Gabriel Orozco Mendoza

Expediente 320/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
320/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Orozco Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    La suscrita María Guadalupe Mateo Mendoza, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, CERTIFICA: Que el término de tres días concedido al quejoso Gabriel Orozco Mendoza y a la tercera interesada Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió del doce al catorce de febrero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. Asimismo, se hace constar que el presente expediente: Se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran documentos originales exhibidos por las partes. No existe multa impuesta a las partes pendiente de hacer efectiva. Tampoco existe recurso interpuesto por las partes pendiente de resolver. Se aperturó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario en funciones de Juez de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 320/2018-S. Conste.Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Gabriel Orozco Mendoza y a la tercera interesada Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniere, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Que únicamente Raúl Calzada Ortega, representante especial de las menores de iniciales D.O.D. y O.O.D., desahogó la vista que se le hizo en proveído del pasado treinta y uno de enero y manifestó su conformidad en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De oficio se procede a analizar el cumplimiento del fallo protector. De la sentencia dictada en el presente juicio, se aprecia que se concedió al quejoso Gabriel Orozco Mendoza, el amparo para que la autoridad responsable ordenadora, realizara lo siguiente: ".a) Que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, deje insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D, en la parte relativa a la fijación de la pensión alimenticia provisional a favor de los infantes; y, b) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva determinación, pero purgando los vicios formales de fundamentación y motivación destacados en el cuerpo de esta resolución..." Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D. Asimismo, el once de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que determinó lo siguiente: ".De conformidad con lo establecido por el artículo 464 del Código familiar del Estado que señala, en el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además tomara las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente, decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. ( ... ).- Ahora bien, atendiendo que dentro del sumario obra glosada a fojas 7 siete, información proporcionada por Ma. de la Luz Sandoval Zambrano, quien hace constar que el C. Gabriel Orozco Mendoza, trabaja en la empresa Transportes M.S., en la cual se desempeña como chofer percibiendo un salario de $200.00 doscientos pesos m.n. diarios lo que equivale a una percepción mensual de la cantidad de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n., documental que no fue impugnada y que por el contrario no obra constancia diversa que el deudor alimentista perciba un salario diverso al especificado en el oficio en cita, sin que pase inadvertido por el juzgador que dicha información no fue solicitada por este Tribunal, además de que dicho documento puede ser objeto de alteración y que no obra sello alguno de dicha dependencia laboral, lo que podría ser objeto de falsificación o manejado al antojo de quien lo presenta, sin embargo es el único dato que se tiene agregado al expediente y que no existe otra información que lo venga a refutar como falso, es que este juzgador lo tomara en cuenta para fijar el monto de la pensión provisional que se decretará en favor los menores de iniciales D.O.D. y O.O.D.- En consecuencia, en acatamiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar del Estado, y vista la información glosada en el compendio respecto del salario que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, el cual asciende a la cantidad mensual de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n. cantidad que se tomara en cuenta para fijar la pensión alimenticia provisional en favor de los menores acreedores.- Por lo que, haciendo una ponderación de los derechos que tienen los menores de recibir alimentos por parte de su progenitor, así como haciendo una valoración de los ingresos que obtiene el deudor alimentista, para no trastocar el mínimo vital al derecho que tiene de igual manera el deudor alimentista previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta autoridad, haciendo una ponderación de derechos y buscando un equilibrio entre los derechos de los menores y su progenitor, tomando en cuenta la necesidad de los menores D.O.D. y O.O.D. de recibir alimentos y a la posibilidad del deudor alimentista de proporcionar los mismos, se estima conveniente que la pensión alimenticia que se debe proporcionar a los menores por parte de su progenitor Gabriel Orozco Mendoza, esto es, atendiendo al principio de proporcionalidad, tanto a las necesidades de los acreedores alimentistas, como a la capacidad del deudor alimentista, que en el caso se advierte que no basta para satisfacer la pensión alimenticia provisional decretada en autos y las necesidades propias en términos del artículo 464 del Código Familiar del Estado; por ende, se determina que la pensión provisional a la que resulta obligado el deudor sea por el equivalente al 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, con motivo de su trabajo, lo cual, en concepto de esta autoridad familiar, se logra un equilibrio entre las percepciones del deudor alimentista y su obligación de contribuir con los alimentos de sus descendientes, como lo establecen los artículos 443, 444, 446 y 450 del Código Familiar del Estado; medida cautelar de naturaleza transitoria o temporal que subsiste, exclusivamente, hasta que se dicte la sentencia que resuelve la controversia planteada y regula las necesidades alimentarias generadas durante la tramitación del juicio la que podrá ser modificada al dictarse sentencia definitiva y que puede variar si además se contara con otros medios de prueba que vengan ser fundamentales para variar la pensión que de manera provisional se decreta.- Además, este órgano jurisdiccional debe procurar garantizar al obligado su derecho constitucional a contar con un ingreso mínimo vital, al ser la persona que genera con su trabajo una percepción salarial, para solventar los alimentos de los menores acreedores, y además tiene como objetivo preservar esa fuente de ingresos y que la misma no se vea afectada al grado de que desaparezca y pueda tal persona dejar de contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna, ello atendiendo a que de decretarse una pensión de una unidad de medida por cada uno de los acreedores alimentistas, se estaría decretando una pensión superior a los ingresos que obtiene, lo cual trastocarían sus derechos y se afectaría su condición de vida.- PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso.- PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. El principio de proporcionalidad de alimentos, previsto en el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, aplicable en el caso concreto, en su texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 2016, debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor; ahora bien, cuando la madre o el padre tenga incorporado al menor a su domicilio, si bien con ello cumple con su obligación alimentaria, esa situación no implica que si quien lo tiene percibe mayores ingresos que su contraparte, ya no tenga que aportar la porción de los alimentos que le corresponde pagar, toda vez que el rubro de alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que corresponda a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de manera proporcional, según los ingresos que perciban. Máxime que no debe pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a proporcionar los alimentos y que no tiene incorporado a su domicilio al menor, más aún si obtiene menores ingresos que su contraria.- En consecuencia, se ordena remitir oficio a la fuente laboral del deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, denominada Transportes M.S., ubicada en la población de Aquila, Michoacán, para que proceda a realizar el descuento del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que recibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos de iniciales D.O.D. y O.O.D., lo cual deberá hacerse a través de la madre de los menores Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, en cuanto representante legítima de los mismos.- En caso de que el referido deudor alimentista renuncie o por cualquier motivo deje de prestar sus servicios en esa empresa, se deberá dar aviso a esta autoridad a la brevedad posible y retener de inmediato el porcentaje determinado de 50% cincuenta por ciento de cualquier pago o finiquito que se le deba otorgar a fin de garantizar el pago de la pensión alimenticia de la acreedora y hasta que esta autoridad resuelva lo conducente o en su caso el equivalente si adeuda pensiones atrasadas; en caso de no hacerlo, dicha dependencia será nombrada deudora solidaria, por incumplimiento a un mandato judicial; es decir, será a cargo de la institución el pago de los conceptos no cubiertos o no considerados en los descuentos, de conformidad con lo señalado por el arábigo 466 del código Familiar del Estado.- Además del descuento antes mencionado, deberá realizársele uno adicional (retroactivo) del 10% diez por ciento, para cubrir el periodo comprendido desde el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, hasta cubrir el monto que corresponda al periodo indicado, es decir se le descuente el porcentaje citado aunado a la pensión provisional decretada hasta que se regularice con aquellas que no ha cumplido al momento de exigírsele.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable expuso las razones suficientes para establecer el porcentaje del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que tiene el deudor alimentista para sufragar los alimentos provisionales decretados en favor de los menores terceros interesados, lo cual realizó de manera fundada y motivada, por lo que es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de depuración, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que se ordenó tramitar incidente de suspensión de los actos reclamados, por lo que, se ordena acordar lo conducente en dicho cuaderno. Notifíquese personalmente. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    La suscrita María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, CERTIFICA: El presente expediente se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran documentos originales que devolver a las partes. No existen billetes de depósito. No hay recurso interpuesto pendiente de resolver. Mediante resolución interlocutoria se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. El duplicado del incidente de suspensión fue destruido el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Lo que asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario en funciones de Juez de Distrito, con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 320/2018-S. Conste.Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. En atención a lo ordenado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, visto el estado de autos y certificación que antecede, se desprende que el presente expediente se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado, que no existen documentos originales que devolver a las partes, ni billetes de depósito, y tampoco hay recurso interpuesto pendiente de resolver. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental, por lo que será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a hacer, mayor pronunciamiento en cuanto al duplicado del incidente de suspensión, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que éste fue destruido el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento al citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    R. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Gabriel Orozco Mendoza y a la tercera interesada Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniere, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Que únicamente Raúl Calzada Ortega, representante especial de las menores de iniciales D.O.D. y O.O.D., desahogó la vista que se le hizo en proveído del pasado treinta y uno de enero y manifestó su conformidad en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De oficio se procede a analizar el cumplimiento del fallo protector. De la sentencia dictada en el presente juicio, se aprecia que se concedió al quejoso Gabriel Orozco Mendoza, el amparo para que la autoridad responsable ordenadora, realizara lo siguiente: ".a) Que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, deje insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D, en la parte relativa a la fijación de la pensión alimenticia provisional a favor de los infantes; y, b) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva determinación, pero purgando los vicios formales de fundamentación y motivación destacados en el cuerpo de esta resolución..." Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D. Asimismo, el once de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que determinó lo siguiente: ".De conformidad con lo establecido por el artículo 464 del Código familiar del Estado que señala, en el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además tomara las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente, decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. ( ... ).- Ahora bien, atendiendo que dentro del sumario obra glosada a fojas 7 siete, información proporcionada por Ma. de la Luz Sandoval Zambrano, quien hace constar que el C. Gabriel Orozco Mendoza, trabaja en la empresa Transportes M.S., en la cual se desempeña como chofer percibiendo un salario de $200.00 doscientos pesos m.n. diarios lo que equivale a una percepción mensual de la cantidad de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n., documental que no fue impugnada y que por el contrario no obra constancia diversa que el deudor alimentista perciba un salario diverso al especificado en el oficio en cita, sin que pase inadvertido por el juzgador que dicha información no fue solicitada por este Tribunal, además de que dicho documento puede ser objeto de alteración y que no obra sello alguno de dicha dependencia laboral, lo que podría ser objeto de falsificación o manejado al antojo de quien lo presenta, sin embargo es el único dato que se tiene agregado al expediente y que no existe otra información que lo venga a refutar como falso, es que este juzgador lo tomara en cuenta para fijar el monto de la pensión provisional que se decretará en favor los menores de iniciales D.O.D. y O.O.D.- En consecuencia, en acatamiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar del Estado, y vista la información glosada en el compendio respecto del salario que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, el cual asciende a la cantidad mensual de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n. cantidad que se tomara en cuenta para fijar la pensión alimenticia provisional en favor de los menores acreedores.- Por lo que, haciendo una ponderación de los derechos que tienen los menores de recibir alimentos por parte de su progenitor, así como haciendo una valoración de los ingresos que obtiene el deudor alimentista, para no trastocar el mínimo vital al derecho que tiene de igual manera el deudor alimentista previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta autoridad, haciendo una ponderación de derechos y buscando un equilibrio entre los derechos de los menores y su progenitor, tomando en cuenta la necesidad de los menores D.O.D. y O.O.D. de recibir alimentos y a la posibilidad del deudor alimentista de proporcionar los mismos, se estima conveniente que la pensión alimenticia que se debe proporcionar a los menores por parte de su progenitor Gabriel Orozco Mendoza, esto es, atendiendo al principio de proporcionalidad, tanto a las necesidades de los acreedores alimentistas, como a la capacidad del deudor alimentista, que en el caso se advierte que no basta para satisfacer la pensión alimenticia provisional decretada en autos y las necesidades propias en términos del artículo 464 del Código Familiar del Estado; por ende, se determina que la pensión provisional a la que resulta obligado el deudor sea por el equivalente al 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, con motivo de su trabajo, lo cual, en concepto de esta autoridad familiar, se logra un equilibrio entre las percepciones del deudor alimentista y su obligación de contribuir con los alimentos de sus descendientes, como lo establecen los artículos 443, 444, 446 y 450 del Código Familiar del Estado; medida cautelar de naturaleza transitoria o temporal que subsiste, exclusivamente, hasta que se dicte la sentencia que resuelve la controversia planteada y regula las necesidades alimentarias generadas durante la tramitación del juicio la que podrá ser modificada al dictarse sentencia definitiva y que puede variar si además se contara con otros medios de prueba que vengan ser fundamentales para variar la pensión que de manera provisional se decreta.- Además, este órgano jurisdiccional debe procurar garantizar al obligado su derecho constitucional a contar con un ingreso mínimo vital, al ser la persona que genera con su trabajo una percepción salarial, para solventar los alimentos de los menores acreedores, y además tiene como objetivo preservar esa fuente de ingresos y que la misma no se vea afectada al grado de que desaparezca y pueda tal persona dejar de contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna, ello atendiendo a que de decretarse una pensión de una unidad de medida por cada uno de los acreedores alimentistas, se estaría decretando una pensión superior a los ingresos que obtiene, lo cual trastocarían sus derechos y se afectaría su condición de vida.- PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso.- PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. El principio de proporcionalidad de alimentos, previsto en el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, aplicable en el caso concreto, en su texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 2016, debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor; ahora bien, cuando la madre o el padre tenga incorporado al menor a su domicilio, si bien con ello cumple con su obligación alimentaria, esa situación no implica que si quien lo tiene percibe mayores ingresos que su contraparte, ya no tenga que aportar la porción de los alimentos que le corresponde pagar, toda vez que el rubro de alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que corresponda a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de manera proporcional, según los ingresos que perciban. Máxime que no debe pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a proporcionar los alimentos y que no tiene incorporado a su domicilio al menor, más aún si obtiene menores ingresos que su contraria.- En consecuencia, se ordena remitir oficio a la fuente laboral del deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, denominada Transportes M.S., ubicada en la población de Aquila, Michoacán, para que proceda a realizar el descuento del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que recibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos de iniciales D.O.D. y O.O.D., lo cual deberá hacerse a través de la madre de los menores Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, en cuanto representante legítima de los mismos.- En caso de que el referido deudor alimentista renuncie o por cualquier motivo deje de prestar sus servicios en esa empresa, se deberá dar aviso a esta autoridad a la brevedad posible y retener de inmediato el porcentaje determinado de 50% cincuenta por ciento de cualquier pago o finiquito que se le deba otorgar a fin de garantizar el pago de la pensión alimenticia de la acreedora y hasta que esta autoridad resuelva lo conducente o en su caso el equivalente si adeuda pensiones atrasadas; en caso de no hacerlo, dicha dependencia será nombrada deudora solidaria, por incumplimiento a un mandato judicial; es decir, será a cargo de la institución el pago de los conceptos no cubiertos o no considerados en los descuentos, de conformidad con lo señalado por el arábigo 466 del código Familiar del Estado.- Además del descuento antes mencionado, deberá realizársele uno adicional (retroactivo) del 10% diez por ciento, para cubrir el periodo comprendido desde el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, hasta cubrir el monto que corresponda al periodo indicado, es decir se le descuente el porcentaje citado aunado a la pensión provisional decretada hasta que se regularice con aquellas que no ha cumplido al momento de exigírsele.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable expuso las razones suficientes para establecer el porcentaje del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que tiene el deudor alimentista para sufragar los alimentos provisionales decretados en favor de los menores terceros interesados, lo cual realizó de manera fundada y motivada, por lo que es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de depuración, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que se ordenó tramitar incidente de suspensión de los actos reclamados, por lo que, se ordena acordar lo conducente en dicho cuaderno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    r.Visto el estado de autos y certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Gabriel Orozco Mendoza y a la tercera interesada Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniere, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Que únicamente Raúl Calzada Ortega, representante especial de las menores de iniciales D.O.D. y O.O.D., desahogó la vista que se le hizo en proveído del pasado treinta y uno de enero y manifestó su conformidad en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De oficio se procede a analizar el cumplimiento del fallo protector. De la sentencia dictada en el presente juicio, se aprecia que se concedió al quejoso Gabriel Orozco Mendoza, el amparo para que la autoridad responsable ordenadora, realizara lo siguiente: ".a) Que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, deje insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D, en la parte relativa a la fijación de la pensión alimenticia provisional a favor de los infantes; y, b) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva determinación, pero purgando los vicios formales de fundamentación y motivación destacados en el cuerpo de esta resolución..." Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 75/2018, relativo al juicio oral familiar sobre convivencia y restitución de los menores de iniciales D.O.D y O.O.D. Asimismo, el once de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que determinó lo siguiente: ".De conformidad con lo establecido por el artículo 464 del Código familiar del Estado que señala, en el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además tomara las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente, decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. ( ... ).- Ahora bien, atendiendo que dentro del sumario obra glosada a fojas 7 siete, información proporcionada por Ma. de la Luz Sandoval Zambrano, quien hace constar que el C. Gabriel Orozco Mendoza, trabaja en la empresa Transportes M.S., en la cual se desempeña como chofer percibiendo un salario de $200.00 doscientos pesos m.n. diarios lo que equivale a una percepción mensual de la cantidad de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n., documental que no fue impugnada y que por el contrario no obra constancia diversa que el deudor alimentista perciba un salario diverso al especificado en el oficio en cita, sin que pase inadvertido por el juzgador que dicha información no fue solicitada por este Tribunal, además de que dicho documento puede ser objeto de alteración y que no obra sello alguno de dicha dependencia laboral, lo que podría ser objeto de falsificación o manejado al antojo de quien lo presenta, sin embargo es el único dato que se tiene agregado al expediente y que no existe otra información que lo venga a refutar como falso, es que este juzgador lo tomara en cuenta para fijar el monto de la pensión provisional que se decretará en favor los menores de iniciales D.O.D. y O.O.D.- En consecuencia, en acatamiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar del Estado, y vista la información glosada en el compendio respecto del salario que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, el cual asciende a la cantidad mensual de $2,400.00 dos mil cuatrocientos pesos m.n. cantidad que se tomara en cuenta para fijar la pensión alimenticia provisional en favor de los menores acreedores.- Por lo que, haciendo una ponderación de los derechos que tienen los menores de recibir alimentos por parte de su progenitor, así como haciendo una valoración de los ingresos que obtiene el deudor alimentista, para no trastocar el mínimo vital al derecho que tiene de igual manera el deudor alimentista previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta autoridad, haciendo una ponderación de derechos y buscando un equilibrio entre los derechos de los menores y su progenitor, tomando en cuenta la necesidad de los menores D.O.D. y O.O.D. de recibir alimentos y a la posibilidad del deudor alimentista de proporcionar los mismos, se estima conveniente que la pensión alimenticia que se debe proporcionar a los menores por parte de su progenitor Gabriel Orozco Mendoza, esto es, atendiendo al principio de proporcionalidad, tanto a las necesidades de los acreedores alimentistas, como a la capacidad del deudor alimentista, que en el caso se advierte que no basta para satisfacer la pensión alimenticia provisional decretada en autos y las necesidades propias en términos del artículo 464 del Código Familiar del Estado; por ende, se determina que la pensión provisional a la que resulta obligado el deudor sea por el equivalente al 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que percibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, con motivo de su trabajo, lo cual, en concepto de esta autoridad familiar, se logra un equilibrio entre las percepciones del deudor alimentista y su obligación de contribuir con los alimentos de sus descendientes, como lo establecen los artículos 443, 444, 446 y 450 del Código Familiar del Estado; medida cautelar de naturaleza transitoria o temporal que subsiste, exclusivamente, hasta que se dicte la sentencia que resuelve la controversia planteada y regula las necesidades alimentarias generadas durante la tramitación del juicio la que podrá ser modificada al dictarse sentencia definitiva y que puede variar si además se contara con otros medios de prueba que vengan ser fundamentales para variar la pensión que de manera provisional se decreta.- Además, este órgano jurisdiccional debe procurar garantizar al obligado su derecho constitucional a contar con un ingreso mínimo vital, al ser la persona que genera con su trabajo una percepción salarial, para solventar los alimentos de los menores acreedores, y además tiene como objetivo preservar esa fuente de ingresos y que la misma no se vea afectada al grado de que desaparezca y pueda tal persona dejar de contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna, ello atendiendo a que de decretarse una pensión de una unidad de medida por cada uno de los acreedores alimentistas, se estaría decretando una pensión superior a los ingresos que obtiene, lo cual trastocarían sus derechos y se afectaría su condición de vida.- PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso.- PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. El principio de proporcionalidad de alimentos, previsto en el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, aplicable en el caso concreto, en su texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 2016, debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor; ahora bien, cuando la madre o el padre tenga incorporado al menor a su domicilio, si bien con ello cumple con su obligación alimentaria, esa situación no implica que si quien lo tiene percibe mayores ingresos que su contraparte, ya no tenga que aportar la porción de los alimentos que le corresponde pagar, toda vez que el rubro de alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que corresponda a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de manera proporcional, según los ingresos que perciban. Máxime que no debe pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a proporcionar los alimentos y que no tiene incorporado a su domicilio al menor, más aún si obtiene menores ingresos que su contraria.- En consecuencia, se ordena remitir oficio a la fuente laboral del deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, denominada Transportes M.S., ubicada en la población de Aquila, Michoacán, para que proceda a realizar el descuento del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que recibe el deudor alimentista Gabriel Orozco Mendoza, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos de iniciales D.O.D. y O.O.D., lo cual deberá hacerse a través de la madre de los menores Blanca Esmeralda Díaz Mendoza, en cuanto representante legítima de los mismos.- En caso de que el referido deudor alimentista renuncie o por cualquier motivo deje de prestar sus servicios en esa empresa, se deberá dar aviso a esta autoridad a la brevedad posible y retener de inmediato el porcentaje determinado de 50% cincuenta por ciento de cualquier pago o finiquito que se le deba otorgar a fin de garantizar el pago de la pensión alimenticia de la acreedora y hasta que esta autoridad resuelva lo conducente o en su caso el equivalente si adeuda pensiones atrasadas; en caso de no hacerlo, dicha dependencia será nombrada deudora solidaria, por incumplimiento a un mandato judicial; es decir, será a cargo de la institución el pago de los conceptos no cubiertos o no considerados en los descuentos, de conformidad con lo señalado por el arábigo 466 del código Familiar del Estado.- Además del descuento antes mencionado, deberá realizársele uno adicional (retroactivo) del 10% diez por ciento, para cubrir el periodo comprendido desde el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, hasta cubrir el monto que corresponda al periodo indicado, es decir se le descuente el porcentaje citado aunado a la pensión provisional decretada hasta que se regularice con aquellas que no ha cumplido al momento de exigírsele.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable expuso las razones suficientes para establecer el porcentaje del 50% cincuenta por ciento del total de las percepciones que tiene el deudor alimentista para sufragar los alimentos provisionales decretados en favor de los menores terceros interesados, lo cual realizó de manera fundada y motivada, por lo que es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de depuración, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que se ordenó tramitar incidente de suspensión de los actos reclamados, por lo que, se ordena acordar lo conducente en dicho cuaderno. Notifíquese personalmente.

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