Gerardo Ernesto Ägüero Soto

Expediente 302/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
302/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Ernesto Ägüero Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda, el escrito que remite la parte quejosa; mediante los cuales interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, para la substanciación del recurso hecho valer; sin que sea necesario remitir copia de éste para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, toda vez que se correrá traslado con él a la representación social Federal adscrita a este juzgado y ambos pertenecen a una institución indivisible, de modo que aquél debe considerarse sabedor del recurso por medio del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Apoya lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2006419, de la Décima Época, visible en el libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 2116, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se lee lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 89 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936 (abrogada), establecía que en el trámite de la revisión, el Juez de Distrito debía remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, el escrito de agravios original y la copia correspondiente al Ministerio Público Federal. Por su parte, el artículo 89 de la ley de la materia publicada en el mismo medio de difusión el 2 de abril de 2013 establece que el órgano constitucional de primer grado distribuirá las copias del escrito de agravios entre las partes y, una vez integrado el expediente, lo remitirá al tribunal revisor con el escrito original de agravios. Así pues, a diferencia de la norma abrogada, la vigente ya no dispone que el juzgador a quo remitirá al ad quem una copia de los agravios para el Ministerio Público; por el contrario, establece que distribuirá las copias entre las partes, género que incluye a la representación social; por tanto, a él corresponde entregar la del escrito relativo. No es óbice a lo anterior que los órganos jurisdiccionales de amparo de primer y segundo grados tengan adscritos a sendos agentes ministeriales, pues el Ministerio Público Federal es una institución indivisible, de modo que debe considerársele sabedor del recurso si se le comunica su interposición a través del que esté adscrito al juzgado de primera instancia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables, entregándose a las demás partes copia del escrito de expresión de agravios. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 302/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD ZONA NORTE DIVISIÓN FUERZAS ESTATALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: A) El despojo del que fue objeto, respecto del vehículo automotor de mi propiedad identificado como *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, con número de serie (.), el cual me retenido por dicha autoridad sin que mediara causa o justificación alguna. B) Todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la citada autoridad, respecto de la disposición del vehículo de mi propiedad, hasta la promoción del presente juicio de garantías, ya que hasta el momento desconozco el lugar al que fue remitido el referido bien mueble. 2.- DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual supuestamente fue embargado el vehículo de mi propiedad objeto de la presente demanda una vez que le fue puesto a disposición por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como la devolución del vehículo automotor de mi propiedad identificado como *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, con número de serie (.), el cual me fue despojado de manera arbitraria por elementos de las Fuerzas Estatales anteriormente señaladas, quienes a su vez lo remiten a LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; según el dicho de una persona que me atendió en la dependencia de gobierno en mención, la cual me informó que efectivamente tienen en posesión el bien de mi propiedad descrito anteriormente, sin embargo, no me especificó el lugar en donde se encuentra resguardado y tampoco accedió a regresármelo aún y cuando les he acreditado que el propietario del mismo soy el suscrito. [.] SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 302/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Autoridad inexistente. En acuerdo de veintinueve de abril del actual, se tuvo como autoridad inexistente, para los efectos del presente juicio de amparo, a la que denominó el quejoso como "Elementos de las Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua", de conformidad con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto proveniente de autoridad administrativa, cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: 1) De la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: a) La confiscación y privación de la posesión del vehículo automotor de su propiedad, que identifica como *******, modelo *******, color *******. 2) De la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua: b) El aseguramiento del vehículo de su propiedad, con motivo del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron. Ante la negativa de los actos reclamados, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de prueba eficientes para acreditar la certeza de los actos que impugna. En este sumario la accionante del amparo, como anexos a su demanda exhibió un título de vehículo dañado que fue escrito en idioma inglés, la traducción del referido título que fue elaborado solo para exportación, y copia simple de la credencial para votar a su nombre. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor, así se llega a la conclusión que tales documentos carecen de valor para probar que se decomisó el vehículo que indica la promovente. De manera que, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba idónea para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Se desvirtúa la inexistencia alegada del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, en su informe justificado manifestó: (.) se niega el acto toda vez que no existe un procedimiento administrativo en materia aduanera abierto a nombre de la parte quejosa; es decir, obra expediente administrativo en materia aduanera relativo al vehículo marca ******, submarca *******, modelo *******, color *******, sin placas de circulación, con número de serie (.) abierto a nombre de *******, pero sin que obre en las constancias proporcionadas por el área correspondiente acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. (.) De lo anterior, se advierte que la autoridad fiscal ha realizado actos que son de los que, eventualmente, la parte quejosa le atribuye, en la medida que reconoce que tiene a su disposición el vehículo en cita, ello sin que se soslaye que, por el momento, no se ha iniciado el procedimiento administrativa en materia aduanera, pues al estar a su disposición el vehículo en cita, es latente su inicio y materialmente tiene bajo su custodia el referido automotor; por tanto, se desvirtúa la negativa formulada y se tiene por cierta la existencia de los actos de aseguramiento que se le atribuyeron. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página trescientos noventa y uno del Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 211004, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, el que suscribe estima que respecto del aseguramiento del vehículo que la parte quejosa afirma es de su propiedad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, es conveniente señalar que a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro electrónico 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro electrónico 2005381, que establece: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, de abril de 2013, Tomo 3, materia común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama, en lo esencial, el aseguramiento del vehículo de su propiedad, de marca *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, con número de serie, derivado del inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que se tramita en su contra. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la parte quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que la accionante del amparo en este sumario ofertó las documentales que consisten en: a) Certificado de título de vehículo, dañado y escrito en idioma inglés; b) Traducción del referido título; y, c) Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración del que suscribe, con las documentales que exhibió la quejosa no demuestra tener algún interés respecto del automotor marca *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, toda vez que el documento que exhibe se encuentra redactado en un idioma distinto del castellano, y no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico, además, que tampoco se exhibió el correspondiente pedimento de importación que permita establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor. De tal suerte que, si el supuesto título de propiedad elaborado en idioma inglés no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico, además, que tampoco se exhibió el correspondiente pedimento de importación que permita establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no se acredita que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. En suma, dado que los documentos en idioma extranjero deben acompañarse de la apostilla para que tengan validez, al carecer de la misma no se estiman pruebas idóneas y eficaces para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, con registro 200916, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar la confiscación y privación de la posesión del vehículo de su propiedad, de marca *******, modelo *******, color *******, número de serie *******, que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable atinente, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, con registro 187777, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario de amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 302/2019-II, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal, en representación de la autoridad responsable, Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Sentencia Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 302/2019-II, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de abril pasado, ******* solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a las responsables, Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamó el despojo y retención del vehículo automotor que señala es de su propiedad, identificado como *******, modelo *******, color *******, con número de serie *******, la disposición de dicho bien mueble y el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual afirma le pudo haber sido embargado. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo el dos de los actuales y de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Jefe del Departamento Jurídico Fiscal en representación de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, negó la existencia de los actos que se le reclamaron, sin embargo, del contenido de su informe se advierte que efectivamente se encuentra en posesión del automotor marca *******, modelo *******, color *******, con número de serie *******; por tanto, se tienen por ciertos los actos que le reclama el quejoso. TERCERO. Negativa de la medida suspensional solicitada. Resulta improcedente la medida cautelar que pide la parte quejosa, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, dado que el peticionario de amparo no acreditó, ni aun a nivel indiciario, la titularidad del derecho que aduce afectado. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente establecer que de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: a) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; b) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; c) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, d) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. A partir de esa base jurídica, como se adelantó, en el presente caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados que formula la parte quejosa, al no encontrarse acreditado el interés jurídico necesario para su otorgamiento. Esto es así, porque en consideración del que suscribe, con las documentales exhibidas en el cuaderno principal, las cuales se cotejan en este acto, el quejoso no demuestra tener interés jurídico de propiedad o posesión legal respecto del automotor descrito, toda vez que el documento que exhibe se encuentra redactado en otro idioma, distinto del castellano, del cual si bien anexa la traducción relativa, ésta no cuenta con la apostilla necesaria, para poder informarse de su contenido auténtico, ni el correspondiente pedimento de importación que permita establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor, y que no lo anexó a su escrito de demanda. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. En esta tesitura, con tales documentales no se acredita, ni aún a nivel indiciario que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en el Tomo IV, noviembre de 1996, página 431, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. A partir de esas bases, el quejoso ******* no demostró contar con interés presuntivo, que sea susceptible de ser suspendido, con motivo de la ejecución de los actos que reclama como inconstitucionales; de ahí que deba negarse la suspensión definitiva que solicitó, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que cuando se reclama en el juicio de amparo el desposeimiento de un bien, el Juzgador debe partir del supuesto de que los hechos son ciertos; sin embargo, para conceder la suspensión definitiva de un acto de tal naturaleza, es necesario de forma ineludible que la parte quejosa demuestre, al menos indiciariamente, que tal acto le causa agravio, y con ello, cumplir con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo cual no ocurre en el caso, como fue puesto de relieve. Tal razonamiento, fue plasmado en la Jurisprudencia 96/97, que aparece publicada en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En las relacionadas condiciones, al no estar demostrado indiciariamente que la quejosa tenga la propiedad o esté en posesión del vehículo que refiere como de su propiedad y mucho menos su legal estancia en el país, se niega la suspensión definitiva de los actos de desposesión reclamados. Es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 262 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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