Geovanni Brian Garcia Martinez

Expediente 1294/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1294/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • Geovanni Brian Garcia Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 1187.1, 1187.2 y 1187.5, mediante el cual se ordenó notificar el referido auto a las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y 5. Comandante de la Policía de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil dieciséis. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1294/2016-II-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Geovanni Brian García Martínez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Geovanni Brian García Martínez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad responsable ordenadora, los actos reclamados en el presente asunto son: las órdenes aprehensión, reaprehensión y presentación giradas en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros Puebla Aceptó 34 2 Fiscal General del Estado de Puebla Negó 18 3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla Negó 19 4 Comandante de la Policía de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla Negó 39 y 40 Ahora bien, atento a las constancias solicitadas a la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y del informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, se advierte que la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de diecisiete de abril de dos mil trece, librada dentro de la causa penal 188/2011 del índice del juez responsable por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO ya fue materia de análisis dentro de los autos del juicio de amparo 634/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Esto es, la orden de aprehensión librada el diecisiete de abril de dos mil trece en contra del aquí quejoso dentro del proceso penal 188/2011 del índice del juez responsable por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328, 331, 373, 374 fracción III y 380 fracción XI del Código Penal para el Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida se llamó PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y el segundo en agravio de PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ EUROPA, ya fue materia de análisis en otro juicio de amparo, pues mediante interlocutoria de doce de junio de dos mil catorce, dictada por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Civil de Amparo, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (antes Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla), en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 634/2014, se concedió la medida cautelar definitiva, respecto de la orden de aprehensión aludida y su ejecución. Por tanto, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, SE DECLARA SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE INCIDENCIA, pues la misma ya fue materia de análisis en el juicio de garantías precisado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se DECLARA SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por Geovanni Brian García Martínez, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 634/2014 de su índice e informa que se sobreseyó y negó el amparo en dicho expediente; por lo que, vistas las constancias del citado juicio de amparo, se acuerda: En primer término, es conveniente establecer que el aquí quejoso Geovanni Brian García Martínez, mediante escrito recibido en este órgano Federal el ocho de septiembre pasado (fojas 2 a 6) solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros Puebla y otras autoridades; de quienes reclamó lo siguiente: "A).- De la ORDENADORA, reclamo: Primero.- La supuesta orden de detención, aprehensión, reaprehensión y presentación emitida en mi contra al parecer dentro de los autos de la causa penal número 194/2011, radicada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. B).- De la EJECUTORA, señaladas en el inciso B) del título de autoridades responsables le reclamo: el pretender materializar la orden de detención que de manera infundada, ha decretado la autoridad ordenadora responsable en contra del suscrito. ." (foja 3). En tanto que, en el juicio de amparo 634/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Geovanni Brian García Martínez, reclamó la orden de aprehensión dictada el diecisiete de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 188/2011 del índice del Juzgado de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, como probable responsable en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328, 331, 373, 374 fracción III y 380 fracción XI del Código Penal para el Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida se llamó PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y el segundo en agravio de PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ EUROPA, en donde la autoridad federal el veintidós de abril de dos mil quince, determinó sobreseer y negar el amparo solicitado, resolución que el diecinueve de mayo de dos mil quince, causó ejecutoria en virtud de que ninguna de las partes recurrió la sentencia pronunciada. Luego, en el presente juicio de amparo 1294/2016-II-C, el Juez de lo Penal de Izucar de Matamoros, Puebla, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada el diecisiete de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 188/2011 de su índice, en contra de Geovanni Brian García Martínez, como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328, 331, 373, 374 fracción III y 380 fracción XI del Código Penal para el Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida se llamó PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y el segundo en agravio de PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ EUROPA. De ahí que, en relación con al acto reclamado en el presente juicio de garantías 1294/2016-II-C, consistente en la orden de aprehensión librada el diecisiete de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 188/2011 del índice del Juzgado de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328, 331, 373, 374 fracción III y 380 fracción XI del Código Penal para el Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida se llamó PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y el segundo en agravio de PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ EUROPA, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene señalar el contenido de las fracciones X y XI del citado precepto, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" Del contenido de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con el texto de la fracción X del mismo precepto legal, se arriba a la conclusión de que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando en éste se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Así, para que la referida causa de improcedencia se actualice es necesario que en el juicio de amparo que ya está resuelto se haya efectuado un pronunciamiento respecto al fondo de la litis constitucional, o bien, se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo (a manera de ejemplo cuando se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, han cesado sus efectos o ha sido consentido). Como se ve, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo salvaguarda la figura jurídica de cosa juzgada, en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (i) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (ii) garantiza el respeto de la cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En el caso, como ya se indicó en párrafos precedentes el aquí quejoso reclama la orden de aprehensión librada el diecisiete de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 188/2011 del índice del Juzgado de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328, 331, 373, 374 fracción III y 380 fracción XI del Código Penal para el Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida se llamó PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y el segundo en agravio de PABLO ROBERTO RUIZ DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ EUROPA, acto que ya fue materia de ejecutoria en el diverso juicio de amparo 634/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por lo que, ya no puede ser materia de estudio en este juicio de garantías, en respeto al principio de cosa juzgada. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V de la propia legislación, se sobresee fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, consistente en la orden de aprehensión dictada el diecisiete de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 188/2011 de su índice, en contra del aquí quejoso Geovanni Brian García Martínez, por haber sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al 2. Fiscal General del Estado de Puebla, al 3. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Puebla y al 4. Comandante de la Policía de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, pues no se controvierten por vicios propios. No pasa inadvertido para esta resolutora que, durante la tramitación del juicio de amparo no se proveyó sobre el emplazamiento de la parte ofendida en la causa penal de origen, a quien le reviste el carácter de tercera interesada en este sumario; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de la presente sentencia, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa perjuicio alguno. Cobra aplicación la tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, al rendir su informe previo indicó la existencia de diversos juicios de garantías promovidos por el hoy quejoso; por lo que, a efecto de proveer respecto a la suspensión definitiva de la orden de aprehensión reclamada; se provee: Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo solicítese de la manera más atenta a la Jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (incidente de suspensión 634/2014) antes Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla y al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (incidente de suspensión 1730/2012) antes Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, para que de no tener inconveniente legal alguno remitan a este órgano de control constitucional copia certificada de la demanda de garantías, auto por el cual se concede la suspensión provisional solicitada y de la resolución interlocutoria que hayan dictado en los incidentes de suspensión antes citados, lo anterior para estar en aptitud de resolver el presente incidente de suspensión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, SE RESERVA la audiencia incidental señalada para esta fecha y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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