Gabriela Leti Alfonso Talavera

Expediente 1217/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1217/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Leti Alfonso Talavera

Actuaciones

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte promovente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Jaime Alfaro López, Gabriela Leti Alfonso Talavera, Wendy Luz Araño Aguirre y Sonia Serrano Aguirre, contra actos de la 1. Comisión Reguladora de Energía, en la Ciudad de México, 2. CFE Distribución y 3. CFE Suministro de Servicios Básicos, Zona Veracruz, ambos en Veracruz, Veracruz; en primer término, fórmese expediente, regístrese bajo el número 1217/2023, y acuérdese lo conducente. PREVENCIÓN Ahora, los dispositivos 114 y 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y, en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendría por no presentada. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados: ". I.- COMO ACTO DESTACADO LA INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, LA ILEGALIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO. II.- LA RESOLUCION REGULADORA DE ENERGIA POR LA QUE APRUEBA EL MODELO DE CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MODALIDAD DE POSPAGO PRESENTADO POR LA CE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO PUBLICA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON NUMERO. RES/262/2021. III.- MODIFICACION DEL CONTRATO ADHESIVO ENTRE LAS PARTES. IV.- LA INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVECIONALIDAD DE LOS REGLAMENTOS LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO EMITIDA POR LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y LA RESOLUCION REGULADORA DE ENERGIA POR LA QUE APRUEBA EL MODELO DE CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MODALIDAD DE POSPAGO PRESENTADO POR LA FE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO PUBLICA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON NUMERO. RES/262/2021. V.- EN VIA DE CONSECUENCIA, EL AJUSTE DE CONSUMO EN RESPECTIVO CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES DE VERIFICACIÓN E INSPECION AL INSTRUMENTO ELECTRICO Y LA NULIDAD DE LA SUPUESTA MULTA POR LA ILEGALIDAD DE CONSUMO DE ENERGIA Y LA REISTALACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO SUSPENDIDO Y POR ULTIMO, EL AJUSTE POR LA CANTIDAD DE $183.523.00PESOS POR SUPUESTOS CONSUMOS ILICITO." [sic] Luego, como antecedentes, la parte quejosa narra -bajo protesta de decir verdad- lo siguiente: ". Que los aquí quejosos compartimos un mismo interés bajo la misma circunstancia siendo el caso de cada uno de los recurrentes las respectivas sanciones que enseguida se enunciaran: C. JAIME ALFARO LOPEZ: El día lunes 2 de noviembre del cursante año, fui notificado de la sanción interpuesta por la división comercial oriente zona comercial Veracruz, CFE DISTRIBUCION relativa a la inspección realiza al instrumento de energía de mi domicilio particular ubicado en calle 1° de Mayo de la colonia centro de la ciudad de Veracruz, en fecha 26 de septiembre del presente antaño, siendo así que acudo a las instalaciones de la CFE ubicadas en calle 20 de noviembre de la colonia centro de la ciudad de Veracruz, ver., a fin de solucionar y verificar que en dicha fecha nos fue supuesto trabajadores de la CFE. Al domicilio que indican pues esto es que el suscrito se encontraba en dicho lugar pues cabe indicar que soy una persona de la tercera edad con problemas médicos como la Hipertensión y diabetes que al día de hoy se ve mermada la salud del quejoso mismo que trasciende a la posibilidad de estar fuera de mi hogar e incluso a salir a compra lo básico para el hogar como la comida del día a día, siendo dichos actos hechos por una nieta que me apoya y cuida en las tardes cuando sale de su centro educativo razones que se dinero a fin que se derogará la sanción por consumo ilegal sin que esto haya sido posible, concluyendo la persona que me atendió que la forma para el restablecimiento del servicio era pagando el ajuste total del servicio y sin beneficio a diferir o disminuir el cobro de sanción impuesta pues no hay ya beneficio hasta el mes de enero del año próximo. Ahora bien, resulta importante traer a contexto que lo anterior haya acudido a las oficinas el día 26 de octubre del año en curso día que haya ido personal de la comisión de electricidad a ponerme en manifiesto la multa que en consecuencia se encontraría suspendido dicho servicio por las anomalías que indica el documento que me hicieron entrega en ese momento, poniendo así en manifiesto e indudable la violación a lo que dispone el artículo 1, 14, 16, 17 y 20 constitucional siendo este el ejercicio al derecho a la legítima defensa y a los principios generales del derechos civiles u catalogado como un derecho humano, derecho a los servicios básicos considerados entre otros el suministro al servicio básico de energía eléctrica también considerado un derecho humano. 2.- Por otra parte, de dicho ajuste realizado 26 de abril 2022 al 26 de septiembre del cursante año, y según lo que dispone el artículo 161 al 171 de la ley del servicio básico de energía eléctrica dispone y regula las sanciones y la operación para su en los casos de supuestos consumos por alteración, modificación al instrumento de medición, siendo así, que aun haciendo la operación matemática aritmética no resulta ser dicha cantidad que me es señala para pagar y ser de esta forma pronta la reinstalación del servicio. Sin que sea óbice, que no haya llegado notificación a las personas que se pudieron ir al lugar para dicha inspección donde se pudiera tener conocimiento la recurrente sobre el supuesto cobro por multa y menos aún la supuesta verificación." [sic] Al respecto, es de destacar el punto IV del capítulo de actos reclamados, en el que la parte quejosa señala lo siguiente: ". IV.- LA INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVECIONALIDAD DE LOS REGLAMENTOS LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO EMITIDA POR LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y LA RESOLUCION REGULADORA DE ENERGIA POR LA QUE APRUEBA EL MODELO DE CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MODALIDAD DE POSPAGO PRESENTADO POR LA FE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO PUBLICA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON NUMERO. RES/262/2021." Señalando como conceptos de violación afectaciones genéricas a los preceptos 1°, 4°, 14, 16, 17, 19, 20, 27 y 127 Constitucionales; y aludiendo a diversos Reglamentos de la Industria Eléctrica. En virtud de lo anterior, se impone prevenir a cada uno de los peticionarios de amparo, para que dentro del improrrogable plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: PRIMERO. Deberán aclarar además del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, que otros "REGLAMENTOS" derivados de cuál ley reclaman en esta vía constitucional, ya que hace un señalamiento en forma plural de "los Reglamentos" sin precisar a cuáles más hacen referencia, siendo igualmente omisos, en indicar a qué autoridad o autoridades atribuye los actos legislativos reclamados, que menciona en el punto precedente, dado que no señaló ninguna autoridad con esas facultades; y si su reclamo es por vicios propios. SEGUNDO. Precisen con claridad si el Reglamento o los Reglamentos reclamados, los combate en su carácter de autoaplicativos o heteroaplicativos; en el caso de ser el segundo de los supuestos citados, deberá señalar específicamente cuál es el primer acto de aplicación de dicha norma, así como la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. Como punto de partida debe decirse que si bien el Máximo Tribunal del País ha establecido que en la redacción de los conceptos de violación o agravios basta con expresar la causa de pedir, no menos es verdad que el Alto Tribunal también precisó que dicho criterio sólo tiende a facilitar el acceso a la justicia y evitar que los motivos de inconformidad se redacten bajo cierto formulismo, empero, no significa que los recurrentes se limiten a verter meras afirmaciones sin sustento ni fundamento. Conviene destacar que la causa de pedir, enfocada al derecho procesal, es el fundamento o la razón en la que el demandante apoya su concreta petición de tutela jurídica, misma que se define como conjunto de hechos, que puestos en relación con determinada norma, otorgan al actor el derecho subjetivo en el que basa su pretensión; de este modo, la causa de pedir se conforma de un elemento fáctico, que no es otra cosa que el supuesto de hecho concreto y, otro normativo, compuesto por el fundamento y el punto de vista jurídico o razonamiento de por qué aquél debe adecuarse a la norma. De ahí que, para proceder al estudio de los hechos -en asuntos de estricto derecho como el presente-, como causa de pedir, debe exigirse que, como requisito mínimo, se exprese un hecho concreto y el razonamiento con el que se explique por qué considera procedente su pretensión. La anterior conclusión, es acorde con lo que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo en el sentido de que el hecho de que el Pleno del propio Alto Tribunal estableciera que para proceder al estudio de los conceptos de violación o de los agravios, bastaba con que en ellos se expresara la causa de pedir, sólo fue con la intención de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Como se ve, conforme a lo apuntado, un razonamiento jurídico, presupone la necesidad de explicar, por qué o cómo el actuar de su contraparte se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, así como la propuesta de solución o conclusión obtenida de la conexión entre aquéllas premisas (hecho y fundamento). Apoya lo anterior, en lo conducente, la siguiente tesis de jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Los conceptos de violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento, esto es, la precisión de o las partes del acto reclamado contra las que se dirigen; las disposiciones o principios jurídicos que se estiman contravenidos, y los elementos suficientes para demostrar racionalmente la infracción alegada. Sin embargo, con el ánimo de optimizar el goce del derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en otros países como la garantía de acceso efectivo a la justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con la inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, aunada a la manifestación, sencilla y natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de garantías, desde su punto de vista y mediante el uso de lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se había llegado, que sólo los abogados con suficiente experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer, con la consecuencia, no intencional pero real, de alejar cada vez más a la generalidad de la población de la posibilidad de obtener la protección de la justicia, a través de la apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la legislación ni la jurisprudencia se han orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, sino que prevalece una carga procesal mínima para el agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa petendi de su solicitud de amparo y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. En consecuencia, cuando los peticionarios de la protección constitucional no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse inoperante." Así, si la parte interesada expresa con claridad el hecho en que sustenta su pretensión y aporta los argumentos necesarios para demostrar su derecho; el error en que incurriría al clasificar jurídicamente su acción debe ser reparado por el juez en aplicación del principio general del derecho que reza: "el tribunal es el que conoce el derecho". No obstante ello, si en sus conceptos de violación sólo cita los preceptos constitucionales que estima vulnerados sin expresar razonamiento alguno tendente a evidenciar cómo la emisión o aplicación de cada uno de los preceptos que destaca como reclamados los trasgreden, es inconcuso que en ellos no existe la más elemental causa de pedir. Cabe señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el derecho de acceso a la impartición de justicia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales y formalidades indispensables para que los tribunales estén en aptitud de entrar al fondo de las cuestiones planteadas, tales como la oportunidad en la presentación de los medios de defensa y la expresión por lo menos de la causa de pedir, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. El citado criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". En la inteligencia de que, además deberá acompañar las copias necesarias de su escrito de aclaración para correr traslado a las partes, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del arábigo 114, de la Ley de Amparo; significándole que si con el propósito de obtener una ventaja procesal afirma hechos falsos, se le impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 261, fracción I de la citada ley. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el escrito de demanda, puesto que no acreditaron la calidad de licenciados en Derecho, previa búsqueda de su cedula profesional a través del portal en línea del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario ********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, como lo solicita en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Ahora bien, en relación al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue presentado físicamente, y a que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al efecto permita que las notificaciones le sean practicadas por la vía electrónica. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

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