Georgina Merlo Stefanonni

Expediente 1688/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1688/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Georgina Merlo Stefanonni

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Georgina Merlo Stefanoni; y, en atención a su contenido, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que de su recibo otorgue en autos, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; autorizando para recibirlas a las personas que menciona en el escrito que se provee, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día. Por otra parte, téngase por autorizadas en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por haberlo así solicitado en el ocurso de cuenta.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de agosto al ocho de septiembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la parte quejosa como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 103 a 115), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a ******************** para el efecto de que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa A.P. ******************** realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Emita otro acuerdo en el que dé respuesta congruente a lo solicitado por la aquí quejosa, en la comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis; en el entendido que de insistir en mantener el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en ********************deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: I. Explique en forma clara y detallada las razones por las cuales deben subsistir los motivos que dieron origen al aseguramiento decretado en auto de trece de julio de dos mil catorce, así como las razones por las que sigue siendo necesario mantener dicho inmueble asegurado; II. En su caso, exponga cuáles son los requisitos necesarios que tenga que cumplir la promovente del amparo a efecto de que se le haga la devolución del bien inmueble citado. Hecho lo anterior, notifique a la quejosa la determinación que emita." Así, en autos de tres de marzo de dos mil diecisiete (foja 138) y ocho de marzo del mismo año (foja 153), la fiscal responsable remitió copia certificada, vía correo electrónico y vía ordinaria, de diversas constancias emitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa ********************mediante la cual dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, sosteniendo el aseguramiento ministerial del inmueble afecto. Reservándose proveer al respecto hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora, en proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 163 a 166), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable; estableciéndose que si bien, en autos de tres y ocho de marzo del año en curso, se reservó acordar sobre el cumplimiento dado por la fiscal responsable, no había lugar a tenerla desahogando el cumplimiento, en virtud de que el acatamiento de una sentencia de amparo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. Asimismo, se le reiteró que debía dejar sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, así como la diversa de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer su validez en relación con una sentencia que en ese entonces no había adquirido firmeza legal. Sin embargo, mediante oficio UEIDCS/CGC/1161/2017 de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 192 a 199), la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, volvió a remitir a esta autoridad copia certificada del proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete dictado en la averiguación previa ********************mediante la cual dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, sosteniendo el aseguramiento ministerial del inmueble afecto. Y, mediante diverso oficio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGC/05062/2017 de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 216 a 224), la fiscal responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación a la aquí quejosa de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. En relatadas circunstancias, la fiscal responsable omitió cumplir con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que como quedó precisado, se le ordenó dejar sin efectos la resolución originalmente reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, y el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictados en la averiguación previa ********************por las consideraciones antes precisadas, hecho esto, dictará una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, en auto de trece de junio de dos mil diecisiete (fojas 247 a 250), se requirió nuevamente a la fiscal responsable el cumplimiento de la ejecutoria, para lo cual debía dejar sin efectos las resoluciones aludidas, y en su lugar dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Así las cosas, mediante oficio A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, recibido vía correo electrónico (fojas 254 a 283), la fiscal responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, en la citada indagatoria; sin embargo, en auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 284 a 287), no se tuvo a dicha representante social dando cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por lo que se le explicó la parte considerativa de la sentencia que motivó los efectos del fallo concesorio y, nuevamente su cumplimiento; para lo cual debía dejar sin efectos la resolución reclamada, así como las diversas con las que pretendió dar cumplimiento. Así, mediante oficio UEIDCS/CGD/5489/2017 de siete de julio de dos mil diecisiete, recibido vía correo electrónico (fojas 363 a 391), la fiscal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la indagatoria ********************de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, así como las diversas resoluciones de veintisiete de febrero y diecinueve de junio, ambas de dos mil diecisiete con las que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, respondió lo solicitado por la aquí quejosa, en comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, para lo cual sostuvo el aseguramiento ministerial del inmueble afecto ubicado en calle Dieciséis de Septiembre, número veintisiete de la colonia San Rafael Oriente en la ciudad de Puebla, explicando las razones por las cuales considera debe subsistir dicho aseguramiento decretado en auto de trece de julio de dos mil catorce, el por qué sigue siendo necesario mantener el inmueble asegurado y las diligencias pendientes por desahogar sobre el mismo, bajo los siguientes argumentos: "Esta autoridad ministerial considera no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por Georgina Merlo Stefanonni respecto de la procedencia del levantamiento, dejar sin efectos el acuerdo de aseguramiento del trece de julio de dos mil catorce, del inmueble que fue asegurado siendo en calle dieciséis de septiembre número veintisiete de la colonia San Rafal Oriente, Ciudad de Puebla, en Puebla, Puebla, así como la devolución del mismo; atendiendo las siguientes especificaciones señaladas en el fallo protector. Lo anterior en razón que el inmueble de referencia se encuentra relacionado con los hechos que dieron origen a la indagatoria en que se actúa y en atención aún existen líneas de investigación relacionadas con el mismo por las siguientes razones; el catorce de julio de dos mil catorce, se inició la A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 como triplicado de la diversa PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014, misma que dio inicio con la puesta a disposición de GONZALO MARTÍN SOUZA alias "El Uruayo", y JOSÉ BAEHA SALGADO alias "El Chapatin", quienes fueron detenidos en delito flagrante con armas de fuego, narcótico y numerario, y que derivado de esto JOSÉ BAEHA SALGADO alias "El Chapatin" refirió en entrevista ante los elementos aprehensores que en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, sin número, colonia Francisco Villa, Puebla, Puebla, realizaban el ocultamiento de numerario información que se corroboró ya que en ese lugar fueron detenidos GONZALO MARTÍN SOUZA alias "El Uruayo"; derivado de lo anterior el doce de julio de dos mil catorce, se obtuvo orden de cateo 303/2014, del índice del Juzgado Tercero Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, respecto del domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, sin número, colonia Francisco Villa, Puebla, Puebla, mismo que tuvo verificativo el trece de julio de dos mil catorce, durante el desarrollo de la diligencia en el interior del inmueble en comento se recabaron indicios consistentes en una boleta de servicios de agua con el domicilio avenida 16 de septiembre, número 29, fraccionamiento Villa, a nombre de J. De Jesús Jiménez Domínguez con fecha de emisión 02/07/2014, un recibo TELMEX con domicilio avenida 16 de septiembre 27, a nombre de Fabricaciones y Montajes NJ de S.A. DE C.V., con fecha de facturación julio 2014, estado de cuenta Banamex, con domicilio en 16 de septiembre 27 a nombre de Alfonso Romero con resumen de la cuenta del 06-jun-14 al 05-jul-14, un estado de cuenta HSBC a nombre de Jerónimo Enrique Guzmán Pérez, con domicilio 16 de septiembre s/n con fecha de corte 30-abr-14, entre otros documentos, derivado de lo anterior y en atención a las constancias que integraban en ese momento la indagatoria en el acta se ordenó el aseguramiento precautorio del inmueble y el menaje, en continuidad resultó procedente el trece de julio de dos mil catorce decretar el aseguramiento ministerial, esto atendiendo sobre todo a que como se advierte de los citados documentos la diversidad de sujetos ya que todos son de personas distintas y que fueron localizados en el del domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, sin número, colonia Francisco Villa, Puebla, Puebla, del que se aprecia que el inmueble para los efectos legales fue señalado como instrumento del delito, puesto que en él se realizaban conductas penalmente relevantes, relacionadas con delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otras, de lo que se desprende que el aseguramiento ministerial del inmueble de interés se basó no solo en indicios, sino en medios de prueba que acreditan que los indiciados Gonzalo Martín Souza alias "El Uruayo" y José Bahena Salgado alias "El Chapatin", ocupaban el mismo para cometer conductas ilícitas, relacionadas con crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y para cometer delitos contra la salud hechos que se corroboran con información proporcionada por los elementos aprehensores destacamentados en los Estados de Puebla, dentro de la puesta a disposición de fecha diez de julio de dos mil catorce, dado a que informan que al momento de realizar la detención de Gonzalo Martín Souza alias "El Uruayo" y José Behena Salgado alias "El Chapatin", se les aseguraron dos armas largas, droga así como numerario consistente en la cantidad de $279,840.00 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta dólares americanos 00/100), en moneda extranjera, sin perder de vista que al ser entrevistados por los elementos aprehensores José Behena Salgado alias "El Chapatin", refirió que estaba en ese lugar debido a que Gonzalo Martín Souza Nievez alias "El Uruayo", lo emplea para arreglar los compartimentos ocultos a los diversos vehículos que utilizan para el transporte de droga y de numerario, pero que todo lo realizan de acuerdo a las instrucciones del "Uruayo", información que se corroboró con su misma declaración ministerial de José Bahena Salgado alias "El Chapatin", del once de julio de dos mil catorce, en la cual menciona que se encontraba en el domicilio ubicado en calle dieciséis de septiembre sin número en la colonia Francisco Villa, Puebla, Puebla, cuando fue detenido, en donde se realizaba el ocultamiento en compartimientos de autobús de droga y dinero; declaración que se robustece con el informe policial remitido mediante oficio PF/DINV/CITO/DGOT/607/303/2017, de once de julio de dos mil catorce, en el cual elementos aprehensores confirman la existencia y localización del inmueble mencionado por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando fueron detenidos los inculpados Gonzalo Martín Souza Nievez alias "El Uruayo" y José Behena Salgado alias "El Chapatin", siendo éste el ubicado en calle dieciséis de septiembre sin número, colonia Francisco Villa Puebla, Puebla, lo que trajo como consecuencia la autorización de la orden de cateo 303/2014, del índice del Juzgado Tercero Especializado en Cateos, Arraigos e intervención de Comunicaciones, y en consecuencia su aseguramiento por las razones anteriormente expuestas; ahora bien, si bien en cierto como se refiere en comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, y mediante diversas promociones presentadas ante esta autoridad pretende acreditar la propiedad del inmueble ubicado en calle dieciséis de septiembre número veintisiete de la colonia San Rafael, ciudad de Puebla, mediante el instrumento 5965 del volumen LXV, testimonio primero de la escritura de a) declaración de erección, que solicitó el señor Mario Bernardo Salvatorio Galeazzi y b) contrato compra-venta en la que figura como vendedor el señor Mario Bernardo Salvatori Galeazzi y como compradora la señora Georgina Marlo (sic) Stefanonni del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y documental privada consistente en el contrato de arrendamiento en el que figura como arrendadora la C. Georgina Merlo Stefanonni y por la otra parte Raymundo Soberanis Torres como arrendatario, luego entonces, considerando las constancias que hasta el momento integran la indagatoria de mérito y que ya fueron señaladas con anterioridad en este momento no es viable acordar de conformidad lo solicitado por la C. Georgina Merlo Stefanonni, en atención a que dentro de autos del expediente en que se actúa no corre agregado documento público reciente que garantice que a la fecha, o hasta antes del aseguramiento ministerial de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, la C. Georgina Merlo Stefanonni figura como la legitima propietaria del mismo; en atención a que, refiere ser propietaria del inmueble, sin embargo lo arrendado a Raymundo Soberanis Torres, pero se encontró en posesión de Gonzalo Martín Souza alias "El Uruayo", y José Baehena (sic) Salgado alias "El Chapatin", pero en el mismo únicamente se localizó documentación a nombre de Jesús Jiménez Domínguez, Alonso Romer, Jerónimo Enrique Guzmán Pérez y la persona moral Fabricaciones y Montajes NJ de S.A. DE C.V.; y en atención a que no se ha podido obtener por parte del Registro Público de la Propiedad y Comercio en la entidad donde se encuentra el mismo, información relacionada con los antecedentes registrales, lo cual resulta fundamental que corra agregado a la averiguación previa que nos constriñe ya que de lo contrario no se tiene la certeza y seguridad jurídica; de qué ciudadano a la fecha trece de junio de dos mil catorce figuraba como propietario de éste, atendiendo a que el registrador público de la propiedad es la institución encargada de controlar la propiedad inmueble de los particulares y la del gobierno federal, así como aquellos actos legales que los involucran, luego entonces la información que este tenga a bien proporcionar en relación al inmueble de interés, da certeza y seguridad jurídica de quién es el legítimo propietario en la actualidad a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de corroborar quién es el legítimo propietario del bien inmueble afecto a la indagatoria y del cual la C. Georgina Merlo Stefanonni solicita el levantamiento de aseguramiento en atención a que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce mediante oficio SFA-SI-CGRPP-TETELA-2190/2014 la Registradora Pública de la Propiedad en Tetela de Ocampo, Puebla, informó que no se había encontrado propiedad alguna a nombre de diversas personas entre las que figura Georgina Merlo Stefanonni, circunstancia que también aconteció con lo informado mediante oficios SFA-SI-CGRPP-RPP-ZACAPOAXTLA-623/2014 de misma data informado por el Registrador Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla, oficio 839/2014 signado por la Registradora Pública de la Propiedad de Huejotzingo, Puebla, oficio SFA-SI-CGRPP-RPP TEPEACA 669/2014 signado por la Registrado Pública de la Propiedad y del Comercio Judicial de Tepeaca, Puebla; aunado a que el Registrador Público de la Propiedad del Estado de Puebla, como tal aún no ha informado, y con esto podríamos corroborar el dicho de la quejosa; así mismo y considerando como ya se hizo del conocimiento que los hechos que dan origen a la indagatoria que nos ocupa tienen relación directa con el inmueble ubicado en calle dieciséis de septiembre número veintisiete de la colonia San Rafael Oriente, ciudad de Puebla, en tención a que Gonzalo Martín Souza Nieves y José Bahena Salgado y/o José Baena Salgado alias "El Chapatin" fueron detenidos en este cometiendo delito flagrante de contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de custodia, recursos y bienes con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita quedando estos a disposición del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en autos de la causa penal 32/2014, por lo que atendiendo al principio de lealtad resulta necesario a fin de que se desahogue un debido proceso informar al juez de la causa si existe algún impedimento legal para que el bien inmueble antes citado sea devuelto a su legítimo propietario en caso de que así ocurra, por otra parte resulta necesario para la debida integración del expediente y a fin de deslindar de cualquier tipo de responsabilidad a la peticionaria C. Georgina Merlo Stefanonni tenga a bien comparecer ante esta representación social de la federación a fin de que declare en relación a los hechos que se investigan dentro de la indagatoria y su testimonio pudiera ser de utilidad, así mismo, se requiere acredite los recursos con los cuales adquirió el bien inmueble que nos ocupa; de igual forma resulta necesario comparecer a los ahora procesados en la causa penal 32/2014, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Estado de Puebla, a efecto de que declaren en relación al inmueble ubicado en calle dieciséis de septiembre número veintisiete de la colonia San Rafael Oriente, ciudad de Puebla, quien les dio la posesión del mismo a fin de deslindar de responsabilidad a los propietarios y/o propietaria de éste; luego entonces, por las razones antes expuestas ésta autoridad ministerial considera que del contenido del presente acuerdo se da respuesta congruente a lo solicitado por la quejosa, en la comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se especifica en atención a que debe subsistir el aseguramiento del bien, las diligencias pendientes que esta autoridad ministerial tiene pendientes por desahogar, las cuales no son limitativas, en atención a que del resultado de estas pudieren surgir otras." Asimismo, ha de indicarse que en dicha determinación de siete de julio de dos mil diecisiete, la representante social responsable solicitó a esta autoridad federal que en auxilio de sus funciones, se notificara la citada determinación al quejoso; por lo que en auto de once de julio del año en cita se acordó favorable dicha solicitud (foja 392), lo cual aconteció el veintiuno del mismo mes y año en cita (foja 401). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida pues la fiscal responsable en la citada determinación, para mantener el aseguramiento sobre el inmueble afecto, únicamente repite las mismas razones y causas que dieron motivo a su aseguramiento de fecha trece de julio de dos mil catorce, de lo cual ya han pasado treinta y seis meses; aunado a que refiere que dicho inmueble en la época de los hechos se encontraba rentado y en posesión de los delincuentes, sin que la quejosa propietaria del mismo tuviera conocimiento de ello, ni trato con los delincuentes, únicamente era arrendadora del mismo, por lo que dice no ser responsable de ningún delito, por lo que no puede responder de los documentos que se hayan encontrado en el interior del mismo, o de los servicios que se hayan contratado, o si dieron el domicilio para cualquier otro fin. Agrega que si bien, la Agente del Ministerio Público le solicita a la quejosa una serie de documentos para acreditar la propiedad del inmueble afecto, los mismos ya han sido exhibidos en la averiguación previa en la que se encuentra asegurado el mismo. Arguye que, en la anterior determinación de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento la fiscal responsable estableció entre otras cosas, que en el inmueble afecto ya no había diligencias pendientes de desahogar sobre el particular, y que por ello ya no hay razones para que se mantenga el aseguramiento sobre el mismo; además de que los medios de prueba que tenían que desahogarse en el inmueble afecto, ya se llevaron a cabo en el momento del aseguramiento, además de que actualmente el mismo se encuentra sin vigilancia, abierto, abandonado y lo usan los vecinos como basurero, por lo que dice que, actualmente es imposible hallar elementos de prueba. Por lo anterior, solicita a esta autoridad se ordene la liberación del dicho inmueble. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido anteriormente, la fiscal responsable sí da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al proveer respecto de la solicitud realizada por la parte quejosa en comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, respecto de la devolución del inmueble afecto; estableciendo las razones por las cuales considera debe subsistir dicho aseguramiento decretado en auto de trece de julio de dos mil catorce, el por qué sigue siendo necesario mantener el inmueble asegurado y las diligencias pendientes por desahogar sobre el mismo. Aunado a que, en apego al artículo 21 Constitucional, es la Agente del Ministerio Público responsable, la encargada de investigar y desahogar los medios de prueba que considere necesarios para la debida investigación de los hechos materia de estudio en la averiguación previa en cita, para en su momento, poder determinar si ejerce o no la acción penal en dicha indagatoria; y, si en su caso, el inmueble afecto es instrumento o no de delito; de ahí lo infundado de las alegaciones de la quejosa. Además, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió la fiscal responsable, y dichas manifestaciones de la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por la representación social, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y toda vez que en proveídos de once y dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa dichos acuerdos así como la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República, por medio del cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y toda vez que en autos ya obra la constancia de notificación de dichos autos. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano