Francisco Pasillas Fernández

Expediente 4057/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
4057/2014
Año
2014
Actuaciones
35
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • Francisco Pasillas Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    EJECUTORIA DE SOBRESEIMIENTO La licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por un lado se negó la medida cautelar solicitada y por otro, se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito. Que existe un tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. La secretaria. Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que aún no transcurra el plazo concedido a las autoridades responsables para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado y por otro lado concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Valparaíso, Zacatecas, en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que en su momento se formó. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. DEY_____ SISE___

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de agosto de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional se procedió por la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, quien actúa ante el secretario que da fe del acto, licenciado Juan García Trejo, a celebrarla sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en los presentes autos. Por otra parte, se da cuenta que no se logró el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez; no obstante que el seis de julio de dos mil dieciséis se dictó un auto en el que se ordenó el emplazamiento de la citada parte procesal por medio de la publicación de edictos con cargo al quejoso. A lo que la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. No obstante que no se ha logrado emplazar a la parte tercero interesada, no es el caso diferir la presente audiencia, pues se advierte una causa de sobreseimiento, como enseguida se expone. En efecto, la causa de sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que únicamente es la forma de conclusión del juicio de amparo instrumentada por el legislador que impide sin abordar la cuestión de fondo, concluir la instancia misma, de modo que las partes vinculadas al procedimiento natural, no podrían verse afectadas con la resolución que en su caso se llegare a dictar. Al respecto, cabe invocar en apoyo a lo expuesto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 575, que reza: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." En la etapa de pruebas. El Secretario da cuenta con las documentales que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Valparaíso, Zacatecas, anexó a su informe justiciado como justificación de sus actos. En relación con lo anterior la Secretaria encargada del despacho dispone. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse por admitidas y desahogadas las probanzas que se relacionan, en atención a su propia y especial naturaleza jurídica. Sin existir medios pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos. Se constata que obra pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, agregado en proveído de uno de julio de la anualidad que transcurre; sin que las demás partes hicieran uso de esta prerrogativa. A lo que la Secretaria encargada del despacho determina. Con fundamente en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Representante Social haciendo las manifestaciones que señala en su pedimento, mismas que se tomarán en consideración al momento de emitir el fallo definitivo; y por perdido el derecho de las demás partes para formular sus alegatos y en virtud de ello, se declara cerrado dicho periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el invocado precepto, procédase a dictar la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 4057/2014-7, promovido por Francisco Pasillas Fernández, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Valparaíso, Zacatecas y otras autoridades. R E S U L T A N D O: P R I M E R O. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y turnado a este juzgado federal, el mismo día, por razón de turno, compareció Francisco Pasillas Fernández, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisaran en la consideración correspondiente: SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada la misma bajo el progresivo 4057/2014-7 en el Libro de Gobierno, se ordenó pedir los informes justificados a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia en este expediente, se le dio la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo después de diversas reposiciones del procedimiento, en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: P R I M E R O. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que entrañan ejecución dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. S E G U N D O. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en la fracción I, del numeral 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo aunado al resultado de los informes justificados, se extraen como actos reclamados destacados los siguientes atribuidos a las autoridades aquí precisadas: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Valparaíso, Zacatecas. Agente del Ministerio Público Número Uno del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. Agente del Ministerio Público Número dos del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. Ejecutoras: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Director de la Policía Ministerial en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial destacamentada en Valparaíso, Zacatecas. Comandante de la Policía Preventiva de Valparaíso, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión y su ejecución. T E R C E R O. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que el quejoso atribuye a las autoridades señaladas como responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en Valparaíso, Zacatecas, ya que en ese sentido lo manifestaron en los informes que rindieron, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que existe el proceso penal 57/2014, de la estadística del Juez citado, en el que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por el delito de lesiones calificadas. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por así disponerlo el artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de ahí que deba tenerse como cierto dicho acto reclamado. De igual manera, se tienen ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Número Uno y Dos, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Preventiva, todas con sede en Valparaíso, Zacatecas; Procurador General de Justicia del Estado y Director General de Policía Ministerial, ambos con sede en la ciudad de Zacatecas; no obstante que al rendir su informe de ley negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, en virtud de que como quedó precisado el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada, por tanto, a dichas autoridades les corresponde la ejecución de la orden de captura de que se habla. C U A R T O. No obstante la certeza de los actos este juzgado no analizará los conceptos de violación en virtud de que se advierte una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que el llamamiento a juicio es el acto procesal de mayor importancia, porque a través de éste se hace del conocimiento de la contraparte la instauración del juicio y le permite ser oído y contradecir la pretensión de la quejosa, dado que se trata de una formalidad esencial e imprescindible para que tenga una adecuada defensa, pues la omisión del mismo o su práctica defectuosa constituye una infracción procesal de mayor magnitud, y de no seguir ese proceder se transgrediría su garantía de audiencia. En esa medida, el artículo 27 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Como se ve, el precepto legal transcrito presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero interesado en un juicio de amparo, son las siguientes: Existencia de un tercero interesado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en la demanda de garantías, y 146 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero interesado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento (obligación que se fundamenta en el numeral 157 de la Ley de Amparo). Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza. Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero interesado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción III del artículo 27 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento que de no acreditar haber entregado los edictos dentro del plazo de veinte días siguiente al que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Francisco Pasillas Hernández, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso de mérito; inconforme con dicha terminación el justiciable interpuso recurso de revisión. Resolución que la superioridad determinó revocar para el efecto de que se tuviera como tercero interesado a Víctor Hugo Torres Rodríguez; motivo por el que se giró comunicación al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado lo emplazara a juicio. Luego, ante la imposibilidad que tuvo el diligenciario de la adscripción del Juzgado despachado, por auto de veintiuno de julio del año pasado, se giraron sendos oficios a diversas dependencias a efecto de que proporcionaran algún domicilio que tuvieran en su base de datos del referido tercero interesado. Ante la falta de respuesta favorable al requerimiento formulado, el tres de agosto de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento del expresado Torres Rodríguez por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Así ante la omisión de la parte promovente de publicar los citados edictos como le fueron ordenados, el treinta de septiembre del año anterior, se decretó el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Contra la referida resolución el amparista promovió de nueva cuenta recurso de revisión; determinación que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito determinó revocar para el efecto de que este órgano de control constitucional se allegara de mayores informes, girando oficios a las autoridades que precisó la superioridad para la localización del tercero interesado. En acatamiento a la mencionada determinación, este Juzgado federal procedió a la búsqueda del domicilio del multicitado tercero interesado, sin que se hubieren obtenido datos favorables. Así, el doce de mayo del año actual, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, por medio de edictos; empero, al haberse omitido girar los oficios a las autoridades administrativas Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Zacatecas y Titular de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular en el Estado de Zacatecas), como se ordenó en acuerdo de veinte de abril del año actual, se regularizó el procedimiento para que se les notificara a dichas autoridades el citado proveído. Posteriormente, al desahogar el requerimiento dichas autoridades, en el sentido de que no localizaron en su base de datos algún domicilio donde pudiera ser localizado el tercero interesado, se pone de relieve que este órgano de control constitucional agotó el procedimiento a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con el propósito de investigar el domicilio de la referida parte, sin que a la fecha se haya logrado su localización, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo y el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a Víctor Hugo Torres Rodríguez, por medio de edictos a costa de la parte peticionaria del amparo. En consecuencia de lo anterior, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días hábiles, contado a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva del acuerdo mencionado en el párrafo precedente, acreditara ante este Juzgado la entrega para su publicación de los edictos conducentes, apercibiéndolo que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en el juicio en términos de la parte final del inciso b) fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, concatenado con el 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo de leyes, sin que al día de la fecha la parte agraviada haya dado cumplimiento a tal requerimiento, no obstante de que se le notificó dicha providencia por medio de lista el doce de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, tal como se constata de los antecedentes descritos, se aprecia que la parte quejosa no acreditó que entregó para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días señalado en proveído de seis de julio de dos mil dieciséis, ni probó imposibilidad económica para publicar los mismos y emplazar al tercero interesado en mención, en contravención a lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, que impone a la parte quejosa la carga de acudir al tribunal jurisdiccional, recoger y publicar los edictos a costa del impetrante de amparo y, así lograr el emplazamiento del tercero interesado, ya que tal acto permite tener constituida la relación jurídico procesal; de estimarse lo contrario, el incumplimiento de esa obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de derechos humanos a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. En ese orden de ideas, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen el procedimiento del mismo, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del aludido tercero, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la indolencia de la parte quejosa por no acreditar su publicación o la imposibilidad económica que tuviese para publicarlos, o bien, no hacer el pago de los mismos, denota desinterés en impulsar el procedimiento, circunstancia ésta que impide a este órgano de control constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. Por otro lado, también, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no haberse publicado los edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del público tutelado por el numeral en comento, en virtud de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos señalados en la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso Francisco Pasillas Fernández, ya que con su omisión impide constituirse válidamente la relación jurídica procesal, contraviniendo el interés común de la sociedad. A mayor abundamiento, es importante precisar que en el caso no se está en excepción alguna que obligue a este juzgado federal a gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal el pago de los edictos respectivos, debido a que el quejoso nunca acreditó con medio de convicción idóneo tener imposibilidad económica para sufragarlos. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de sobreseimiento que señala el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, impide a este órgano de control constitucional avocarse al estudio del fondo del asunto, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables que designó como ejecutoras, en virtud de no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Pasillas Fernández, contra los actos que reclama de las autoridades que señala como responsables, mismas que se mencionaron y precisaron en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. DEY ______ SISE _____

  3. Principal

    El veintidós de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mi dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días concedido a la parte quejosa para que acredite a este juzgado Federal, con medio idóneo haber entregado para su publicación los edictos relativos al emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de la materia, para la celebración de la citada audiencia en la nueva fecha señalada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Ángeles

  4. Principal

    En quince de julio de dos mil dieciséis, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio con número de registro 12994 y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director de Seguridad Pública del Municipio de Valparaíso, Zacatecas, mediante el cual refiere dar cumplimiento con el requerimiento formulado por esta autoridad federal; atento a su contenido, se determina agregarlo a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que este órgano de control constitucional a través del oficio que refiere en su libelo de cuenta no se le ha solicitado ninguna información, pues la misma fue proporcionada por la oficiante con antelación, inclusive se agregó a los autos el dos de mayo del año actual, de ahí que se estime innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, que autoriza y da fe. DEY

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