Gabriel Arturo Espinoza Aguilar

Expediente 241/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
241/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Arturo Espinoza Aguilar
  • Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria Certifica: Que el plazo legal de que disponía la parte quejosa a fin de recurrir el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintiocho de abril al ocho de mayo actual, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista que se fija en los estrados de este Juzgado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Asimismo, en la propia fecha da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto lo de cuenta y, en virtud de que no fue impugnado el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Dado lo anterior, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, párrafo segundo2, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes al primer plazo mencionado, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBE ESCRITO Téngase al quejoso ********************desahogando la prevención formulada con data once de abril de dos mil veintitrés, al tenor de su manuscrito de cuenta. En mérito de lo anterior, se toma conocimiento, para el efecto legal conducente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la acción de amparo indirecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse de, lo siguiente: "(.) TRES.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable: EN CUANTO ORDENADORA A LA C. MAGISTRADA DE LA OCTAVA SALA PENAL UNITARIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en la Ciudad de Morelia, Michoacán y en cuanto RESPONSABLE EJECUTORA al CIUDADANO JUEZ DE ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN URUAPAN, en relación con el Proceso Penal número ********************, que se me viene instruyendo por la supuesta comisión del delito de TENTATIVA DE FEMINICIDIO, en agravio de ********************, esto relacionado con el Número único de Caso ********************, conociendo del recurso de Apelación la CIUDADANA MAGISTRADA DE LA OCTAVA SALA PENAL UNITARIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, autoridad que tiene su domicilio bien conocido en el CENTRO PENITENCIARIO "LICENCIADO EDUARDO RUIZ" DE LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. CUATRO. - ACTO RECLAMADO. - Por esta vía constitucional me permito reclamar de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, la resolución de fecha 22 veintidós de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca Penal número ********************, que resolviese el Recurso de Apelación hecho valer en contra del auto de vinculación a proceso que fuera emitido por la Responsable Ejecutora con fecha 19 diecinueve de diciembre del año 2022 dos mil veintidós. CINCO. - FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. - Se tiene conocimiento del acto reclamado mediante notificación que obra dentro de la causa penal que se viene instruyendo en mi contra. (.)". Asimismo, en su escrito aclaratorio, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) 1. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que se tuvo conocimiento del acto reclamado el día 27 veintisiete de febrero del año 2023 de dos mil veintitrés, mediante notificación ordenada por la autoridad responsable ordenadora en la resolución reclamada. (.)". No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este órgano de control constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, todos de la Ley de Amparo. El dispositivo en mención, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De la interpretación del numeral el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo, arroja que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que comenzarán a contar a partir del siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de febrero del presente año, emitida dentro del toca ********************, de la estadística de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Acto que, refirió bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por conducto del Juzgado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Consecuentemente, resulta inconcuso que la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, RESULTA EXTEMPORÁNEA, puesto que ya había transcurrido en exceso el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. Es así, pues el término de quince días que contaba la quejosa para interponer la demanda de amparo en su contra, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día uno de marzo de dos mil veintitrés y feneció el veinticuatro de marzo de la propia anualidad, siendo el caso que la demanda de amparo la promovió hasta once de abril del presente año. Dicho de otra forma, la acción de amparo que realiza la parte quejosa, debió hacerse dentro de los quince días contados a partir del día siguiente de que se notificó la resolución reclamada, pues el término comenzó el día uno de marzo del presente año, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional. De ahí, la oportunidad para la presentación de la demanda que motivó el presente juicio, se debe atender al plazo previsto en la ley, mismo que se computará a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación practicada a las quejosas. En consecuencia, es incuestionable que su impugnación es extemporánea, lo que conlleva a DESECHAR POR IMPROCEDENTE DEMANDA DE AMPARO DE PLANO, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 113 ambos de la Ley de Amparo. Tiene apoyo, en lo que interesa, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Apoya a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil doscientos doce, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro, texto y datos de identificación, a continuación se trascriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS". No escapa la atención, la circunstancia de que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé, en lo que interesa, una excepción a la regla general para el plazo de la presentación de la demanda de amparo, esto es, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, en el caso, no se actualizan dichas hipótesis. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    A las nueve horas del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la Actuaria Judicial Adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, y en virtud de que la parte quejosa, no compareció ante este Juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en su domicilio señalado en autos, Acuerdo: Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBE ESCRITO Téngase al quejoso ********************desahogando la prevención formulada con data once de abril de dos mil veintitrés, al tenor de su manuscrito de cuenta. En mérito de lo anterior, se toma conocimiento, para el efecto legal conducente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la acción de amparo indirecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse de, lo siguiente: "(.) TRES.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable: EN CUANTO ORDENADORA A LA C. MAGISTRADA DE LA OCTAVA SALA PENAL UNITARIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en la Ciudad de Morelia, Michoacán y en cuanto RESPONSABLE EJECUTORA al CIUDADANO JUEZ DE ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN URUAPAN, en relación con el Proceso Penal número ********************, que se me viene instruyendo por la supuesta comisión del delito de TENTATIVA DE FEMINICIDIO, en agravio de ********************, esto relacionado con el Número único de Caso ********************, conociendo del recurso de Apelación la CIUDADANA MAGISTRADA DE LA OCTAVA SALA PENAL UNITARIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, autoridad que tiene su domicilio bien conocido en el CENTRO PENITENCIARIO "LICENCIADO EDUARDO RUIZ" DE LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. CUATRO. - ACTO RECLAMADO. - Por esta vía constitucional me permito reclamar de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, la resolución de fecha 22 veintidós de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca Penal número ********************, que resolviese el Recurso de Apelación hecho valer en contra del auto de vinculación a proceso que fuera emitido por la Responsable Ejecutora con fecha 19 diecinueve de diciembre del año 2022 dos mil veintidós. CINCO. - FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. - Se tiene conocimiento del acto reclamado mediante notificación que obra dentro de la causa penal que se viene instruyendo en mi contra. (.)". Asimismo, en su escrito aclaratorio, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) 1. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que se tuvo conocimiento del acto reclamado el día 27 veintisiete de febrero del año 2023 de dos mil veintitrés, mediante notificación ordenada por la autoridad responsable ordenadora en la resolución reclamada. (.)". No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este órgano de control constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, todos de la Ley de Amparo. El dispositivo en mención, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De la interpretación del numeral el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo, arroja que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que comenzarán a contar a partir del siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de febrero del presente año, emitida dentro del toca ********************, de la estadística de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Acto que, refirió bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por conducto del Juzgado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Consecuentemente, resulta inconcuso que la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, RESULTA EXTEMPORÁNEA, puesto que ya había transcurrido en exceso el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. Es así, pues el término de quince días que contaba la quejosa para interponer la demanda de amparo en su contra, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día uno de marzo de dos mil veintitrés y feneció el veinticuatro de marzo de la propia anualidad, siendo el caso que la demanda de amparo la promovió hasta once de abril del presente año. Dicho de otra forma, la acción de amparo que realiza la parte quejosa, debió hacerse dentro de los quince días contados a partir del día siguiente de que se notificó la resolución reclamada, pues el término comenzó el día uno de marzo del presente año, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional. De ahí, la oportunidad para la presentación de la demanda que motivó el presente juicio, se debe atender al plazo previsto en la ley, mismo que se computará a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación practicada a las quejosas. En consecuencia, es incuestionable que su impugnación es extemporánea, lo que conlleva a DESECHAR POR IMPROCEDENTE DEMANDA DE AMPARO DE PLANO, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 113 ambos de la Ley de Amparo. Tiene apoyo, en lo que interesa, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Apoya a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil doscientos doce, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro, texto y datos de identificación, a continuación se trascriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS". No escapa la atención, la circunstancia de que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé, en lo que interesa, una excepción a la regla general para el plazo de la presentación de la demanda de amparo, esto es, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, en el caso, no se actualizan dichas hipótesis. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Arturo Espinoza Aguilar, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, y otra autoridad. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese con el número de expediente 241/2023. PREVENCIÓN Previo a proveer sobre la acción de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracciones I y II en relación con los numerales 108 y 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante de amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, apercibido de las sanciones que establece el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, realice lo siguiente: De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que, el promovente se limita a indicar que la fecha en que tuvo conocimiento del acto de que se duele ante esta instancia constitucional, obra en la causa penal 288/2022, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; por consiguiente: 1. Prevéngase al impetrante de garantías, para que indique de manera clara y precisa la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificado el acto reclamado (esto es, la resolución de veintidós de febrero del presente año, emitida dentro del toca ********************, de la estadística de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia). En el entendido que deberán exhibirse copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114° de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PROCESAL Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica en su escrito de cuenta, por contar en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, como se advierte de la constancia agregada en autos. Además, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************y ********************, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con los artículos 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario que para tal efecto proporciona. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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