vez que no exhiben prueba que configure el indicio para actualizar esa figura, definida como el interés personal ya sea individual o colectivo cualificado, actual, y jurídicamente relevante, en relación con el lugar en que refieren se encuentran establecidos, la actividad que realizan, así como en su caso, alguna autorización de la autoridad competente; asimismo, no demuestran ni refieren en los hechos de su demanda que las responsables se hayan constituido en dicho lugar, para materializar los actos reclamados, o bien, que haya emitido orden para ello, sino únicamente infieren la existencia de los actos reclamados a través del dicho de una tercera persona. Por tanto, los quejosos no acreditan ni aun de manera presuntiva el interés jurídico o legítimo que tienen para obtener la medida suspensiva; máxime, que se trata de actos futuros e inciertos, pues de lo expuesto por la parte quejosa no se advierte su existencia ni de manera indiciaria, por lo que de otorgarse la medida cautelar sería contra actos de los que no se tiene la certidumbre de su realización. Resulta aplicable sobre el particular la jurisprudencia Tesis: VI. 2o. J/87 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizada en la página 364, Tomo VI, Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 262, del Tomo IX-Enero, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO.- El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aún de forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124, de la Ley de Amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse para la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar". Apoya de igual forma el criterio XX.11 A, emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 204531, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, CARECE DE. SI NO ACREDITA QUE CUENTA CON LICENCIA PARA DEDICARSE A ESA ACTIVIDAD (VENDEDOR AMBULANTE). Carece de interés jurídico la quejosa para acudir a la instancia constitucional pretendiendo el amparo y protección de la justicia federal, si tomando en consideración la actividad a que se dedica (vendedores ambulantes), no demuestra que cuenta con licencia expedida para tal efecto, por la autoridad correspondiente que los autorice a trabajar en esa actividad comercial." Finalmente, la jurisprudencia PC.XI. J/6 A (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoprimer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019867, cuyo texto dice: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO. LO ACREDITAN LOS QUEJOSOS AL DEMOSTRAR INDICIARIAMENTE SU RESIDENCIA O LA VECINDAD CONTIGUA A LA CALLE A REMODELAR POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La introducción del concepto de interés legítimo, como parte de los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, permite combatir las afectaciones que una persona resiente directamente en su esfera jurídica o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con lo que se transita hacia la plena justiciabilidad -o exigencia en sede jurisdiccional- de todos los derechos humanos que constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pues basta ser reconocidos para que su violación pueda reclamarse ante los tribunales. Así, el interés legítimo se actualiza respecto de los quejosos que demuestran ser residentes en la calle a remodelar por la autoridad responsable y, eventualmente, de los vecinos contiguos a esa vialidad, porque con ese carácter se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión demandada en juicio, ya por una circunstancia personal, ya por una regulación sectorial o grupal y que, de prosperar la acción, se traduce en la protección de su derecho legítimo en disputa a decidir por el juzgador, en cada caso concreto, con vista de las pruebas rendidas, las cuales lo lleven a inferir si efectivamente la ejecución de los actos reclamados, de negarse la suspensión, causarán a los impetrantes perjuicios de difícil reparación y del interés social que justifique el otorgamiento de la medida. Ahora, si los medios de prueba ofrecidos para ese efecto consisten en la credencial de elector y el oficio que informa de la obra pública en un lugar determinado que coincide con el domicilio de la credencial, se configura el indicio para actualizar el interés legítimo, pues si éste se ha definido como el interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, esos extremos están presentes en los residentes de la calle en la que las autoridades responsables llevarán a cabo la remodelación, al actualizarse tanto el vínculo entre el derecho humano reclamado y la persona que comparece al juicio de amparo, como el interés en que se le conceda la suspensión provisional, en términos de los artículos 125, 126, 128, 129, 131, párrafo primero y 139 de la Ley de Amparo." Se sostiene lo anterior, tomando en cuenta que los quejosos únicamente exhibieron copia simple de algunas credenciales para votar carentes de valor probatorio pleno. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J.71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 33, del Tomo XVII, de Enero de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185215, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se niega a Gerardo Hernández Martínez, Eduardo Eliseo Colín, Fernando Homez Hinojosa, Flor Marina Moreno Téllez, Cecilia Bucio Martínez y Adela Quiros, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la diversa consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Gerardo Durán Hernández693/2021
- Gerardo Ernesto Jarquín Chávez946/2017
- Gerardo Franco Merlos21/2023
- Gerardo Gaona Melgarejo569/2018
- Gerardo Garcia Avila1445/2023
- Gerardo Garcia Valdovinos873/2023
- Gerardo Leal Solis365/2019
- Gerardo Leal Solis846/2018
- Gerardo Leal Solis277/2019
- Gerardo López Coria471/2018
- Gerardo Manuel Madrigal Romero257/2019
- Gerardo Martínez Hernández428/2018