Gerardo Federico Escobedo Sainz

Expediente 343/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Federico Escobedo Sainz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 343/2019-I-1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinticuatro de agosto siguiente. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó: IV. Noma general, actos u omisiones que de cada autoridad se reclaman: A) De las autoridades responsables ordenadoras se reclaman los acuerdos, autos, posible sentencia definitiva y cualquier otra providencia dictada en ejecución de la misma o vía de apremio, que se hayan decretado dentro de un procedimiento o procedimientos judiciales en mi contra tendentes a privarme de mis posesiones, propiedades, derecho personales o derechos reales o bien que puedan afectarlos jurídicamente; procedimiento o procedimientos a los cuales jamás fui llamado, pero donde aparentemente se ordenaron actos de inminente ejecución en mi contra, reclamando pues todo lo actuado en la tramitación de ese juicio o juicios y demás consecuencias y actos que de ellos derivan, en virtud de que se abstuvieron de emplazarme formalmente a juicio, así como de verificar que tales actuaciones se hicieran conforme a las disposiciones procesales aplicables, y por ende, omitió concederme la oportunidad de ser oído en defensa, probar y alegar a fin de desvirtuar la acción o acciones intentadas, las que supongo en un momento dado debieron ser planeadas directamente en mi contra. Cabe aclarar que no puedo precisar con fecha exacta los acuerdos respectivos, ni el juicio o juicios d ellos cuales emanan, en virtud de que nunca fui emplazado a dicho procedimiento o procedimientos, por lo que incluso desconozco que se reclama en particular. B) De los oficiales notificadores y ministros ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos les reclamo la falta de emplazamiento o el ilegal emplazamiento, así como el requerimiento de prestaciones y la ejecución de los acuerdos o sentencia condenatoria dictada en mi contra e incluso la ejecución de una orden judicial de embargo o cualquier otro mandamiento de autoridad que afecte mi esfera jurídica, en cumplimiento a las ordenes giradas por cualquier C. Juez de lo Civil, ya sea del sistema tradicional o dentro del sistema procesal por audiencias, que tengan ejercicio en el Distrito Bravos. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo indirecto 343/2020-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar al tercero interesado y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de la demanda. En auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda de amparo, respecto de los conceptos de violación, se solicitó el informe justificado y se programó la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar en esta ciudad. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1o, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Civiles por Audiencias del distrito judicial Bravos; los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad: a) todo lo actuado en el juicio oral ordinario civil *******, relativo a la acción hipotecaria, promovido por el *******, en el que se le pretende de privar de la posesión de sus bienes, y b) de forma relevante las diligencias de emplazamiento a juicio. 2. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: a) el ilegal emplazamiento que se le efectuó en el expediente en mención. b) la ejecución material de la orden de desposeerlo de sus bienes. Ello, toda vez que, de la lectura de los antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa, fundamentalmente alega el ilegal emplazamiento que le fue practicado, lo que le impidió tener conocimiento oportuno de la existencia del juicio de origen y así poder defender sus intereses. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente, de los cuales se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman de Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Civiles por Audiencias del distrito judicial Bravos; los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en lo actuado en el juicio oral ordinario civil *******, relativo a la acción hipotecaria, promovido por el *******, en el que se le pretende de privar de la posesión de sus bienes, y las diligencias de emplazamiento a juicio o de ejecución; por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Dado lo expuesto, debe sobreseerse en el juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos que se reclaman de las autoridades en cita. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Los actos que en esta vía se reclaman resultan ciertos. La Jueza Cuarta Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales Notificadores y Ministros del distrito judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, indicaron que no son ciertos los actos que se les imputan. No obstante, enseguida hacen manifestaciones en torno a la legalidad de los actos que se les reclaman, en el sentido de que, las actuaciones del juicio de origen y el emplazamiento que en el mismo se efectuó fueron legales. De manera que, los actos que se les endilgan sí son ciertos. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del expediente del juicio oral ordinario civil *******, probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ilustra a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004 publicada en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Quinto. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En ese sentido, esta Juzgadora, estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, atento a que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño con el que se ostentó en la presente vía, porque conoció de forma completa y exacta la existencia del juicio natural, incluyendo sus datos de identificación, antes de ejercitar la acción de amparo. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. [.] Como punto de partida es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Desde luego, esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, pues ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, sin duda existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, es claro que ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. De ahí, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Sin duda, esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, no cabe duda de que la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que, sin duda, implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, desde luego, no son los únicos en que la vía constitucional resulta improcedente, pues existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de esta juzgadora, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, porque la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño con el que se ostentó en la presente vía. En aras de justificar tal conclusión, es pertinente traer a colación los criterios jurídicos sostenidos por nuestro más Alto Tribunal del País, en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta como tercero extraño al juicio de origen. Como primer antecedente se tiene la contradicción de tesis 6/92, dilucidada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 3a./J. 18/92, localizable en la página dieciséis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, Octubre de 1992, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia de que se trata, basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña carezca de tal carácter en el juicio de amparo respectivo. Con posterioridad surgió una nueva controversia en relación con el supuesto legal que nos ocupa, o sea, el correspondiente a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta como tercero extraño al juicio natural. Esta controversia fue dilucidada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2000, cuyo debate se centró en determinar si el hecho de que el impetrante conozca de la existencia del juicio en el que figura como parte y comparece a él, pese a no haber sido emplazado legalmente, resulta suficiente o no para desvirtuar el carácter de tercero extraño al procedimiento. Sobre el particular, se sostuvo que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca él, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose con tal carácter, el juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Tal criterio dio lugar a la tesis de jurisprudencia seiscientos cuarenta y cinco, visible en la página setecientos dieciocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, que dice así: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Posteriormente surgió otra controversia en relación con el supuesto legal que nos ocupa, la cual se dilucidó por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 401/2011, mediante la que concluyó que si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, cuando aún no se había pronunciado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta resulta improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses dentro del procedimiento natural. Ese criterio originó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), localizable en la página mil seiscientos veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, que dice así: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Para terminar, debe decirse que la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País resolvió otra controversia relacionada con el supuesto legal de que se habla, integrada en la contradicción de tesis 379/2011, en la cual determinó que no tiene el carácter de persona extraña al juicio natural, el quejoso que conoce de la existencia del juicio y sus datos de identificación, aun cuando no haya comparecido a él. Dicha decisión se reflejó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), visible en la página seiscientos ochenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, que es del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así pues, una interpretación conforme de los precedentes sustentados por nuestro más Alto Tribunal del País, conduce a esta juzgadora a considerar que carece del carácter de persona extraña al juicio natural, el quejoso que conoce de la existencia del propio juicio y sus datos de identificación, aun cuando no haya comparecido a él, por lo cual es improcedente el juicio de amparo respectivo, porque ya no puede estimarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad, le ocasionó un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses dentro del procedimiento natural correspondiente. Lo cual acontece en la especie, pues basta imponerse de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional para advertir que en el juicio de origen no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente, virtud a que de las constancias que como complemento a su informe con justificación remitió la autoridad responsable se advierte que al momento de la presentación de la demanda, el juicio oral ordinario civil *******, relativo a la acción hipotecaria, promovido por el *******, se encontraba en trámite, pues la audiencia preliminar se llevó a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veinte; la audiencia de juicio el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y la continuación de la audiencia de juicio el ocho de octubre de dos mil veinte; esto es, dichas etapas se desahogaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, cuando aún no se había emitido la sentencia, lo que revela que la parte quejosa al conocer de forma completa y exacta la existencia del juicio natural, incluyendo sus datos de identificación, se encontraba en aptitud de comparecer al mismo, pues se insiste, aún no se dictaba sentencia. Por lo anterior, es evidente que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño al juicio natural, precisamente, porque al momento en que tuvo conocimiento de la existencia de un juicio en su contra, éste no había sido resuelto en definitiva, por lo cual, sin duda, en este caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de esa legislación, aplicado a contrario sensu, pues en esas condiciones ya no puede estimarse que la propia parte quejosa se ubique en el supuesto de que la falta de emplazamiento, le generó un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses en el procedimiento natural, justamente, porque estaba en aptitud legal de hacerlo. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, del Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así como la diversa Jurisprudencia 3a./J. 19/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 17, del Libro 58, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. En esta misma línea, se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, al no haberse agotado previamente al ejercicio de la acción de amparo, consistente en el incidente de nulidad de actuaciones previsto en la legislación procesal civil. Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos. Este principio, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, el acto que se ataque en el juicio de amparo debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, a este respecto, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. La parte quejosa aduce que las notificaciones en el procedimiento de origen fueron efectuadas de manera ilegal y ello le impidió comparecer al juicio hipotecario de origen, sin embargo, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para estudiar tales actos porque omitió interponer el medio de defensa que le permitiera anularlas. En efecto, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados en contra las notificaciones efectuadas en contravención a la ley, mediante la promoción del citado incidente. Dicho de otro modo, la legislación de la materia prevé en los numerales 90 a 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, la nulidad de actuaciones y notificaciones, que debió reclamarse previo a la promoción de amparo, tales preceptos disponen: 90. Las actuaciones y las notificaciones serán nulas, cuando a las primeras les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que la omisión deje sin defensa a alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo disponga; las segundas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en este código. 91. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra. Tampoco puede ser invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. 92. La nulidad deberá ser reclamada en la subsecuente audiencia o actuación y resolverse dentro del plazo de tres días a partir de que la persona interesada tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entienden consentidas las notificaciones hechas en forma irregular cuando la parte agraviada reciba una notificación personal con posterioridad, haga alguna promoción en el procedimiento o asista a cualquier acto o diligencia del mismo, y no impugne la notificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. 93. Las cuestiones que se susciten con motivo de la nulidad de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista a la parte contraria. Si se ofrecieren pruebas y fuesen admitidas, se señalará una audiencia especial en la que se desahogarán las mismas, se oirán alegatos y, de ser posible, se dictará la resolución. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, sin más trámite se dictará resolución, si fuera posible; en caso contrario, se dictará dentro del término de tres días. 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. 95. En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones sólo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio pues, en este caso, el tribunal obrará discrecionalmente. Si al pronunciarse la sentencia hubiere de declararse la nulidad de alguna actuación o notificación de influencia notoria para la correcta resolución del juicio, el tribunal que conozca de este se abstendrá de declarar sobre la acción o excepción deducidas, y ordenará la reposición del procedimiento hasta antes de correrse traslado a las partes para que alegaren de su derecho, a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior, se repitan las actuaciones o notificaciones declaradas nulas, concediéndose para ello un término prudente. Concluido el término, seguirá su curso el juicio. Cuando en la sentencia se declaren válidas las actuaciones o notificaciones impugnadas de nulidad, la interesada podrá reclamarlo como agravio en la segunda instancia. Como se desprende de los transcritos numerales, contra las notificaciones practicadas en forma distinta a la señalada en la ley, procede el incidente de nulidad, medio de defensa que tiene por efecto anular la notificación que lesiona los intereses del supuesto notificado, con efectos similares a la revocación, y que puede ser interpuesto por cualquiera de las partes a quienes afecte dicha notificación. Es apoyo a lo dicho la jurisprudencia III.1o.C. J/34, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Materia Común, visible en la página 1041, con registro 185542, de rubro y texto: NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere. Así, previamente a la promoción del amparo se debió interponer el citado medio de defensa para lograr que las notificaciones que aduce fueron ilegales y le impidieron comparecer al juicio de origen, fuesen examinadas, en virtud de que se considera que con dicho medio de defensa pudo haber sido nulificada. Esto es así, dado que al momento de la presentación de la demanda, el juicio oral ordinario civil *******, relativo a la acción hipotecaria, promovido por el *******, se encontraba en trámite, pues la audiencia preliminar y de juicio se desahogó de forma posterior y no se había emitido la sentencia. De manera que, si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo, teniendo el carácter de parte en éste, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 47/2011, en materia Común emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, número de registró 2000293, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí que, si en el caso el promovente del amparo, demandado en el juicio de origen, tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata antes de dictarse la resolución, debió promover el incidente de nulidad de referencia antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 885 sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 608, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, cuyo texto y rubro establecen: NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la nulificación del acto reclamado; esto es, obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, se colige que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva, atento a que la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sirve de apoyo a la citada determinación, por identidad en su idea jurídica la tesis 135 L, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 325, Tomo XVI, septiembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenidos dicen: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. CUANDO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. El artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo prevé la existencia del incidente de nulidad por lo que éste constituye un medio de defensa que las partes tienen para solicitar la nulidad de determinada actuación en juicio; luego, si el quejoso impugna como ilegal el emplazamiento que se le efectuó añadiendo que por tal motivo no fue llamado a juicio, reclamando también las irregulares notificaciones de otros subsecuentes acuerdos dictados en la tramitación del juicio laboral seguido en su contra, es evidente que antes de acudir al juicio constitucional debió agotar el incidente de nulidad previsto en la Ley Federal del Trabajo, por ser un medio de defensa tendiente a modificar, revocar o nulificar los actos combatidos, atendiendo además que en el procedimiento respectivo no se ha emitido el laudo respectivo. En suma, si contra el ilegal emplazamiento efectuado a la parte quejosa, procedía el incidente de nulidad y pese a ello, el promovente de la acción constitucional no agotó dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, es incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que se advierta, que en el caso, se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de l a vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En el mismo sentido, no es obstáculo para arribar a la conclusión apuntada, la declaración de rebeldía hecha por la autoridad responsable respecto del quejoso porque incluso tal determinación era susceptible de combatirse por la vía ordinaria, o sea mediante el referido incidente de nulidad de actuaciones, de manera que al no haberlo hecho así, se insiste, el impetrante no agotó el principio de definitividad que rige la materia. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, lo que imposibilita a la suscrita a entrar al estudio y análisis del fondo del asunto. Consecuentemente, al quedar evidenciada la existencia de las causales de improcedencia examinadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Jurisprudencia número 1027, visible a fojas 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Tomo VI, 1917-1995, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo. Sexto. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, 63, 73, 74, 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 343/2020-I-1 promovido por *******, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. Notifíquese la presente sentencia, en términos del considerando sexto. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta, súmese a los autos para que conste como legalmente corresponda, atento a su contenido ******* apoderado de *******, comparece a este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Capacidad y personería En términos del artículo 10, de la Ley de Amparo, se reconoce al promovente el carácter de representante del tercero interesado *******, pues lo acredita con la copia certificada del poder notarial *******, de cinco de abril del dos mil diecisiete, pasado ante la fe pública de la licenciada *******, Titular de la Notaría número ******* de la Ciudad de México. Comparece a juicio tercero interesado En mérito de lo anterior, se tiene al tercero interesado *******, apersonándose a juicio, por conducto de su representante, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Autorizados y domicilio En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, *******, *******, *******, toda vez que se encontraron en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tal como lo solicita el promovente, se autoriza *******, únicamente, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, de esta ciudad. Además, consiente que se le contacte al correo electrónico *******. Autorización de notificación y consulta electrónicas En atención a que el autorizado *******, aparece registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, dada la solicitud expresa de ******* apoderado de ******* y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Alegatos También se tienen por hechas las manifestaciones que el tercero interesado hace valer en vía de alegatos, con los cuales deberá darse cuenta en la audiencia constitucional; mientras que, respecto a la causa de improcedencia que hace valer, se tomará en cuenta al momento de emitir el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veinte. Reanuda procedimiento En razón a que ha fenecido la suspensión de plazos y términos decretada mediante la circular SECNO/24/2020 y ampliada por la diversa SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y se deben reanudar todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo del treinta de octubre al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a partir del punto en que se suspendieron. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se provee lo conducente para su debida integración. Audiencia constitucional Ahora, del estado de autos, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo promovida por ** contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; asunto que se encuentra en trámite. Por tanto, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Se comunica la designación de la nueva titular Vista la certificación de cuenta, se tiene conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción de la jueza María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, se ordena hacer saber a las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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