Gerardo Leal Solis

Expediente 846/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
846/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Leal Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del quejoso Gerardo Leal Solís, mediante el cual exhibe la revocación del poder notarial otorgado al licenciado Nahum Eugenio García Zamora, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual señala nuevo domicilio para recibir notificaciones y autoriza para tal efecto a las personas que indica, con revocación del domicilio y autorizados anteriores. Atento lo anterior, se tienen al quejoso señalando su nuevo domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas para tales efectos a las personas que precisa, quienes no podrán gozar de las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo por no haberlas conferido expresamente. Se comisiona al actuario tome nota de lo anterior. Notifíquese por lista y cúmplase Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 846/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento que presentó la agente del Ministerio Público, mismos que se tuvieron por formulados conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, hace constar que concluyó el derecho de las demás partes para formular alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Gerardo Leal Solís, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente Primero del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 2. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 3. Agente Cuarta del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 4. Agente Quinta del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 5. Agente Sexto del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 6. Agente Séptimo del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 7. Agente Octavo del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 8. Agente Noveno del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; 9. Agente Decimo del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán; y, 10. Agente Décimo Primero del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Michoacán. Todas con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de presentación, citación o comparecencia girada en contra del quejoso y su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 846/2018; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de presentación, citación o comparecencia girada en contra del quejoso y su ejecución. Tercera. Las autoridades señaladas como responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Leal Solís, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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