Gerardo Calleja Ochoa

Expediente 948/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
948/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Calleja Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 948/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con la promoción registrada con el número 16487, así como con un sobre devuelto y hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Por otra parte, se ordena glosar la pieza postal devuelta por la Oficina de Correos de México, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 19177 de treinta de agosto del año en curso, dirigido a la autoridad supuestamente denominada "Jefe Regional de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora", con la leyenda asentada al reverso "No existe en el domicilio", dejándose de hacer relación de la misma en el apartado correspondiente en esta audiencia constitucional en virtud de su inexistencia. Por tanto, por principio de economía procesal y la celeridad con que deber resolverse el presente juicio, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de treinta de agosto del año en curso y con fundamento en los artículos 5° fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo; interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad dentro del presente juicio de amparo en virtud de su inexistencia, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público adscrita los formuló. El Juez acuerda: Se tiene a la fiscal adscrita formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno, Gerardo Calleja Ochoa, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana, de la Mesa X, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; y, Acto reclamado: La orden de detención dictada contra el quejoso, así como su ejecución. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: "De todas las autoridades que señalo como responsables les reclamo: El pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento judicial, sin que exista una orden de aprehensión dictada en mi contra en la cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimientos, por no haber cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad; además con el temor fundado de que las autoridades señaladas como responsables apliquen al suscrito torturas, golpes y azotes lo cual está prohibido conforme a los dispuesto por el artículo 22 Constitucional". Tercera. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable descrita en el primer resultando al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Calleja Ochoa, contra los actos reclamados a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 948/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con la promoción registrada con el número 16487, así como con un sobre devuelto y hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Por otra parte, se ordena glosar la pieza postal devuelta por la Oficina de Correos de México, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 19177 de treinta de agosto del año en curso, dirigido a la autoridad supuestamente denominada "Jefe Regional de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora", con la leyenda asentada al reverso "No existe en el domicilio", dejándose de hacer relación de la misma en el apartado correspondiente en esta audiencia constitucional en virtud de su inexistencia. Por tanto, por principio de economía procesal y la celeridad con que deber resolverse el presente juicio, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de treinta de agosto del año en curso y con fundamento en los artículos 5° fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo; interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad dentro del presente juicio de amparo en virtud de su inexistencia, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público adscrita los formuló. El Juez acuerda: Se tiene a la fiscal adscrita formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno, Gerardo Calleja Ochoa, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana, de la Mesa X, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; y, Acto reclamado: La orden de detención dictada contra el quejoso, así como su ejecución. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: "De todas las autoridades que señalo como responsables les reclamo: El pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento judicial, sin que exista una orden de aprehensión dictada en mi contra en la cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimientos, por no haber cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad; además con el temor fundado de que las autoridades señaladas como responsables apliquen al suscrito torturas, golpes y azotes lo cual está prohibido conforme a los dispuesto por el artículo 22 Constitucional". Tercera. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable descrita en el primer resultando al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Calleja Ochoa, contra los actos reclamados a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 948/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para ofertar pruebas. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana, de la Mesa X, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; y, Jefe de Grupo Regional de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden de detención dictada contra el quejoso, así como su ejecución. Segunda. Al momento de rendir su informe previo el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana, de la Mesa X, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. En ese contexto, lo procedente es negar la suspensión solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Dicha determinación se hace extensiva al Jefe de Grupo Regional de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, ya que no rindió su informe previo; sin embargo, la autoridad responsable ordenadora negó la existencia del acto reclamado y ésta en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se niega a Gerardo Calleja Ochoa, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana, de la Mesa X, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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