Gabriela Cebada Jacobo

Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
75/2023
Año
2023
Actuaciones
29
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Cebada Jacobo
  • Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 75/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintiocho de febrero y trece de marzo, ambas de dos mil veintitrés (fojas 63-65 y 90-92 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente único de suspensión relativo a este asunto se advierte que la parte quejosa exhibió un billete de depósito, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, dando cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito N941284, por la cantidad de $3, 112.00 (tres mil ciento doce pesos 00/100 m.n.) mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el aquí quejoso. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarará prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintiocho de febrero y trece de marzo, ambas de dos mil veintitrés (fojas 63-65 y 90-92 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente único de suspensión relativo a este asunto se advierte que la parte quejosa exhibió un billete de depósito, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, dando cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito N941284, por la cantidad de $3, 112.00 (tres mil ciento doce pesos 00/100 m.n.) mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el aquí quejoso. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarará prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 7477 de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con esta audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que las partes no ofrecieron pruebas. Se acuerda: No existiendo pruebas que relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, el Secretario da cuenta con los alegatos formulados en autos por la quejosa, y hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en el citado numeral, se tienen por reproducidas las manifestaciones del quejoso, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las demás partes no formularon manifestaciones en esta vía, se declara cerrada la presente etapa. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 75/2023, promovido por GABRIELA CEBADA JACOBO. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el siete de febrero de dos mil veintitrés, y turnado a este Juzgado en ese mismo día, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos de las siguientes autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial 41 NIEGA 2. Director del Centro de Readaptación Social "Morelos" 43 NIEGA 3. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan 37 NIEGA COSAMALOAPAN, VERACRUZ 4. Fiscal General del Estado de Veracruz 49-50 NIEGA 5. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz 28 NIEGA 6. Director General de la Policía Ministerial 31 NIEGA XALAPA, VERACRUZ 7. Director del Centro de Readaptación Social "Zamora" 54 NIEGA SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ 8. Juez Primero de Primera Instancia 34 NIEGA MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ 9. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial en Veracruz (Centro Integral de Justicia Veracruz Centro) 25 NIEGA 10. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial en Veracruz (Centro Integral de Justicia Veracruz Norte) 25 NIEGA 11. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz 22 NIEGA Veracruz, Veracruz De quienes reclama los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete a la Fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que inciden en el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso, impugnables en amparo indirecto. La materia, pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de Control Constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, en razón que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia: la orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia, así como su ejecución. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del cuadro de reseña de autoridades responsables localizado en el resultando primero de esta resolución, se advierte que las autoridades señaladas con los números arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GABRIELA CEBADA JACOBO, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del 6. Director General de la Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, mediante el cual rinde informe previo; en atención a su contenido, sin mayor trámite, en virtud de que por auto de ocho de marzo de la presente anualidad, se proveyó lo conducente al informe que en términos análogos rindió previamente mediante telegrama con registro 3583. Notifíquese en términos de ley.

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