Gabriel Rico Rojas
Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Rico Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que resulta innecesaria la retención del disco compacto relativo a la causa penal ********************, remitidos por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvase el referido disco a su lugar de origen. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Auto. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se advierte que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal número 4/2023, que se sigue en contra del quejoso Gabriel Rico Rojas, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Eduardo Enrique Urtiz Lara, y, b) En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto del escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el aquí impetrante Gabriel Rico Rojas, pero purgando el vicio formal advertido; esto es, de manera congruente con lo solicitado en dicho ocurso, además de que independientemente del sentido en que se emita, el mismo deberá estar debidamente fundado y motivado." 2. Ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos desplegados por la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable realizó lo siguiente: i) Dejó insubsistente el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés. ii) Emitió una nueva determinación judicial, en la que se pronunció, de manera exhaustiva y con libertad de jurisdicción, sobre la petición que le elevó el quejoso Gabriel Rico Rojas, atinente a que se dejara insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal número 4/2023, que se sigue en su contra por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de Eduardo Enrique Urtiz Lara; resolviendo que es improcedente su petición, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado jurisprudencialmente que: ".cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.". Además, argumentó que: ".este juzgador no tiene competencia para realizar un control de convencionalidad y con base en ello, en su caso, implicar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..." Para reforzar sus razonamientos, citó las tesis de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA". 4. Manifestaciones. En proveído de veinte de julio pasado, se tuvo al quejoso realizando diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por el Juez responsable al fallo protector, entre los que destaca que: "El Juez de Control sigue sin resolver el fondo de mi petición y con ello también incumple con su sentencia de amparo al no fundamentar y motivar sus determinaciones, me niega el acceso a la justicia, no aplica control de convencionalidad y menos el principio pro-persona". Atento a las premisas descritas con antelación, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. 5. Análisis del cumplimiento. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 727/2013, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.), determinó que las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas; pues, las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la ejecutoria respectiva, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción. En el caso, los efectos del fallo protector dotaron de libertad de jurisdicción al Juez responsable para emitir una nueva determinación judicial en la que, siguiendo los lineamientos de la propia sentencia, diera respuesta al quejoso, de manera exhaustiva, conforme a la solicitud que efectivamente le planteó. Esto es, se le ordenó que se pronunciara sobre la petición del quejoso para dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal de origen; empero, no se le constriño a pronunciarse en un determinado sentido. En congruencia con lo expuesto, se estima que la autoridad responsable sí acató los efectos de la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defectos, pues dejó insubsistente el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés y emitió una nueva determinación judicial en la que determinó que es improcedente dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal de origen, por los motivos que expuso. De ahí que no le asista la razón a la parte quejosa cuando argumenta que la responsable sigue sin resolver sobre el fondo de su petición. No obstante, se precisa a la parte quejosa que, este órgano de control constitucional no puede ir más allá de los efectos de su propia sentencia de amparo, esto es, analizar la fundamentación y motivación de la decisión de fondo que adoptó el Juez responsable en su proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés; pues, estimar lo contrario, implicaría realizar un pronunciamiento específico sobre la constitucionalidad o legalidad de un nuevo acto que no fue materia del juicio que se cumplimenta. Dicho en otras palabras, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que el Juez de Distrito en la resolución que tenga por cumplida, pueda examinar los motivos o fundamentos que la sustenten, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por las autoridades; por lo que al haberlo hecho así la responsable, el cumplimiento de la sentencia protectora se trata de un acto diverso, susceptible, en todo caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, al no ser jurídicamente posible analizar en el presente, si los fundamentos y motivos que dio la responsable son o no los correctos Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, publicada en la página 741, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 22/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Penal, publicada en la página 250, Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación." 6. Decisión. En consecuencia, con apoyo en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se determina que con las actuaciones desplegadas por la autoridad responsable, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce los derechos fundamentales que le fueron vulnerados, por cuya infracción se concedió el amparo; consecuentemente, se declara cumplida la ejecutoria, al no existir exceso ni defecto al respecto. 7. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la persona secretaria encargada del asunto, a fin de que coteje que el expediente físico y electrónico sean coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada; hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para realizar las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 8. Valoración. Con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio es conservable; consecuentemente, una vez cumplidos tres años, contados a partir de esta fecha, deberá transferirse, como lo establece el párrafo primero de ese ordinal. 9. Incidentes de suspensión. No es el caso realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, ya que no se solicitó dicha medida cautelar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Auto. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se advierte que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal número 4/2023, que se sigue en contra del quejoso Gabriel Rico Rojas, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Eduardo Enrique Urtiz Lara, y, b) En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto del escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el aquí impetrante Gabriel Rico Rojas, pero purgando el vicio formal advertido; esto es, de manera congruente con lo solicitado en dicho ocurso, además de que independientemente del sentido en que se emita, el mismo deberá estar debidamente fundado y motivado." 2. Ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos desplegados por la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable realizó lo siguiente: i) Dejó insubsistente el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés. ii) Emitió una nueva determinación judicial, en la que se pronunció, de manera exhaustiva y con libertad de jurisdicción, sobre la petición que le elevó el quejoso Gabriel Rico Rojas, atinente a que se dejara insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal número 4/2023, que se sigue en su contra por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de Eduardo Enrique Urtiz Lara; resolviendo que es improcedente su petición, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado jurisprudencialmente que: ".cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.". Además, argumentó que: ".este juzgador no tiene competencia para realizar un control de convencionalidad y con base en ello, en su caso, implicar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..." Para reforzar sus razonamientos, citó las tesis de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA". 4. Manifestaciones. En proveído de veinte de julio pasado, se tuvo al quejoso realizando diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por el Juez responsable al fallo protector, entre los que destaca que: "El Juez de Control sigue sin resolver el fondo de mi petición y con ello también incumple con su sentencia de amparo al no fundamentar y motivar sus determinaciones, me niega el acceso a la justicia, no aplica control de convencionalidad y menos el principio pro-persona". Atento a las premisas descritas con antelación, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. 5. Análisis del cumplimiento. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 727/2013, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.), determinó que las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas; pues, las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la ejecutoria respectiva, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción. En el caso, los efectos del fallo protector dotaron de libertad de jurisdicción al Juez responsable para emitir una nueva determinación judicial en la que, siguiendo los lineamientos de la propia sentencia, diera respuesta al quejoso, de manera exhaustiva, conforme a la solicitud que efectivamente le planteó. Esto es, se le ordenó que se pronunciara sobre la petición del quejoso para dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal de origen; empero, no se le constriño a pronunciarse en un determinado sentido. En congruencia con lo expuesto, se estima que la autoridad responsable sí acató los efectos de la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defectos, pues dejó insubsistente el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés y emitió una nueva determinación judicial en la que determinó que es improcedente dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal de origen, por los motivos que expuso. De ahí que no le asista la razón a la parte quejosa cuando argumenta que la responsable sigue sin resolver sobre el fondo de su petición. No obstante, se precisa a la parte quejosa que, este órgano de control constitucional no puede ir más allá de los efectos de su propia sentencia de amparo, esto es, analizar la fundamentación y motivación de la decisión de fondo que adoptó el Juez responsable en su proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés; pues, estimar lo contrario, implicaría realizar un pronunciamiento específico sobre la constitucionalidad o legalidad de un nuevo acto que no fue materia del juicio que se cumplimenta. Dicho en otras palabras, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que el Juez de Distrito en la resolución que tenga por cumplida, pueda examinar los motivos o fundamentos que la sustenten, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por las autoridades; por lo que al haberlo hecho así la responsable, el cumplimiento de la sentencia protectora se trata de un acto diverso, susceptible, en todo caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, al no ser jurídicamente posible analizar en el presente, si los fundamentos y motivos que dio la responsable son o no los correctos Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, publicada en la página 741, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 22/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Penal, publicada en la página 250, Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación." 6. Decisión. En consecuencia, con apoyo en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se determina que con las actuaciones desplegadas por la autoridad responsable, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce los derechos fundamentales que le fueron vulnerados, por cuya infracción se concedió el amparo; consecuentemente, se declara cumplida la ejecutoria, al no existir exceso ni defecto al respecto. 7. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la persona secretaria encargada del asunto, a fin de que coteje que el expediente físico y electrónico sean coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada; hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para realizar las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 8. Valoración. Con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio es conservable; consecuentemente, una vez cumplidos tres años, contados a partir de esta fecha, deberá transferirse, como lo establece el párrafo primero de ese ordinal. 9. Incidentes de suspensión. No es el caso realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, ya que no se solicitó dicha medida cautelar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En veinte de julio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y un escrito registrados con los números de folio 9317, 9318 y 9342. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, mediante el cual en atención al requerimiento realizado por auto de trece de julio del año que transcurre, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin que sea el caso dar vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el ocurso de cuenta presentado en esta misma fecha, éste manifestó lo que a su interés convenía respecto al cumplimiento aludido, pues señaló que fue notificado del mismo, no obstante, que la determinación del Juez responsable seguía sin resolver el fondo de su petición y con ello incumplía con la ejecutoria de amparo al no fundamentar y motivar sus determinaciones. En ese sentido, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por parte de la autoridad responsable y el quejoso ********************, las cuales serán tomadas en consideración al resolver sobre el cumplimiento realizado al fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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