Gerardo Fierro Ramírez
Expediente 910/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gerardo Fierro Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ************o que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis ******* en representación de *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro y contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fé Pública, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, a quienes les reclamó: la detención, incomunicación y malos tratos. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se registró con el número *******, se ordenó ratificar la demanda lo que sucedió el veinte de octubre pasado, y el veintiuno de mismo mes y año se admitió la demanda de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La incomunicación, detención y malos tratos que fue objeto el directamente agraviado. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Especializada en Investigación de Delitos con Detenido y Delitos de Peligro contra la paz, la seguridad de las personas y la fe pública y el Coordinador Regional Interino de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al rendir sus respectivos informes de la suspensión de plano manifestaron que no es cierta la incomunicación y malos tratos del directamente agraviado. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Especializada en Investigación de Delitos con Detenido y Delitos de Peligro contra la paz, la seguridad de las personas y la fe pública y el Coordinador Regional Interino de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua manifestaron que es cierta la detención reclamada por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores. Tal existencia se corrobora con las copias certificadas del número único de caso ******* (fojas 17 a 41) que adjuntó la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidades Especializadas en Investigación de Delitos con detenido y Delitos de peligro, contra la paz, la seguridad de las personas y la fe pública. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 73 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Esto es, para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables, la detención de que fue objeto. Sin embargo, las responsables, informaron lo siguiente: .Así mismo, al quejoso se le decreto a su favor la libertad durante la investigación el día 21 de octubre del presente siendo las 19:50 horas. Luego entonces, si el quejoso quedó en libertad el veintiuno de octubre del año en curso, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que existía antes de la detención. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el vincular a las responsables a dejar sin efecto la medida, lo que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de las propias responsables. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número P.CL/97, visible en página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997. Novena Época y que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ******* en representación de *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro y contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fé Pública, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo.Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.ahn
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe que sobre la suspensión de plano rinde la autoridad oficiante, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos con detenido y Delitos de Peligro, contra la paz, la seguridad de las personas y la fe pública (denominación correcta de las señaladas por el quejoso como Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro y contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fé Pública, Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido) y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.ahn
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