Georgina Rojas Enzastiga
Expediente 1260/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Georgina Rojas Enzastiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 270), se acordó favorable la devolución de la copia certificada del juicio de amparo 1981/2014 del índice del entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, que la quejosa Georgina Rojas Enzastiga ofreció como prueba (por conducto de su autorizado), mediante escrito presentado en este Juzgado el dos de diciembre de dos mil quince (foja 94), sin que a la fecha haya comparecido a recogerlas. En ese sentido, al ser innecesario conservar dicha documental; como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la documental aludida, apercibida que de no hacerlo ésta podrá ser depurada junto con el expediente principal; la cual le será devuelta, previa identificación y constancia de su entrega.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por José Guadalupe Huerta Morales, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de quejoso mediante el cual desahoga la vista que le fuera dada mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, respecto del cual se proveerá más adelante. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 125 a 131), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para lo siguiente: ".SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Georgina Rojas Enzastiga; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi, Estado de Puebla, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el quince de septiembre de dos mil quince en autos de la causa penal 126/2013, que se instruye en contra de la aquí quejosa y otros por el delito de secuestro; y II. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita una nueva resolución en la que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo subsanar la deficiencia formal advertida en este fallo constitucional. En el entendido de que la concesión del amparo en este juicio, por vicios formales, no produce el efecto de negar la orden de aprehensión solicitada en contra de la quejosa, sino dejar insubsistente el acto reclamado y dictar una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, siempre y cuando se satisfagan los vicios destacados; es decir, de subsanar el juez responsable la violación formal, podrá emitir esa determinación con plenitud de jurisdicción."(foja 130 vuelta). Para una mejor comprensión de los efectos del amparo esta autoridad considera pertinente citar la parte conducente del considerando SEXTO de la mencionada sentencia, que es del tenor siguiente. ".En ese entendido, del análisis de la resolución reclamada (fojas 29 a 53 del juicio de amparo), que fue remitida por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla al rendir su informe justificado, la cual ya fue valorada con antelación, se advierte sólo la firma del Secretario adscrito a ese órgano jurisdiccional, quién dio fe, más no así la correspondiente al Juez de dicho órgano jurisdiccional, ni siquiera algún signo, trazo o escritura de lo que pueda siquiera inferirse tal circunstancia. Se ordena agregar copia certificada de la foja cincuenta y tres del presente juicio de amparo, para los efectos conducentes. Ante tal situación, es inconcuso que la resolución controvertida es violatoria de los derechos de seguridad y legalidad jurídica de la quejosa, toda vez que la ausencia de la firma del juez responsable que autoriza el acto reclamado, o del secretario que autoriza y da fe, produce inexorablemente la ilegalidad de la orden de aprehensión y, por ende, este juzgado federal se encuentra impedido para analizar la cuestión planteada." (foja 129). Mediante proveído de quince de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 203 a 206). Ahora bien, por oficio 1963 de veintiséis de julio de dos mil dieciséis (foja 225), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha (veintiséis de julio de dos mil dieciséis) que pronunció en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de la que se advierte lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución reclamada de quince de septiembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 126/2013 de su índice. 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, libró nuevamente orden de aprehensión contra la aquí quejosa Georgina Rojas Enzastiga, como probable responsable del delito de secuestro. Aunado a lo anterior, el secretario del juzgado certificó que aquélla se encuentra firmada por el juez y secretario del Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla (fojas a 226 a 250). Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio, y con ellas se acreditan los extremos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por lo que hace a las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la resolución pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria amparadora no se ajusta a lo ordenado, pues si bien la responsable dejó sin efectos la orden de captura reclamada, nuevamente libró orden de aprehensión en contra de la amparista como presunta responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, por lo que solicita que esta autoridad determine si se encuentra cumplida o no la ejecutoria indicada. Tales manifestaciones son infundadas, en atención a que según se advierte de la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario constitucional, no se estudió si fue correcto o no que el juez de la causa librara la orden de aprehensión reclamada, ya que al no haber estado firmada dicha determinación por el juez de origen, hizo imposible su estudio.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otro lado, agréguese a los autos el diverso oficio, del Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve el anexo II, toda vez que manifiesta que no remitió dicho anexo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que el anexo II, fue ofrecido por la parte quejosa como prueba, dígasele, que con fundamento en el punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger el anexo II, con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado. Finalmente, téngasele acusando recibo del oficio número 356-III-A-1, mediante el cual se le devolvieron las copias certificadas de la causa penal 126/2013 de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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