Gabriela Cayetano Arres

Expediente 960/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 54 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
960/2018
Año
2018
Actuaciones
54
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Cayetano Arres
  • Daniel Ramírez Gómez
  • Juez Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la Gabriela Cayetano Arres por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada, en su doble carácter de quejosa y tercero interesada, el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que en su parte sustancial dice: Agréguese a los autos el escrito signado por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado en este juicio, recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene interponiendo recurso de inconformidad en contra del proveído que declaró que el fallo protector quedó cumplido. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201, facción I, y 203, todos de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente, así como el original y copia del escrito que se provee, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que lo turne al tribunal que corresponda; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia de las principales constancias de este expediente.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 960/2018, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede y, del estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, lo que realizó Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado mediante escrito recibido en línea el cinco de julio del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de junio dos mil veintiuno, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, se declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el diecisiete marzo de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio promovido por Gabriela Cayetano Arres, por propio derecho y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al menor quejoso de identidad reservada de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, así como al quejoso Daniel Ramírez Gómez, para los efectos siguientes: 1). Que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, deje sin efecto la resolución reclamada dictada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 1133/2018 de su índice, así como el auto de aclaración de diecisiete de enero de dos mil diecinueve; y, 2). En su lugar, emita otra en la cual subsane las violaciones formales señaladas; fundamente y motive sus consideraciones; y con plenitud de jurisdicción, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, emita la resolución que conforme a derecho corresponda. Para lo cual deberá analizar la totalidad del material probatorio aportado por las partes a efecto de que, con plenitud de jurisdicción en cuanto al fondo, resuelva sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor del menor quejoso, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades del menor acreedor, así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Posteriormente, mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por otra parte, seguida la secuela procesa mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida en su totalidad la sentencia protectora, sin excesos ni defectos; inconforme con dicha determinación Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, promovió recurso de inconformidad, el cual por cuestión de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Xalapa, Veracruz. Asimismo, en sesión de sesión ordinaria virtual celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada fundado el citado recurso. Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para efecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos expuestos en la resolución de inconformidad dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en Xalapa, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, al obrar en autos telegrama remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informando que ordenó dejar sin efectos el auto de seis de octubre de dos mil veinte. Seguidamente, se recibió el oficio 1457 signado por el Juez responsable, al cual anexó copia certificada de la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, resolviendo el recurso de reclamación interpuesto por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, en autos del Juicio Ordinario Civil 1133/2018/I. De la citada resolución se aprecia que el Juez responsable, ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil dieciocho, así como el auto aclaratorio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dejando sin efectos las subsecuentes actuaciones de veintiuno de septiembre y seis de octubre ambas de dos mil veinte. Ahora del estudio de la resolución en comento se desprende que el juzgador, determinó declarar procedente el recurso de reclamación interpuesto por Daniel Ramírez Gómez, asimismo, redujo el treinta por ciento (30%) de la pensión alimenticia provisional, para en su lugar decretar el veinticinco por ciento (25%) a favor del menor de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, sin que resulte procedente aplicar el descuento antes señalado por concepto de sobrehaber. Lo anterior, bajo las siguiente consideraciones, en primer grado atendió el parentesco consanguíneo acreditado con la copia de credencial del instituto de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y valorada en términos de los numerales 653, 671 del Código Civil, 210, 261, fracción IV y 262 del Código Procesal de la materia, justificando el parentesco y por tanto la relación filial que une al menor con el demandado. Seguidamente procedió al análisis de los agravios vertidos por el quejoso en su doble carácter. Primer agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: El cumplimiento que ha desarrollado con sus obligaciones de proveer alimentos para su menor hijo conforme a las posibilidades del mismo, lo cual en su caso deberá ser considerado para efecto de reducir el porcentaje decretado de manera provisional, así como el estudio del principio de proporcionalidad en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, con el hecho de considerar sus necesidades al vivir en diverso domicilio en el cual se encuentra el infante, situación que no había sido tomada en consideración. Consistente en la lesión del hombre izquierdo sometido a cirugía con el cual estuvo cuatro meses en rehabilitación sin poder mantenerse activo en sus actividades laborales. Contribuye al cuidado de su progenitora María de las Nieves Gómez Zúñiga, contribuyendo mensualmente $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) a (1,500.00 mil quinientos pesos 00/100 M.N). Segundo agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: Al violentar el principio de equidad, así como la obligación de proveer alimentos en términos de lo estipulado en el artículo 234 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Veracruz, sin pasar por alto el hecho de los ingresos en la cuenta número 10119150502 de la Institución BanCoppel Sociedad Anónima. Lo relativo a demostrar la existencia de concubinato, sin dejar de considerar que en el año dos mil dieciséis, el reclamante radicó en Tuxpan, Veracruz, y en el año dos mil diecisiete, en Tlaxcala, Ciudad de México. El acuerdo verbal entre el reclamante Daniel Ramírez Gómez y Gabriela Cayetano Arres, en el cual determinaron el monto de contribución de parte del reclamante para sufragar los gastos del infante. Tercer agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: Violación al artículo °5 Constitucional, así como el agravio al ordenar el descuento de la pensión alimenticia con todas las percepciones, en el cual se encuentra afectado el sueldo denominado "sobrehacer" que equivale a conceptos de viáticos para lugares donde preste servicios. A lo anterior el Juez responsable, determinó girar el oficio correspondiente para efectos de aplicar el únicamente el descuento de pensión sobre sueldo haber y no sobre el sueldo sobrehaber. Seguidamente el Juez responsable, citó las pruebas (documentales públicas, privadas y placas fotográficas) ofrecidas por el deudor alimentario, identificadas y relacionadas con los agravios citados anteriormente; las cuales fueron valoradas en términos de los artículos 261 fracción II y IV, 266 y 327 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Veracruz. Acto seguido puntualizó y analizó los agravios citados en párrafos que anteceden, dejando en claro el interés superior de menor respecto a la existencia de la necesidad de la medida decretada, así como con el hecho de cumplir con la obligación alimentaria en las mediadas de sus posibilidades económicas aunado que debe cubrir sus propios gastos de alimentos. Asimismo, destacó la circunstancia de la obligación alimentaria no puede quedar únicamente a la voluntad del que debe proporcionarlos, toda vez que al ser los alimentos de orden público es necesario fijar un porcentaje o cantidad equitativa para tener certeza jurídica respecto a su cumplimiento oportuno. Igualmente, como hecho notorio manifestó que al no quedar de manifiesto que ambos combatientes viven en el mismo domicilio resultó que el deudor debe sufragar sus necesidades alimentarias. Ahora como punto de partida para efectos de modificar la pensión provisional, el Juez de origen argumentó que el infante involucrado al ser derechohabiente cuenta con asistencia médica, medicina y hospitalaria, en caso de necesitar dichos servicios, máxime que en caso de erogar gastos por dicho concepto, la propia institución contempla un mecanismo para el reembolso de dichos gastos. De la misma manera a fin de modificar la pensión provisional analizó los gastos sufragados con concepto de educación, ya que si bien es cierto el menor no se encuentra en edad escolar, lo cierto es que la fuente de trabajo del deudor alimentario cuenta con diversas instituciones educativas con las que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) tiene convenio, por lo que, dicho concepto se actualizara hasta que el menor alcance la edad escolar. Por otra parte, planteó que se han realizado diversas entregas de dinero, así como varios depósitos bancarios a favor de la actora, según se advierte de los recibos firmados, las fichas de depósito a nombre de Gabriela Cayetano Arres, ante BanCoppel desprendiéndose del original de consulta de movimientos de la cuenta 10119150502, a nombre de la referida actora y emitido por la citada institución; los cuales realizó el deudor alimentario durante el mes de marzo de dos mil dieciocho. De la misma manera manifestó el hecho de sufragar gastos de su progenitora, al dejar demostrado diversos depósitos, así como el hecho de estar dada de alta como derechohabiente ante el Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) de ahí que cuenta con diversa acreedora alimentaria situación que merma su economía. Acto seguido, procedió al estudio del desahogo de la vista de la actora donde se duele del treinta por ciento (30%) concedido provisionalmente al vulnerar el interés superior del menor y el derecho de la citada a recibir alimentos, al manifestar que el juzgador no estar obligado a recabar medios probatorios que demuestren el estado de necesidad. Seguidamente al analizar el agravio vertido sobre el principio de equidad que establece el artículo 234 del Código Adjetivo Civil, argumenta el inconforme, la actora debe contribuir con el rubro de alimentos para el menor, por lo que asistió la razón al referido, tomando en consideración que la actora cuenta con veintinueve años de edad, tiene estudios profesionales, no se advierte que padezca alguna enfermedad que comprometa su salud, a decir se encuentra preparada profesionalmente para lograr su incorporación a la vida laboral y poder coadyuvar con las necesidades alimentarias de su menor hijo. En seguida al analizar el tercer agravio del multicitado quejoso, relativo al descuento de la pensión alimenticia con todas las percepciones, en el cual se encuentra afectado el sueldo denominado "Sobrehacer" que equivale a conceptos de viáticos para lugares donde preste servicios, el Juez responsable concedió la razón determinando que no era procedente aplicar el descuento alimentario al citado rubro. Bajo dichas circunstancias el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con plenitud de jurisdicción determinó regraduar la medida provisional, del treinta por ciento (30%), para en su lugar decretar el veinticinco por ciento (25%) a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres. Lo anterior, al tratarse de un solo infante quien cuenta con servicio médico proveniente de la fuente de ingresos de su progenitor y dado que no se encuentra cursando estudios, prestación que también se encuentra a su alcance, así como la circunstancia de que el demando cuenta con haberes económicos provenientes de préstamos que merman sus ingresos, aunado a lo anterior también cuenta con la carga alimentaria de su progenitora. Asimismo, recae la carga alimentaria sobre la actora, una vez que se acredite que cuenta con capacidad económica para ello, al no encontrarse eximida de dicha obligación, dada su edad y su preparación académica, así como el hecho de no advertirse que tenga alguna enfermedad que merme su salud e imposibilite su capacidad para desempeñar alguna actividad laboral. En tales condiciones, se concluye que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, consideró el total de material probatorio ofertado por las partes, incluyendo los movimientos de la cuenta a nombre de Gabriela Cayetano Arres, ante BanCoppel del original de consulta de movimientos de la cuenta 10119150502, los agravios citados en el cuerpo del presente proveído, relacionándolas con las necesidades del menor acreedor, así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil. Sin que pase inadvertido las manifestaciones vertidas por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, recibido en línea al resultar las mimas encaminadas a resolver el presente asunto en los términos del artículo 196 de la ley de amparo, lo cual acontece en el cuerpo de la citada determinación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    V. Con ésta fecha se notifica a Gabriela Cayetano Arres por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada, en su doble carácter de quejosa y tercero interesada, y a Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de tercero interesado y quejoso, respectivamente, el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: En atención a la certificación que antecede y, del estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, lo que realizó Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado mediante escrito recibido en línea el cinco de julio del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de junio dos mil veintiuno, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, se declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el diecisiete marzo de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio promovido por Gabriela Cayetano Arres, por propio derecho y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al menor quejoso de identidad reservada de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, así como al quejoso Daniel Ramírez Gómez, para los efectos siguientes: 1). Que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, deje sin efecto la resolución reclamada dictada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 1133/2018 de su índice, así como el auto de aclaración de diecisiete de enero de dos mil diecinueve; y, 2). En su lugar, emita otra en la cual subsane las violaciones formales señaladas; fundamente y motive sus consideraciones; y con plenitud de jurisdicción, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, emita la resolución que conforme a derecho corresponda. Para lo cual deberá analizar la totalidad del material probatorio aportado por las partes a efecto de que, con plenitud de jurisdicción en cuanto al fondo, resuelva sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor del menor quejoso, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades del menor acreedor, así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Posteriormente, mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por otra parte, seguida la secuela procesa mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida en su totalidad la sentencia protectora, sin excesos ni defectos; inconforme con dicha determinación Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, promovió recurso de inconformidad, el cual por cuestión de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Xalapa, Veracruz. Asimismo, en sesión de sesión ordinaria virtual celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada fundado el citado recurso. Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para efecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos expuestos en la resolución de inconformidad dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en Xalapa, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, al obrar en autos telegrama remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informando que ordenó dejar sin efectos el auto de seis de octubre de dos mil veinte. Seguidamente, se recibió el oficio 1457 signado por el Juez responsable, al cual anexó copia certificada de la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, resolviendo el recurso de reclamación interpuesto por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, en autos del Juicio Ordinario Civil 1133/2018/I. De la citada resolución se aprecia que el Juez responsable, ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil dieciocho, así como el auto aclaratorio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dejando sin efectos las subsecuentes actuaciones de veintiuno de septiembre y seis de octubre ambas de dos mil veinte. Ahora del estudio de la resolución en comento se desprende que el juzgador, determinó declarar procedente el recurso de reclamación interpuesto por Daniel Ramírez Gómez, asimismo, redujo el treinta por ciento (30%) de la pensión alimenticia provisional, para en su lugar decretar el veinticinco por ciento (25%) a favor del menor de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres, sin que resulte procedente aplicar el descuento antes señalado por concepto de sobrehaber. Lo anterior, bajo las siguiente consideraciones, en primer grado atendió el parentesco consanguíneo acreditado con la copia de credencial del instituto de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y valorada en términos de los numerales 653, 671 del Código Civil, 210, 261, fracción IV y 262 del Código Procesal de la materia, justificando el parentesco y por tanto la relación filial que une al menor con el demandado. Seguidamente procedió al análisis de los agravios vertidos por el quejoso en su doble carácter. Primer agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: El cumplimiento que ha desarrollado con sus obligaciones de proveer alimentos para su menor hijo conforme a las posibilidades del mismo, lo cual en su caso deberá ser considerado para efecto de reducir el porcentaje decretado de manera provisional, así como el estudio del principio de proporcionalidad en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, con el hecho de considerar sus necesidades al vivir en diverso domicilio en el cual se encuentra el infante, situación que no había sido tomada en consideración. Consistente en la lesión del hombre izquierdo sometido a cirugía con el cual estuvo cuatro meses en rehabilitación sin poder mantenerse activo en sus actividades laborales. Contribuye al cuidado de su progenitora María de las Nieves Gómez Zúñiga, contribuyendo mensualmente $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) a (1,500.00 mil quinientos pesos 00/100 M.N). Segundo agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: Al violentar el principio de equidad, así como la obligación de proveer alimentos en términos de lo estipulado en el artículo 234 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Veracruz, sin pasar por alto el hecho de los ingresos en la cuenta número 10119150502 de la Institución BanCoppel Sociedad Anónima. Lo relativo a demostrar la existencia de concubinato, sin dejar de considerar que en el año dos mil dieciséis, el reclamante radicó en Tuxpan, Veracruz, y en el año dos mil diecisiete, en Tlaxcala, Ciudad de México. El acuerdo verbal entre el reclamante Daniel Ramírez Gómez y Gabriela Cayetano Arres, en el cual determinaron el monto de contribución de parte del reclamante para sufragar los gastos del infante. Tercer agravio consistente en las siguientes aseveraciones del reclamante: Violación al artículo °5 Constitucional, así como el agravio al ordenar el descuento de la pensión alimenticia con todas las percepciones, en el cual se encuentra afectado el sueldo denominado "sobrehacer" que equivale a conceptos de viáticos para lugares donde preste servicios. A lo anterior el Juez responsable, determinó girar el oficio correspondiente para efectos de aplicar el únicamente el descuento de pensión sobre sueldo haber y no sobre el sueldo sobrehaber. Seguidamente el Juez responsable, citó las pruebas (documentales públicas, privadas y placas fotográficas) ofrecidas por el deudor alimentario, identificadas y relacionadas con los agravios citados anteriormente; las cuales fueron valoradas en términos de los artículos 261 fracción II y IV, 266 y 327 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Veracruz. Acto seguido puntualizó y analizó los agravios citados en párrafos que anteceden, dejando en claro el interés superior de menor respecto a la existencia de la necesidad de la medida decretada, así como con el hecho de cumplir con la obligación alimentaria en las mediadas de sus posibilidades económicas aunado que debe cubrir sus propios gastos de alimentos. Asimismo, destacó la circunstancia de la obligación alimentaria no puede quedar únicamente a la voluntad del que debe proporcionarlos, toda vez que al ser los alimentos de orden público es necesario fijar un porcentaje o cantidad equitativa para tener certeza jurídica respecto a su cumplimiento oportuno. Igualmente, como hecho notorio manifestó que al no quedar de manifiesto que ambos combatientes viven en el mismo domicilio resultó que el deudor debe sufragar sus necesidades alimentarias. Ahora como punto de partida para efectos de modificar la pensión provisional, el Juez de origen argumentó que el infante involucrado al ser derechohabiente cuenta con asistencia médica, medicina y hospitalaria, en caso de necesitar dichos servicios, máxime que en caso de erogar gastos por dicho concepto, la propia institución contempla un mecanismo para el reembolso de dichos gastos. De la misma manera a fin de modificar la pensión provisional analizó los gastos sufragados con concepto de educación, ya que si bien es cierto el menor no se encuentra en edad escolar, lo cierto es que la fuente de trabajo del deudor alimentario cuenta con diversas instituciones educativas con las que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) tiene convenio, por lo que, dicho concepto se actualizara hasta que el menor alcance la edad escolar. Por otra parte, planteó que se han realizado diversas entregas de dinero, así como varios depósitos bancarios a favor de la actora, según se advierte de los recibos firmados, las fichas de depósito a nombre de Gabriela Cayetano Arres, ante BanCoppel desprendiéndose del original de consulta de movimientos de la cuenta 10119150502, a nombre de la referida actora y emitido por la citada institución; los cuales realizó el deudor alimentario durante el mes de marzo de dos mil dieciocho. De la misma manera manifestó el hecho de sufragar gastos de su progenitora, al dejar demostrado diversos depósitos, así como el hecho de estar dada de alta como derechohabiente ante el Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) de ahí que cuenta con diversa acreedora alimentaria situación que merma su economía. Acto seguido, procedió al estudio del desahogo de la vista de la actora donde se duele del treinta por ciento (30%) concedido provisionalmente al vulnerar el interés superior del menor y el derecho de la citada a recibir alimentos, al manifestar que el juzgador no estar obligado a recabar medios probatorios que demuestren el estado de necesidad. Seguidamente al analizar el agravio vertido sobre el principio de equidad que establece el artículo 234 del Código Adjetivo Civil, argumenta el inconforme, la actora debe contribuir con el rubro de alimentos para el menor, por lo que asistió la razón al referido, tomando en consideración que la actora cuenta con veintinueve años de edad, tiene estudios profesionales, no se advierte que padezca alguna enfermedad que comprometa su salud, a decir se encuentra preparada profesionalmente para lograr su incorporación a la vida laboral y poder coadyuvar con las necesidades alimentarias de su menor hijo. En seguida al analizar el tercer agravio del multicitado quejoso, relativo al descuento de la pensión alimenticia con todas las percepciones, en el cual se encuentra afectado el sueldo denominado "Sobrehacer" que equivale a conceptos de viáticos para lugares donde preste servicios, el Juez responsable concedió la razón determinando que no era procedente aplicar el descuento alimentario al citado rubro. Bajo dichas circunstancias el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con plenitud de jurisdicción determinó regraduar la medida provisional, del treinta por ciento (30%), para en su lugar decretar el veinticinco por ciento (25%) a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales M.D.R.C., representado por su progenitora Gabriela Cayetano Arres. Lo anterior, al tratarse de un solo infante quien cuenta con servicio médico proveniente de la fuente de ingresos de su progenitor y dado que no se encuentra cursando estudios, prestación que también se encuentra a su alcance, así como la circunstancia de que el demando cuenta con haberes económicos provenientes de préstamos que merman sus ingresos, aunado a lo anterior también cuenta con la carga alimentaria de su progenitora. Asimismo, recae la carga alimentaria sobre la actora, una vez que se acredite que cuenta con capacidad económica para ello, al no encontrarse eximida de dicha obligación, dada su edad y su preparación académica, así como el hecho de no advertirse que tenga alguna enfermedad que merme su salud e imposibilite su capacidad para desempeñar alguna actividad laboral. En tales condiciones, se concluye que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, consideró el total de material probatorio ofertado por las partes, incluyendo los movimientos de la cuenta a nombre de Gabriela Cayetano Arres, ante BanCoppel del original de consulta de movimientos de la cuenta 10119150502, los agravios citados en el cuerpo del presente proveído, relacionándolas con las necesidades del menor acreedor, así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil. Sin que pase inadvertido las manifestaciones vertidas por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado, recibido en línea al resultar las mimas encaminadas a resolver el presente asunto en los términos del artículo 196 de la ley de amparo, lo cual acontece en el cuerpo de la citada determinación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por Daniel Ramírez Gómez, en su doble carácter de quejoso y tercero interesado en este juicio, recibido en línea; en virtud de que cumple con las formalidades que establece el acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios Tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; toda vez que cuenta con la evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica de quien promueve. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de dieciséis de junio del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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