Gabriel Orozco Espindola

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Orozco Espindola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, realizara lo siguiente: "1. Reciba el escrito de petición del quejoso, por medio del cual pretende interponer recurso de inconformidad; y 2. Emita un pronunciamiento, congruente, fundado y motivado, y lo notifique en breve término a la parte quejosa." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: Giró instrucciones a los auxiliares de atención al público para que una vez que el quejoso acuda a las instalaciones de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, a presentar su recurso de inconformidad, se le reciba de inmediato en la fecha y hora de su presentación, y que se lo hagan saber para dar cuenta con el mismo al Juez de Control que corresponda conocer y darle el trámite correspondiente. Asimismo, informó que el cargo de jefe de causa que ostenta es de carácter administrativo, no jurisdiccional, por lo que se encuentra legalmente impedida para emitir un pronunciamiento, ya que de hacerlo invadiría la esfera jurídica del juez de control, empero, una vez que el recurso sea presentado, de inmediato dará cuenta al juez de control para que resuelva conforme a derecho. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del quejoso, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del referido acuerdo. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.

  2. Principal

    En cuatro de julio de dos mil veintidós, el Secretario certifica: Que el plazo de que disponía el quejoso para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del catorce al veintisiete de junio del presente año, toda vez que fue notificado el diez de junio del año en curso, descontando los días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Que en proveído de catorce de junio pasado, se reservó proveer el oficio signado por la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de mérito, lo que en esta misma data acontece, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía el quejoso, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que por una parte sobreseyó contra el acto reclamado a la responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral y por otra parte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la autoridad Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, ambas autoridades adscritas a la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que, la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan: 1. Reciba el escrito de petición del quejoso, por medio del cual pretende interponer recurso de inconformidad; y 2. Emita un pronunciamiento, congruente, fundado y motivado, y lo notifique en breve término a la parte quejosa. Se puntualiza, que la presente concesión del amparo y protección de la justicia federal, no constriñe a la autoridad responsable a resolver de manera favorable o no a los intereses del quejoso, sino únicamente a recibir el escrito y emitir una respuesta al mismo de manera fundada y motivada." 3. CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el pasado catorce de junio, la autoridad responsable Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante oficio registrado bajo el folio -8069-, informó el cumplimiento a la ejecutoria concedida. 4. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, este órgano de control constitucional con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En catorce de junio de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 8069, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio signado por María de Jesús Martínez Maldonado, en su carácter de Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su atención, resérvese proveer su contenido hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: ? De la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. ? De la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan.  La omisión de recibir el escrito del recurso de inconformidad, interpuesto contra el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, sobre la solicitud de no ejercicio de la acción penal, emitido en los autos que integran el número Único de caso 003202008185, expediente MOR/053/23915/2020. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, al rendir su informe de ley, niega la existencia del acto que se le reclama. La fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, como se ve, la autoridad responsable negó la existencia del acto que se le reclama, lo que se hizo del conocimiento del quejoso; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad, para de esa forma demostrar su existencia, no obstante que tuvo la oportunidad de hacerlo durante la substanciación del juicio y hasta la celebración de la audiencia constitucional; entonces, debe sobreseerse en el juicio al no existir el acto reclamado a la autoridad mencionada. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridad responsable realizó el acto que se le reclama. Ilustra, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a la citada autoridad, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. La Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, reconoce la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos combatidos al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que integran el presente juicio de amparo número 272/2022, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causa de improcedencia, bien sea de oficio o que la hagan valer las partes, procede el estudio del fondo del asunto, respecto a la autoridad y acto precisado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. ? El quejoso refiere que la autoridad responsable al no recibirle el recurso de inconformidad contra el auto de solicitud de no ejercicio de la acción penal de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, transgrede en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 8°, 14, párrafo segundo y 20, apartado C, fracción VII dela Constitución Federal, lo que se traduce en una restricción a su derecho de audiencia para promover el recurso de inconformidad regulado en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conceptos de violación que resultan esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. La autoridad responsable, al momento de rendir su informe de ley, refiere que es cierto el acto reclamado, bajo el argumento de que el quejoso junto con su abogado acudieron a las instalaciones de ese recinto judicial para presentar recurso de inconformidad contra la determinación del Ministerio Público, le hizo del conocimiento que su escrito carecía de la solicitud de audiencia que correspondía a sus pretensiones que el caso procedía solicitar audiencia de tutela de derechos para impugnar actos o determinaciones del ministerio público; además de que de su escrito se advertía que exponía de manera escrita los antecedentes de su inconformidad, con lo que contravenía los principios de contradicción, concentración, publicidad e inmediación que rigen el sistema de oralidad, violentando lo dispuesto por el artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI de la Constitución Federal. Determinación que no se estima ajustada a derecho, por las siguientes consideraciones: El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados, dispone que: Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la interpretación del precepto legal citado, se desprenden los siguientes supuestos y requisitos:  La petición debe constar por escrito;  Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa;  La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito, en el que acordará y contestará la petición del promovente, misma que tendrá que ser congruente con lo solicitado.  Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Se aplica, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1897 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Además, cabe precisar que el derecho humano del derecho de petición, se integra en primer término con la obligación de la autoridad responsable de recibir el escrito que se le pretende presentar. Es aplicable, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006, página 1149, Novena Época, registro digital: 174911 "DERECHO DE PETICIÓN. LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A RECIBIR EL ESCRITO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO, DEBE TENERSE COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso alega en la demanda de amparo que no se le ha dado respuesta a una petición, pero de la misma demanda y de su aclaración se desprende que las autoridades responsables no le han recibido el escrito mediante el cual formuló dicha petición, es evidente que debe tenerse como acto reclamado la negativa de la autoridad para recibirle tal escrito; lo anterior es así, porque el derecho de petición consagrado a favor de los gobernados y que en el caso constituye la garantía que el quejoso estima violada, no puede traducirse únicamente en que la autoridad conteste la solicitud que se le formula, sino que tal garantía se integra o constituye por varias etapas, siendo la primera de ellas, la consistente en que la autoridad a la que se dirige el escrito respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, pudiendo en este caso hacerse algún requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular para estar en aptitud de emitir el referido acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha resolución al interesado, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 8o. constitucional. Por ello, la negativa de recibir un escrito, obstaculiza el ejercicio de ese derecho, cuestión que sólo puede ser atribuida a la autoridad y que evidentemente, resultaría violatoria de la garantía consagrada en el precepto constitucional citado". Lo anterior, sin perjuicio de que la respuesta emitida a la petición del quejoso sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a que necesariamente provea favorablemente lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; siempre y cuando, su respuesta encuentre debidamente fundada y motivada, a fin de generar certeza y seguridad jurídica al gobernado, quien estará en posibilidad de conocer las razones y preceptos legales en los cuales la autoridad apoyó la determinación, para estar en aptitud de combatir la respuesta. Conforme a todo esto, se determina que el derecho de petición reconocido en el artículo 8° Constitucional es autónomo y una vez ejercido por un gobernado, necesariamente conlleva la obligación de la autoridad ante quien se formula, de dar una respuesta, por escrito y en breve término, la cual deberá notificar al interesado. Precisado lo anterior, se advierte que el quejoso, pretendió presentar un escrito ante la autoridad responsable por medio del cual interponía recurso de inconformidad previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la determinación de solicitud de no ejercicio de la acción penal emitido por el Agente del Ministerio Público dentro de los autos que integran el número único de caso 1003202008185 expediente MOR/053/23915/2020 de veintisiete de junio de dos mil veintiuno; empero, la autoridad se negó a recibir el mismo, por los argumentos expuestos en su informe de ley. En esa tesitura, la autoridad responsable al negarse a recibir el escrito de petición (recurso) del quejoso, obstaculiza el ejercicio del derecho de petición, ya que le impide tener una respuesta de manera fundada y motivada a fin de que éste, si lo considera pertinente, pueda combatirla. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio; lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, solicitado por el quejosa contra el acto (omisión) y autoridad destacada. Al declarar fundado el argumento estudiado, resulta innecesario el examen del resto de los conceptos de violación propuestos por la quejosa, pues en nada variaría el sentido de este fallo. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 107, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS" . Los criterios citados, aun cuando fueron emitidos con sustento en la Ley de Amparo abrogada, con su aplicación no se contrapone lo establecido en el artículo sexto transitorio de la ley vigente , al no oponerse con la ley vigente. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que, la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan: 1. Reciba el escrito de petición del quejoso, por medio del cual pretende interponer recurso de inconformidad; y 2. Emita un pronunciamiento, congruente, fundado y motivado, y lo notifique en breve término a la parte quejosa. Se puntualiza, que la presente concesión del amparo y protección de la justicia federal, no constriñe a la autoridad responsable a resolver de manera favorable o no a los intereses del quejoso, sino únicamente a recibir el escrito y emitir una respuesta al mismo de manera fundada y motivada. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 272/2022, promovido por Gabriel Orozco Espíndola, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Orozco Espíndola, contra el acto reclamado a la Jefa de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, por razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo de este fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano