Genaro Perez Huerta

Expediente 916/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
916/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Genaro Perez Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por medio del cual, remite a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a la diligenciación practicada por el Juzgado Segundo de Distrito de procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el estado de Veracruz, con residencia en Villaldama, en atención al exhorto 246/2022, orden 626/2022, deducido del presente expediente. Al respecto, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, pues mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito de procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el estado de Veracruz, con residencia en Villaldama, devolviendo parcialmente diligenciada dicha comunicación oficial, y se acordó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido -vía interconexión- por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, mediante el cual, solicita a este órgano jurisdiccional informe el número de carpeta de investigación que fue radicada por el agente del Ministerio Público Federal adscrito en razón de la vista con posibles actos de tortura que se le dio en auto de veinticinco de agosto del año en curso. Al respecto, infórmese a la autoridad oficiante que en atención a dicha vista, el fiscal federal de la adscripción giró oficio a ********************, titular del Área de Ventanilla Única de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, para que iniciara la indagatoria correspondiente; sin que obre más información en autos; asimismo, remítase el oficio de referencia, para los efectos legales a los que haya lugar dentro del juicio de amparo ********************, de su índice. Notifíquese por oficio al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 16305/2022 -recibido vía interconexión- signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama; y, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele informando que por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 219/2022-X-B de su índice, dicho órgano jurisdiccional, entre otras determinaciones, aceptó la competencia legal planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 916/2022 de la estadística de este juzgado; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Asimismo, visto el contenido del oficio de cuenta, se ordena remitir al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama: Los informes respectivos a la suspensión de plano decretada por este juzgado el veinticinco de agosto del año en curso, rendidos en acuerdos de veintiséis y treinta de agosto pasados. La constancia relativa al desahogo del requerimiento de ratificación de demanda. De lo anterior, dejando copia de los mismos; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese copia certificada de los telegramas remitidos por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5, en Villa Aldama, Veracruz, a través de los cuales informa lo relativo a la suspensión de plano, para que obren como correspondan; y, se ordena remitir los originales al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que si bien esta autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, lo cierto es, que en el mismo se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, por lo que no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama; y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto, intégrense a los autos los oficios signados por la autoridad señalada como responsable 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social N 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz, por el que informa que acata la suspensión de plano concedida por este órgano de control constitucional al directo quejoso Genaro Pérez Huerta; y refiere que la autoridad 2. Comandante de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social N 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz, no existe, en su organigrama; de lo que esta autoridad queda enterada. Ahora bien, tomando en cuenta que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este juzgado federal se declaró incompetente, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, por razón de territorio; una vez que se conozca la autoridad a quien le corresponda conocer del juicio de amparo, remítansele los oficios de cuenta y el diverso de la autoridad 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de juez de Ejecución, acordado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos, el oficio 15783/2022, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 246/2022 (orden 626/2022), por los motivos que refiere; de lo que se toma conocimiento, y una vez que se conozca la autoridad a quien le corresponda conocer del presente juicio de amparo, remítasele dicha diligencia para que provea lo conducente.Dese de baja el referido exhorto y, háganse las anotacionesen el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de mérito, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) éste se genera de forma automática. Se tiene al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, remitiendo copia de conocimiento respecto a las gestiones realizadas en virtud de la vista que se le dio por los actos de tortura que refirió el promovente de amparo; de lo que esta autoridad queda enterada. Finalmente, agréguense a los autos la razón asentada por la Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente al promovente Lorenzo Pérez Huerta, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el domicilio que señalado en la demanda de amparo, ya que la dirección resultó incompleta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al promovente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el presente acuerdo, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos.NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE LORENZO PÉREZ HUERTA, EL AUTO DE VEINTICICNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES DETERMINACIONES, Y CÚMPLASE.AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2022: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. ..... CUESTIONES PRELIMINARES. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que elpromovente Lorenzo Pérez Huerta, en favor del quejoso directo Genaro Pérez Huerta, reclama los actos siguientes: 2.- ACTO RECLAMADO.- La incomunicación, los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, los palos y golpes de que ha sido objeto y (sic) la omisión de proporcionar de manera inmediata ALIMENTOS, VESTIMENTA (ropa en su totalidad pantalón playera calzado camisas chamarra y todos los utensilios de aseo personal como papel jabón pasta dental cepillo de dientes), AGUA POTABLE, MEDICINAS y TRATAMIENTO MEDICO a la persona privada de su libertad GENARO PEREZ HUERTA. (.)" TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Lorenzo Pérez Huerta, en favor del quejoso directo Genaro Pérez Huerta, contra los actos precisados en líneas precedentes, que atribuyen al: 1. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "CPS-VILLALDAMA" VERACRUZ, 2. COMANDANTE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "CPS-VILLALDAMA" VERACRUZ.; Y, 3. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA CON RESIDENCIA EN PUEBLA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE EJECUCION, EN EL EXPEDIENTE SEMC 544/2019. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, el promovente manifestó que "desde la semana pasada" el directo quejoso Genaro Pérez Huerta fue torturado y golpeado dentro del centro de reclusión donde se encuentra actualmente privado de su libertad, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "CPS-Villa Aldama", Veracruz; por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Las anteriores manifestaciones a criterio del suscrito juez de Distrito, pueden constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese vista a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente, e informe el seguimiento de la investigación respectiva. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.10 De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. 11 SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. I. ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y TORTURA DEL DIRECTO QUEJOSO FUERA DE PROCEDIMIENTO. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, malos tratos y tortura de que es objeto el quejoso directo para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir que el quejoso directo tenga comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. II. NEGATIVA DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA. Ahora bien, atento a que el promovente manifiesta que el directo quejoso Genaro Huerta Pérez fue golpeado, solicita se de fe del estado físico del mismo, pues no se le ha dado la atención médica por las lesiones que se le hubieran ocasionado, con fundamento en el precitado artículo se concede la suspensión de plano para el efecto de que se le proporcione de manera urgente la atención médica que requiera, así como los tratamientos y medicamentos necesarios para el estado de salud que actualmente guarde, pues de no concederse, se causarían al quejoso daños de difícil reparación. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Es decir, que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. El contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado el Alto Tribunal de la Nación, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Así se observa de los siguientes ordenamientos, a saber: El artículo 25 párrafo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos12, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y otros instrumentos internacionales13 . Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Esto es, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos14 y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas15, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que, el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Estado, a través de los órganos de supervisión o ejecución que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente. III. NEGATIVA DE PROPORCIONAR ALIMENTOS, VESTIMENTA Y AGUA POTABLE. En virtud de que el promovente señala que por la golpiza que recibió Genaro Pérez Huerta necesita alimentos, vestimenta y agua potable dentro del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido, lo que se traduce en un trato infame y tormentoso, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de dichos actos reclamados o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo; para lo cual, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan -de manera enunciativa, mas no limitativa, remitir copia certificada de las bitácoras donde se advierta que se le han proporcionado los alimentos tres veces al día-, así como que se la ha proporcionado vestimenta necesaria y agua potable. En el entendido que la autoridad responsable deberá permitir al quejoso directo Genaro Pérez Huerta recibir alimentos, vestimenta necesaria y agua por parte de familiares o personas que lo visiten, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. Asimismo, deberá informar si las medidas adoptadas -no permitir que sus familiares le proporcionen alimentos, vestido y agua- se debe a alguna condición de internamiento o, en su caso, en cumplimiento a las medidas adoptadas en dicho centro penitenciario para algún fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Finalmente, se comunica a las autoridades responsables que la licenciada Aída Araceli Ramírez Lozano, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2224692894 y correo electrónico aidavictoria24@gmail.com, para recibir el informe requerido. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 16 "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO...... Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- ...."COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO". En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso Genaro Pérez Huerta, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "CPS-Villa Aldama", Veracruz; por lo que, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que éstos se ejecutan, tratan de ejecutarse o se ejecutarán en aquel Centro Penitenciario. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que los actos controvertidos no se ejecutan, tratan de ejecutar, ni se ejecutarán en el Estado de Puebla. Aunado a ello, debe precisarse que, en la demanda de amparo, se señalaron como autoridades responsables al 1. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "CPS-VILLALDAMA" VERACRUZ Y 2. COMANDANTE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "CPS-VILLALDAMA" VERACRUZ. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado de Distrito en en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo que dio origen a este juicio y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; hecho lo cual, se solicita respetuosamente al Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Édgar Santos Neri Martínez, designado(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciadas en derecho o abogado(s). Y, por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al resto de las personas, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. NOTIFICACIÓN AL DIRECTO QUEJOSO Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "CPS-Villa Aldama", Veracruz, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. --. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica , de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. ..... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DIRECTO EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUÍDO -VÍA EXHORTO-; ASÍ COMO AL PROMOVENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS;; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO; ASÍ COMO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

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