Gabriela Cayetano Arres

Expediente 462/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
462/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Cayetano Arres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente asunto, y por otra parte se negó el amparo y protección de la justicia federal a Gabriela Cayetano Arres por propio derecho y en representación del menor con identidad reservada a través de las iniciales M.D.R.C. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida para en su lugar en la materia de la revisión conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Gabriela Cayetano Arres en representación del menor con iniciales M.D.R.C., para los efectos siguientes: ".1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, dicte otra, en la que por un lado, reitere insertando en su integridad, la parte que no fue materia de estudio en esta ejecutoria. 3. Por otro lado partiendo de las siguientes premisas: Al resolver la reclamación, no es dable tomar en cuenta circunstancias respecto de las cuales la autoridad responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, como lo son que el menor se encuentra dado de alta ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que por su edad no se encuentra en etapa escolar. Lo relativo en tanto el menor ingrese a alguna de las instituciones escolares con las que la fuente laboral del demandado tiene convenio no erogará gastos, se trata de un situación futura e incierta, la cual no debe tomarse en cuenta para regraduar la pensión alimenticia provisional, dado que al resolver la reclamación deben atenderse las circunstancias actuales imperantes al momento en que se resuelve dicho recurso. Además de que se limita el derecho del menor a elegir la opción educativa que más le convenga, pues se encuentra sujeto a optar sólo respecto a las instituciones educativas con las que la fuente laboral del demando tiene convenio. La base sobre la que ha de calcularse el monto de la pensión alimenticia decretada comprende todos los ingresos que obtenga el deudor, salvo aquellas deducciones de tipo legal que correspondan, no así aquellos descuentos derivados por adquisición de préstamos personales. No procede reducir una pensión alimenticia bajo el argumento de que al vivir separado el hombre del hogar conyugal genera mayores gastos, pues constituye un estereotipo de género. Del hecho que se acreditara que el tercero interesado se sometió a una intervención quirúrgica, no se desprende que sus ingresos disminuyeran; aunado a que en caso de enfermedad tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sus haberes hasta por seis meses. No se acreditó que la progenitora del tercero interesado fuera su acreedora alimentaria; y aun en la hipótesis de que dicha circunstancia se demostrara, no es razón suficiente para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional decretada, pues corresponde ponderar si ello incide o no en la capacidad para ministrar alimentos por parte del deudor. No procede la reducción de la pensión alimenticia bajo el argumento de que a la progenitora del menor también le corresponde la obligación de ministrarle alimentos, dado que no fue parte demandada. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponde respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor 4. Atendiendo a que los sobrehaberes no son equiparables a los viáticos, sino que se trata de una percepción extraordinaria que los militares perciben adicional a su haber diario por estar asignados a una zona cara o lugar insalubre; establezca que los descuentos han de practicarse al demandado tanto de su haber como sus sobrehaberes." Posteriormente, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Seguidamente, por auto de seis de abril del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1516 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós. Ahora, de la citada resolución de aprecia que el Juez responsable ordenó insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario Daniel Ramírez Gómez, bajo las consideraciones del Tribunal de alzada. En ese sentido, se aprecia que determinó declarar procedente el recurso de planteado por el aquí tercero interesado, declarando la reducción de la pensión alimenticia provisional fijada en el 30% treinta por ciento para en su lugar decretar el 25% (veinticinco por ciento) respecto del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado. Lo anterior, al analizar y valorar los agravios esgrimidos por el demandado que en lo conducente se citan: Las deudas contraídas a raíz del nacimiento del infante, con empresas crediticias. Las necesidades propias del deudor al vivir separado del infante, así como su situación economía real, la cual asciende mensualmente a $3,524.87 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 87/100 M.N). La lesión que sufrió en la parte superior del hombro izquierdo repercutiendo en su trabajo y su economía. Los alimentos que provee a su señora madre María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien al quedar viuda quedó al cuidado del deudor, padeciendo varias enfermedades que le imposibilitan trabajar y allegarse de alimentos necesarios. El descuento realizado sobre la prestación del sueldo sobrehaber, la cual es otorgada por concepto de viático, cuyo ingreso no entra directamente al patrimonio. Asimismo, valoró el material probatorio ofertado por el demandado, así como las placas fotográficas, otorgándoles valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 261 fracción II, IV, 266, 327 del Código Adjetivo Civil, al no ser objetadas por la parte contrataría en el desahogo de vista. En ese orden de ideas el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se pronunció respecto a los agravios vertidos por el demandado, respecto a cada punto en debate, destacando lo siguiente: Por lo que respecta al que menor no se encuentra en edad escolar, y en caso futuro cuenta con diversas instituciones educativas que le brindaran asistencia educativa, derivado de los convenios realizados con el centro de trabajo del aquí tercero interesado, resultó limitar su libertad de decisión de considerar la que mejor le convenga, destacando que no es factible considerar tal circunstancia para la graduación del porcentaje. Ahora respecto a las deudas con las que cuenta el demandado con diversas instituciones crediticias, incluyendo su fuente laboral, en donde Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(BANJERCITO) le descuenta el préstamo adquirido, no son de tomar en consideración para la disminución de la pensión, toda vez que la posibilidad de allegarse de alimentos se forma con el activo patrimonial y con el propio ingreso que obtiene, por lo que las deducciones que en ese sentido le vienen aplicando forman parte de su activo patrimonial y por ende están inmersas en las posibilidades económica del demandado, quien en forma voluntaria permite se deduzcan transitoriamente en sus percepciones. Igualmente, respecto a la intervención quirúrgica con la cual se encontró en rehabilitación por cuatro meses, derivado de la lesión sufrida en la parte superior del hombro izquierdo, lo que de modo alguno repercutido en su economía al encontrarse imposibilitado para laborar por unos días, destaco que tomando en consideración que, en caso de enfermedad, tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sueldo hasta por seis meses, de lo que se infiere que pudo solicitar dicha prestación a su fuente de ingresos a fin de no afectar su economía. Asimismo, respecto al cuidado que tiene a su cargo sobre su progenitora, María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien dado su estado de viudez, provee alimentos y procura su atención medica al padecer diversas enfermedades que la imposibilitan trabajar y allegarse de sustento propio, destacó que tal situación no es suficiente para regraduar el monto alimentario, al resultar ser un apoyo que proporciona de manera voluntaria, lo cual si bien incide en su capacidad económica, no puede considerarse que sea de manera grave, al resultar una aportación de manera voluntaria y no judicial. Por otra parte, respecto de las manifestaciones que no fueron tema de estudio respecto a la pensión provisional, pues únicamente se decretó el pago de alimentos a favor del menor de identidad M.D.R.C., no para la madre por propio derecho, dejando claro que dicha situación no forma parte de litis. En ese mismo sentido, analizó el desahogo de vista de la aquí quejosa, en donde se duele del porcentaje decretado en auto de inicio vulnerando el interés superior del menor y el derecho de la misma a recibir alimentos al no ser tomada en cuenta, insistiendo que deberá revocarse el auto de inicio a fin de fijar una pensión alimenticia a su favor, sin embargo, al no combatir en forma oportuna y a través del medio idóneo, precluyó su derecho para combatir el auto de radicación, el cual quedo firme para todos sus efectos legales procedentes. Ahora, respecto al agravio encaminado al desgaste que percibe respecto del sueldo sobrehaber, que es otorgado por concepto de viáticos, cuyo ingreso no entra directamente a su patrimonio, determinó que dicha prestación no es equiparable a los viáticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 143 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Programación Hacendaria, sino que se trata de una cantidad de manera extraordinaria, que los militares perciben de manera adicional a su haber o sueldo neto diario, por lo que si forma parte de su activo patrimonial y por tanto, es susceptible de descuento alimentario. Ahora bien, respecto a los gastos que el propio demandado tiene que erogar para satisfacer sus propias necesidades, determinó que estilan alrededor de dos mil a tres mil pesos, según se desprende de los tickets de compra exhibidos al cumulo de pruebas, que apenas alcanza a cubrir con el monto que resta a su salario y por ende su capacidad económica se ve afectada al no contar con el mínimo vital, debiendo tomarse en cuenta para el descuento alimentario. En las relatadas consideraciones, el Juez responsable determinó proceder la reducción de la pensión alimenticia 30% (treinta por ciento) para en su lugar decretar 25% (veinticinco por ciento) a favor del menor de identidad reservada M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, respecto del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor de su fuente de trabajo, tomando como base para dicha reducción la totalidad de las percepciones que el demandado obtiene luego de la aplicación de las deducciones de carácter de legal. En ese sentido los efectos los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo al actuar del Juez responsable al momento de resolver el recurso ordinario dentro del expediente 1133/2018/I de su índice, toda vez dejó insubsistente la resolución reclamada, y dictó otra con libertad de jurisdicción, respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor, reiterando por un lado la parte de la ejecutoria que no fue materia de estudio. Asimismo, bajo las premisas citadas por el Tribunal de Alzada, procedió a resolver, destacando que no era factible reducir la pensión alimenticia bajo determinadas circunstancias, las cuales la responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, y se citaron en el cuerpo de la citada determinación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente asunto, y por otra parte se negó el amparo y protección de la justicia federal a Gabriela Cayetano Arres por propio derecho y en representación del menor con identidad reservada a través de las iniciales M.D.R.C. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida para en su lugar en la materia de la revisión conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Gabriela Cayetano Arres en representación del menor con iniciales M.D.R.C., para los efectos siguientes: ".1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, dicte otra, en la que por un lado, reitere insertando en su integridad, la parte que no fue materia de estudio en esta ejecutoria. 3. Por otro lado partiendo de las siguientes premisas: Al resolver la reclamación, no es dable tomar en cuenta circunstancias respecto de las cuales la autoridad responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, como lo son que el menor se encuentra dado de alta ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que por su edad no se encuentra en etapa escolar. Lo relativo en tanto el menor ingrese a alguna de las instituciones escolares con las que la fuente laboral del demandado tiene convenio no erogará gastos, se trata de un situación futura e incierta, la cual no debe tomarse en cuenta para regraduar la pensión alimenticia provisional, dado que al resolver la reclamación deben atenderse las circunstancias actuales imperantes al momento en que se resuelve dicho recurso. Además de que se limita el derecho del menor a elegir la opción educativa que más le convenga, pues se encuentra sujeto a optar sólo respecto a las instituciones educativas con las que la fuente laboral del demando tiene convenio. La base sobre la que ha de calcularse el monto de la pensión alimenticia decretada comprende todos los ingresos que obtenga el deudor, salvo aquellas deducciones de tipo legal que correspondan, no así aquellos descuentos derivados por adquisición de préstamos personales. No procede reducir una pensión alimenticia bajo el argumento de que al vivir separado el hombre del hogar conyugal genera mayores gastos, pues constituye un estereotipo de género. Del hecho que se acreditara que el tercero interesado se sometió a una intervención quirúrgica, no se desprende que sus ingresos disminuyeran; aunado a que en caso de enfermedad tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sus haberes hasta por seis meses. No se acreditó que la progenitora del tercero interesado fuera su acreedora alimentaria; y aun en la hipótesis de que dicha circunstancia se demostrara, no es razón suficiente para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional decretada, pues corresponde ponderar si ello incide o no en la capacidad para ministrar alimentos por parte del deudor. No procede la reducción de la pensión alimenticia bajo el argumento de que a la progenitora del menor también le corresponde la obligación de ministrarle alimentos, dado que no fue parte demandada. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponde respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor 4. Atendiendo a que los sobrehaberes no son equiparables a los viáticos, sino que se trata de una percepción extraordinaria que los militares perciben adicional a su haber diario por estar asignados a una zona cara o lugar insalubre; establezca que los descuentos han de practicarse al demandado tanto de su haber como sus sobrehaberes." Posteriormente, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Seguidamente, por auto de seis de abril del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1516 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós. Ahora, de la citada resolución de aprecia que el Juez responsable ordenó insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario Daniel Ramírez Gómez, bajo las consideraciones del Tribunal de alzada. En ese sentido, se aprecia que determinó declarar procedente el recurso de planteado por el aquí tercero interesado, declarando la reducción de la pensión alimenticia provisional fijada en el 30% treinta por ciento para en su lugar decretar el 25% (veinticinco por ciento) respecto del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado. Lo anterior, al analizar y valorar los agravios esgrimidos por el demandado que en lo conducente se citan: Las deudas contraídas a raíz del nacimiento del infante, con empresas crediticias. Las necesidades propias del deudor al vivir separado del infante, así como su situación economía real, la cual asciende mensualmente a $3,524.87 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 87/100 M.N). La lesión que sufrió en la parte superior del hombro izquierdo repercutiendo en su trabajo y su economía. Los alimentos que provee a su señora madre María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien al quedar viuda quedó al cuidado del deudor, padeciendo varias enfermedades que le imposibilitan trabajar y allegarse de alimentos necesarios. El descuento realizado sobre la prestación del sueldo sobrehaber, la cual es otorgada por concepto de viático, cuyo ingreso no entra directamente al patrimonio. Asimismo, valoró el material probatorio ofertado por el demandado, así como las placas fotográficas, otorgándoles valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 261 fracción II, IV, 266, 327 del Código Adjetivo Civil, al no ser objetadas por la parte contrataría en el desahogo de vista. En ese orden de ideas el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se pronunció respecto a los agravios vertidos por el demandado, respecto a cada punto en debate, destacando lo siguiente: Por lo que respecta al que menor no se encuentra en edad escolar, y en caso futuro cuenta con diversas instituciones educativas que le brindaran asistencia educativa, derivado de los convenios realizados con el centro de trabajo del aquí tercero interesado, resultó limitar su libertad de decisión de considerar la que mejor le convenga, destacando que no es factible considerar tal circunstancia para la graduación del porcentaje. Ahora respecto a las deudas con las que cuenta el demandado con diversas instituciones crediticias, incluyendo su fuente laboral, en donde Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(BANJERCITO) le descuenta el préstamo adquirido, no son de tomar en consideración para la disminución de la pensión, toda vez que la posibilidad de allegarse de alimentos se forma con el activo patrimonial y con el propio ingreso que obtiene, por lo que las deducciones que en ese sentido le vienen aplicando forman parte de su activo patrimonial y por ende están inmersas en las posibilidades económica del demandado, quien en forma voluntaria permite se deduzcan transitoriamente en sus percepciones. Igualmente, respecto a la intervención quirúrgica con la cual se encontró en rehabilitación por cuatro meses, derivado de la lesión sufrida en la parte superior del hombro izquierdo, lo que de modo alguno repercutido en su economía al encontrarse imposibilitado para laborar por unos días, destaco que tomando en consideración que, en caso de enfermedad, tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sueldo hasta por seis meses, de lo que se infiere que pudo solicitar dicha prestación a su fuente de ingresos a fin de no afectar su economía. Asimismo, respecto al cuidado que tiene a su cargo sobre su progenitora, María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien dado su estado de viudez, provee alimentos y procura su atención medica al padecer diversas enfermedades que la imposibilitan trabajar y allegarse de sustento propio, destacó que tal situación no es suficiente para regraduar el monto alimentario, al resultar ser un apoyo que proporciona de manera voluntaria, lo cual si bien incide en su capacidad económica, no puede considerarse que sea de manera grave, al resultar una aportación de manera voluntaria y no judicial. Por otra parte, respecto de las manifestaciones que no fueron tema de estudio respecto a la pensión provisional, pues únicamente se decretó el pago de alimentos a favor del menor de identidad M.D.R.C., no para la madre por propio derecho, dejando claro que dicha situación no forma parte de litis. En ese mismo sentido, analizó el desahogo de vista de la aquí quejosa, en donde se duele del porcentaje decretado en auto de inicio vulnerando el interés superior del menor y el derecho de la misma a recibir alimentos al no ser tomada en cuenta, insistiendo que deberá revocarse el auto de inicio a fin de fijar una pensión alimenticia a su favor, sin embargo, al no combatir en forma oportuna y a través del medio idóneo, precluyó su derecho para combatir el auto de radicación, el cual quedo firme para todos sus efectos legales procedentes. Ahora, respecto al agravio encaminado al desgaste que percibe respecto del sueldo sobrehaber, que es otorgado por concepto de viáticos, cuyo ingreso no entra directamente a su patrimonio, determinó que dicha prestación no es equiparable a los viáticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 143 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Programación Hacendaria, sino que se trata de una cantidad de manera extraordinaria, que los militares perciben de manera adicional a su haber o sueldo neto diario, por lo que si forma parte de su activo patrimonial y por tanto, es susceptible de descuento alimentario. Ahora bien, respecto a los gastos que el propio demandado tiene que erogar para satisfacer sus propias necesidades, determinó que estilan alrededor de dos mil a tres mil pesos, según se desprende de los tickets de compra exhibidos al cumulo de pruebas, que apenas alcanza a cubrir con el monto que resta a su salario y por ende su capacidad económica se ve afectada al no contar con el mínimo vital, debiendo tomarse en cuenta para el descuento alimentario. En las relatadas consideraciones, el Juez responsable determinó proceder la reducción de la pensión alimenticia 30% (treinta por ciento) para en su lugar decretar 25% (veinticinco por ciento) a favor del menor de identidad reservada M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, respecto del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor de su fuente de trabajo, tomando como base para dicha reducción la totalidad de las percepciones que el demandado obtiene luego de la aplicación de las deducciones de carácter de legal. En ese sentido los efectos los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo al actuar del Juez responsable al momento de resolver el recurso ordinario dentro del expediente 1133/2018/I de su índice, toda vez dejó insubsistente la resolución reclamada, y dictó otra con libertad de jurisdicción, respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor, reiterando por un lado la parte de la ejecutoria que no fue materia de estudio. Asimismo, bajo las premisas citadas por el Tribunal de Alzada, procedió a resolver, destacando que no era factible reducir la pensión alimenticia bajo determinadas circunstancias, las cuales la responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, y se citaron en el cuerpo de la citada determinación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 462/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente asunto, y por otra parte se negó el amparo y protección de la justicia federal a Gabriela Cayetano Arres por propio derecho y en representación del menor con identidad reservada a través de las iniciales M.D.R.C. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida para en su lugar en la materia de la revisión conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Gabriela Cayetano Arres en representación del menor con iniciales M.D.R.C., para los efectos siguientes: ".1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, dicte otra, en la que por un lado, reitere insertando en su integridad, la parte que no fue materia de estudio en esta ejecutoria. 3. Por otro lado partiendo de las siguientes premisas: Al resolver la reclamación, no es dable tomar en cuenta circunstancias respecto de las cuales la autoridad responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, como lo son que el menor se encuentra dado de alta ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que por su edad no se encuentra en etapa escolar. Lo relativo en tanto el menor ingrese a alguna de las instituciones escolares con las que la fuente laboral del demandado tiene convenio no erogará gastos, se trata de un situación futura e incierta, la cual no debe tomarse en cuenta para regraduar la pensión alimenticia provisional, dado que al resolver la reclamación deben atenderse las circunstancias actuales imperantes al momento en que se resuelve dicho recurso. Además de que se limita el derecho del menor a elegir la opción educativa que más le convenga, pues se encuentra sujeto a optar sólo respecto a las instituciones educativas con las que la fuente laboral del demando tiene convenio. La base sobre la que ha de calcularse el monto de la pensión alimenticia decretada comprende todos los ingresos que obtenga el deudor, salvo aquellas deducciones de tipo legal que correspondan, no así aquellos descuentos derivados por adquisición de préstamos personales. No procede reducir una pensión alimenticia bajo el argumento de que al vivir separado el hombre del hogar conyugal genera mayores gastos, pues constituye un estereotipo de género. Del hecho que se acreditara que el tercero interesado se sometió a una intervención quirúrgica, no se desprende que sus ingresos disminuyeran; aunado a que en caso de enfermedad tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sus haberes hasta por seis meses. No se acreditó que la progenitora del tercero interesado fuera su acreedora alimentaria; y aun en la hipótesis de que dicha circunstancia se demostrara, no es razón suficiente para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional decretada, pues corresponde ponderar si ello incide o no en la capacidad para ministrar alimentos por parte del deudor. No procede la reducción de la pensión alimenticia bajo el argumento de que a la progenitora del menor también le corresponde la obligación de ministrarle alimentos, dado que no fue parte demandada. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponde respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor 4. Atendiendo a que los sobrehaberes no son equiparables a los viáticos, sino que se trata de una percepción extraordinaria que los militares perciben adicional a su haber diario por estar asignados a una zona cara o lugar insalubre; establezca que los descuentos han de practicarse al demandado tanto de su haber como sus sobrehaberes." Posteriormente, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Seguidamente, por auto de seis de abril del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1516 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós. Ahora, de la citada resolución de aprecia que el Juez responsable ordenó insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario Daniel Ramírez Gómez, bajo las consideraciones del Tribunal de alzada. En ese sentido, se aprecia que determinó declarar procedente el recurso de planteado por el aquí tercero interesado, declarando la reducción de la pensión alimenticia provisional fijada en el 30% treinta por ciento para en su lugar decretar el 25% (veinticinco por ciento) respecto del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado. Lo anterior, al analizar y valorar los agravios esgrimidos por el demandado que en lo conducente se citan: Las deudas contraídas a raíz del nacimiento del infante, con empresas crediticias. Las necesidades propias del deudor al vivir separado del infante, así como su situación economía real, la cual asciende mensualmente a $3,524.87 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 87/100 M.N). La lesión que sufrió en la parte superior del hombro izquierdo repercutiendo en su trabajo y su economía. Los alimentos que provee a su señora madre María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien al quedar viuda quedó al cuidado del deudor, padeciendo varias enfermedades que le imposibilitan trabajar y allegarse de alimentos necesarios. El descuento realizado sobre la prestación del sueldo sobrehaber, la cual es otorgada por concepto de viático, cuyo ingreso no entra directamente al patrimonio. Asimismo, valoró el material probatorio ofertado por el demandado, así como las placas fotográficas, otorgándoles valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 261 fracción II, IV, 266, 327 del Código Adjetivo Civil, al no ser objetadas por la parte contrataría en el desahogo de vista. En ese orden de ideas el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se pronunció respecto a los agravios vertidos por el demandado, respecto a cada punto en debate, destacando lo siguiente: Por lo que respecta al que menor no se encuentra en edad escolar, y en caso futuro cuenta con diversas instituciones educativas que le brindaran asistencia educativa, derivado de los convenios realizados con el centro de trabajo del aquí tercero interesado, resultó limitar su libertad de decisión de considerar la que mejor le convenga, destacando que no es factible considerar tal circunstancia para la graduación del porcentaje. Ahora respecto a las deudas con las que cuenta el demandado con diversas instituciones crediticias, incluyendo su fuente laboral, en donde Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(BANJERCITO) le descuenta el préstamo adquirido, no son de tomar en consideración para la disminución de la pensión, toda vez que la posibilidad de allegarse de alimentos se forma con el activo patrimonial y con el propio ingreso que obtiene, por lo que las deducciones que en ese sentido le vienen aplicando forman parte de su activo patrimonial y por ende están inmersas en las posibilidades económica del demandado, quien en forma voluntaria permite se deduzcan transitoriamente en sus percepciones. Igualmente, respecto a la intervención quirúrgica con la cual se encontró en rehabilitación por cuatro meses, derivado de la lesión sufrida en la parte superior del hombro izquierdo, lo que de modo alguno repercutido en su economía al encontrarse imposibilitado para laborar por unos días, destaco que tomando en consideración que, en caso de enfermedad, tiene derecho a solicitar licencia ordinaria con goce de sueldo hasta por seis meses, de lo que se infiere que pudo solicitar dicha prestación a su fuente de ingresos a fin de no afectar su economía. Asimismo, respecto al cuidado que tiene a su cargo sobre su progenitora, María de las Nieves Gómez Zúñiga, quien dado su estado de viudez, provee alimentos y procura su atención medica al padecer diversas enfermedades que la imposibilitan trabajar y allegarse de sustento propio, destacó que tal situación no es suficiente para regraduar el monto alimentario, al resultar ser un apoyo que proporciona de manera voluntaria, lo cual si bien incide en su capacidad económica, no puede considerarse que sea de manera grave, al resultar una aportación de manera voluntaria y no judicial. Por otra parte, respecto de las manifestaciones que no fueron tema de estudio respecto a la pensión provisional, pues únicamente se decretó el pago de alimentos a favor del menor de identidad M.D.R.C., no para la madre por propio derecho, dejando claro que dicha situación no forma parte de litis. En ese mismo sentido, analizó el desahogo de vista de la aquí quejosa, en donde se duele del porcentaje decretado en auto de inicio vulnerando el interés superior del menor y el derecho de la misma a recibir alimentos al no ser tomada en cuenta, insistiendo que deberá revocarse el auto de inicio a fin de fijar una pensión alimenticia a su favor, sin embargo, al no combatir en forma oportuna y a través del medio idóneo, precluyó su derecho para combatir el auto de radicación, el cual quedo firme para todos sus efectos legales procedentes. Ahora, respecto al agravio encaminado al desgaste que percibe respecto del sueldo sobrehaber, que es otorgado por concepto de viáticos, cuyo ingreso no entra directamente a su patrimonio, determinó que dicha prestación no es equiparable a los viáticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 143 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Programación Hacendaria, sino que se trata de una cantidad de manera extraordinaria, que los militares perciben de manera adicional a su haber o sueldo neto diario, por lo que si forma parte de su activo patrimonial y por tanto, es susceptible de descuento alimentario. Ahora bien, respecto a los gastos que el propio demandado tiene que erogar para satisfacer sus propias necesidades, determinó que estilan alrededor de dos mil a tres mil pesos, según se desprende de los tickets de compra exhibidos al cumulo de pruebas, que apenas alcanza a cubrir con el monto que resta a su salario y por ende su capacidad económica se ve afectada al no contar con el mínimo vital, debiendo tomarse en cuenta para el descuento alimentario. En las relatadas consideraciones, el Juez responsable determinó proceder la reducción de la pensión alimenticia 30% (treinta por ciento) para en su lugar decretar 25% (veinticinco por ciento) a favor del menor de identidad reservada M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, respecto del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor de su fuente de trabajo, tomando como base para dicha reducción la totalidad de las percepciones que el demandado obtiene luego de la aplicación de las deducciones de carácter de legal. En ese sentido los efectos los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo al actuar del Juez responsable al momento de resolver el recurso ordinario dentro del expediente 1133/2018/I de su índice, toda vez dejó insubsistente la resolución reclamada, y dictó otra con libertad de jurisdicción, respecto al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor, reiterando por un lado la parte de la ejecutoria que no fue materia de estudio. Asimismo, bajo las premisas citadas por el Tribunal de Alzada, procedió a resolver, destacando que no era factible reducir la pensión alimenticia bajo determinadas circunstancias, las cuales la responsable tenía conocimiento desde que fijó la pensión alimenticia provisional, y se citaron en el cuerpo de la citada determinación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado Daniel Ramírez Gómez, el proveído de seis de abril de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias con las cuales considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada con el oficio de cuenta y anexo, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

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