Gerardo Albino Dorado

Expediente 644/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Albino Dorado
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, Con Sede En Esta Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos del presente controvertido constitucional, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo2, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ha trascurrido, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente principal, con su respectiva leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la conservación del disco versátil digital (foja 83) que remitió la autoridad responsable Jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zarate Herrera), previa certificación de desglose que se agregue al expediente, devuélvasele el mismo; sin necesidad de acusar recibo, toda vez que la autoridad se encuentra en la circunscripción de este Órgano Jurisdiccional; asimismo, se ordena al actuario judicial correspondiente, asentar el recibo de dicho disco versátil digital. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de ellas desahogara la vista en cita. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. El veintisiete de octubre de dos mil veinte (foja 96 a 110), se dictó sentencia en el presente controvertido constitucional, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Gerardo Albino Dorado, para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a Gerardo Albino Dorado, para el efecto de que la autoridad responsable jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veinticinco y veintinueve de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1604/2020 de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Gerardo Albino Dorado. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esas determinaciones, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que: a) Pedro Ricardo Barrientos Esparragoza, persona que asistió a Gerardo Albino Dorado, como defensor particular en la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que la jueza responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. b) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado contó con una defensa técnica en la audiencia inicial de veinticinco de agosto de dos mil veinte, la jueza responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. c) Acto seguido, la responsable, se cerciorará de que Pedro Ricardo Barrientos Esparragoza, quien asistió a Gerardo Albino Dorado, como su defensor particular en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el aludido defensor haga referencia del número de cédula que lo acredite como profesional y con el cuestionamiento que la jueza de control haga al encargado de sala, sobre si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta y cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa de origen. Y, para el caso de que al momento de dar cumplimiento a este fallo, hubiera sido revocado en su cargo, tal cercioramiento acontecerá con el hecho de que la jueza responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponde con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. d) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la continuación de la audiencia inicial de veintinueve de agosto de dos mil veinte, la jueza responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En la inteligencia de que si no se acredita que la persona que asistió al imputado como defensor particular, ya sea en la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte o en su continuación de veintinueve siguiente, hubiera sido licenciado en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, la jueza responsable deberá, en el caso de que el imputado no cuente con un defensor particular que le asista en la audiencia, designar a uno público, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asiste cuenta con cédula profesional. Y, hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, a partir de la etapa en la que, en su caso, se determine que el imputado no tuvo una defensa técnica por parte de licenciado en derecho, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. En el entendido de que la celebración de la audiencia inicial y su continuación deberá llevarla a cabo la misma jueza de control que celebró las diversas de veinticinco de agosto de dos mil veinte y su continuación de veintinueve siguiente, (Rosalva Elena Zárate Herrera). (.) 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (fojas 126 a 129), se declaró la ejecutoria de dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable Jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a los extremos del fallo protector. Así, el dos de diciembre de dos mil veinte, se recibió en esta potestad federal, el oficio 28179/2020/JC, signado por la mencionada autoridad responsable (foja 151), mediante el cual remitió el disco versátil digital que contiene el registro de audio y vídeo de la audiencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 1604/2020/PUEBLA de su índice (foja 152), en la que afirmó se acataron los lineamientos del fallo amparador pronunciado por la alzada; por lo que se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con dichas documentales, para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. Al respecto, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la jueza responsable (Rosalva Elena Zárate Herrera): En audiencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, declaró abierta la audiencia e individualizó a las partes, teniendo por presente a la representación social, al imputado Gerardo Albino Dorado, y a la defensora pública Ángela Carrillo Pastor, con cédula profesional 2880925. La responsable dijo que ya se habían dejado sin efectos las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veinticinco y veintinueve de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1604/2020 de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Gerardo Albino Dorado. Indicó que previamente se había fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia de reposición del procedimiento. Señaló que Pedro Ricardo Barrientos Esparragoza, no asistió a la audiencia de reposición del procedimiento, por lo que fue necesario que al imputado Gerardo Albino Dorado, lo asistiera una defensora pública; y citó: ".Y, para el caso de que al momento de dar cumplimiento a este fallo, hubiera sido revocado en su cargo, tal cercioramiento acontecerá con el hecho de que la jueza responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponde con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa." Acto seguido cuestionó a la encargada de sala, sobre si verificó que los datos proporcionados por el aludido defensor Pedro Ricardo Barrientos Esparragoza, corresponden con la cédula profesional que detentó, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa, a lo que dicha encargada indicó que sí. De tal suerte que, una vez que a su juicio se cercioró que el imputado contó con una defensa técnica, resolvió en el mismo sentido en el que lo hizo en las audiencias del veinticinco y veintinueve de agosto de dos mil veinte. De lo cual, quedó registro de audio y video, y se hizo llegar a este Juzgado Federal. En consecuencia, de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, quien esto provee, estima que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso, personalmente a los terceros interesados; mediante oficio a las autoridades responsables y tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, con el que en atención al requerimiento de veintitrés de noviembre del año en curso, remite disco versátil digital, que contiene el registro de audio y vídeo de la audiencia celebrada a las diez horas del treinta de noviembre de dos mil veinte, relativa a la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 1604/2020/PUEBLA de su índice, seguida en contra del aquí quejoso; con la que indica se da cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. En ese sentido, guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital, glósese al expediente para los efectos legales a que haya lugar y, con el contenido de las constancias de cuenta, así como con el de las diversas acordadas mediante auto de uno de diciembre pasado, remitidas por la jueza responsable, dese vista a la parte quejosa, a la tercera interesada y a la autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, con el que en atención al requerimiento de veintitrés de noviembre del año en curso, remite disco versátil digital, que contiene el registro de audio y vídeo de la audiencia celebrada a las diez horas del treinta de noviembre de dos mil veinte, relativa a la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 1604/2020/PUEBLA de su índice, seguida en contra del aquí quejoso; con la que indica se da cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. En ese sentido, guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital, glósese al expediente para los efectos legales a que haya lugar y, con el contenido de las constancias de cuenta, así como con el de las diversas acordadas mediante auto de uno de diciembre pasado, remitidas por la jueza responsable, dese vista a la parte quejosa, a la tercera interesada y a la autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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