Gerardo Corchado Quintana
Expediente 363/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gerardo Corchado Quintana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de catorce de junio de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diez de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado en esa misma fecha a este juzgado; *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: a).- Del C. Licenciado *******, Juez de Garantía (Control) del Distrito Judicial Bravos, reclamo la privación ilegal de mi libertad al prolongar la prisión preventiva que me fue dictada el 28 de Marzo del 2015, en la Causa Penal; *******, no obstante que estoy privado de mi libertad desde el día 21 de Marzo del 2015. b).- También reclamo del C. Juez Responsable el incumplimiento a su propia resolución dictada en la Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares celebrada el día 31 de Marzo del 2017 en la que se sustituyó la prisión preventiva por la Medida Cautelar de Arraigo en mi domicilio prevista en la fracción VI del Artículo 169 del Código Adjetivo Penal para el Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante proveído de once de abril de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número *******; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que en esencia, el quejoso reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: la prolongación de la medida cautelar consiente en prisión preventiva, impuesta el veintiocho de marzo de dos mil quince, en la causa penal *******, instruida en su contra, por la probable comisión del delito de robo calificado; y, la sustitución de dicha medida cautelar por la diversa de arraigo domiciliario, decretada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, expresó que son ciertos los actos reclamados; y remitió para tal efecto, copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal *******, del índice de la responsable, instruida en contra del quejoso y otro, por la probable comisión del delito de robo calificado. Documentos cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el número II.1o. J/5, en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, precisando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En el caso, como se señaló, la parte quejosa reclama lo siguiente la prolongación de la medida cautelar consiente en prisión preventiva, impuesta el veintiocho de marzo de dos mil quince, en la causa penal ********************, instruida en su contra, por la probable comisión del delito de robo calificado; y, la sustitución de dicha medida cautelar por la diversa de arraigo domiciliario, decretada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. En ese sentido es oportuno precisar que la libertad personal en el sistema penal acusatorio puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: La aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; La detención en flagrancia o urgencia; La medida cautelar consistente en la prisión preventiva o cualquier otra que restrinja la libertad; La sentencia. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente. Corrobora lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia VI.1o. J/57, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 139, cuyo rubro es el siguiente: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. En ese tenor, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el oficio ******* de quince de mayo de dos mil diecisiete, se aprecia que en la audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la responsable aprobó el acuerdo reparatorio entre el imputado ******* y el Municipio; asimismo, en dicha diligencia admitió el procedimiento abreviado y dictó sentencia condenatoria. Resolución en la cual consideró a ******* y otro, penalmente responsable de la comisión del delito de *******, cometido en perjuicio de ******* y la moral denominada *******, por hechos ocurridos el veintiuno de marzo de dos mil quince, en la carretera Panamericana y Libramiento Aeropuerto, en esta ciudad; impuso tres años, seis meses de prisión y multa equivalente a cien unidades de medida y actualización; censando la medida cautelar impuesta al sentenciado de merito. (fojas 51-67) Por tanto, si el imputado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 387 al 392 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, solicitado por la representación social, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia, es evidente que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, se actualiza la citada causa de improcedencia En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Robustece lo anterior, la tesis XXIII.9 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página: 2377, cuyo rubro es el siguiente: VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano, mediante proveído de nueve de los corrientes, remite copia certificada de la transcripción del fallo condenatorio emitido dentro de la causa penal *******, instruida en contra de *******; misma que será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete; lo anterior, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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