Francisco Ortega Villalobos

Expediente 252/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
252/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Francisco Ortega Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El ocho de abril de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del uno al cinco de abril del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA FRANCISCO ORTEGA VILLALOBOS, POR CONDDUCTO DE SU DEFENSOR ISRAEL RAYGOZA MÁRQUEZ, LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. ..."

  3. Principal

    En veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito con registro 4281. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Israel Raygoza Márquez, en su carácter de defensor del quejoso Francisco Ortega Villalobos; en atención a su contenido, como lo solicita, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele el documento a que alude y que obra en autos, previa copia certificada que se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CUENTA. En veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 3804 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. DA CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por el defensor del quejoso Francisco Ortega Villalobos, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de quince del mes y año en curso. En tales condiciones se acuerda: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En esa tesitura, conviene precisar que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado, la parte quejosa señaló el siguiente: La falta de proporcionar copias simples, del expediente de investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. La falta de emitir copias certificadas del expediente de investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. La falta de trasladar declaraciones de testigos realizadas a mano a formato de computadora dentro del expediente de investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. De igual modo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, en particular en punto "segundo", manifestó lo siguiente: "Por lo que en fecha 15 de febrero de 2019 por medio de escrito solicité a la agente del ministerio público lo siguiente: [.] 1.- Por medio del presente escrito acudo a solicitar se me proporcione una copia siempre (sic) del total de la investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. 2.- Por medio del presente escrito solicito se me proporcione copia certificada del dictamen psicológico realizado a la C. Elizabeth Raygoza dentro de la investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. 3.- Así mismo dentro de la investigación 168/UEIMV/MGMS/2018 se encuentran recabados por agentes ministeriales algunos testimonios que fueron anotados a mano y los cuales son un poco ilegibles por lo que solicito de manera respetuosa sean trasladados de su estado original de escrito a mano a un escrito realizado por computadora, para su plena comprensión y de dichos escritos se me proporcione una copia siempre (sic). [.] Asimismo, exhibe la determinación de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Epecializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, a través de la cual se da contestación a las peticiones del promovente del amparo. Por otro lado, en su escrito aclaratorio la parte quejosa refiere en el punto que señala como "cuarto" que no se ha citado a la audiencia inicial, pero que de cierta manera sí ha sido citado a la carpeta de investigación; asimismo, señala que el juez de control lo requirió para que proporcionara el domicilio del imputado, lo cual realizó el once de marzo del año en curso, siendo notificado el quince siguiente para asistir a audiencia a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de este mes y año, sin haber asistido. De lo que se desprende que la intención del quejoso es que se tenga como acto reclamado el siguiente: LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LA QUE SE NEGÓ LA EXPEDICIÓN DE COPIAS AL QUEJOSO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 168/UEIMV/MGMS/2018. Sentado lo anterior, quien aquí resuelve considera que la demanda de derechos resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, misma que expresa lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se advierte de autos el acto reclamado fue dictado por una autoridad administrativa, a saber, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas. Por su parte, los artículos 16, párrafo décimo cuartio, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;" (Lo resaltado es propio). Por otro lado, los artículos 216 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar al imputado, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público en caso que se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Lo anterior implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las determinaciones u omisiones en que incurra el Ministerio Público, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) VII. Juez de Control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; (.) Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (.). Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, del artículo 258 transcrito, se desprende que éste establece la existencia de un medio de impugnación, el cual tiene una naturaleza vertical, es decir, que un órgano superior (Juez de Control) y distinto al que se le atribuye la abstención procesal, revisa la legalidad de éste y tiene una tramitación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el imputado, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como la que en el caso nos ocupa, consistente en que el Ministerio Público se niegue a permitir la obtención de las copias. Más aún que el citado artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expresamente establece que en caso de que el agente del Ministerio Público se niegue a permitir la obtención de las copias al imputado o su defensor, podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por lo anterior, resulta inconcuso que conforme a lo previsto en los artículos 16, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 216, 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el accionante del juicio de amparo debe acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar la determinación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Epecializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas que el permita el acceso a la obtención de las copias, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que el imputado, la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que, de ser procedente, conmine al Agente del Ministerio Público para que le sean facilitados todos los datos y copias que solicite para su defensa y que consten en el proceso, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; por tanto, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la omisión en que a su consideración incurrió la autoridad responsable. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el imputado se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Sustenta lo anterior, la tesis I.6o.P.123 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial". Argumentación que es acorde con los razonamientos plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se destacó que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. Criterio jurisprudencial que dispone. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Además, la determinación reclamada de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por la que se negó la expedición de copias al quejoso de la carpeta de investigación 168/UEIMV/MGMS/2018, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, sino que se traduce en un acto de molestia. De ahí que, previo acudir al juicio de amparo, el quejoso tenía que agotar el recurso de revisión previsto en el artículo el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado; circunstancia que no aconteció. Por tanto, si el impetrante de derechos, no agotó el medio de defensa previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Aunado a que también se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la invocada ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo será improcedente, en los demás casos, en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la invocada ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclame actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." [.]" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se advierte que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento fuera de juicio o después de concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en el texto constitucional y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna irreparable a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, el acto reclamado, trata de la determinación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por la que la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación Mixta del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, en la que negó la expedición de copias al quejoso de la carpeta de investigación 168/UEIMV/MGMS/2018. Sin embargo, tal actuación no se considera de imposible reparación para poder ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no afecta de manera inmediata y cierta un derecho sustantivo del promovente. Lo anterior, es así, puesto que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó expuesto en líneas anteriores, el acto reclamado no tiene como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, pues se trata de un acto en el procedimiento que arroja una consecuencia procesal, sin que afecte inmediata y directamente tales derechos. Además no debe de perderse de vista que en la integración de una averiguación previa donde se investiga la probable comisión de una conducta ilícita, a la postre corresponde al juez de la causa, en su caso, resolver sobre el pedimento del fiscal investigador, o, bien puede suceder que el agente del ministerio público considere que no existen elementos para ejercer acción penal. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, tiene facultades de investigación del delito y por otra, tiene la obligación de acreditar los elementos constitutivos de éste, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio en este momento procesal, ya que la afectación, en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público. Al respecto es aplicable a contrario sensu la tesis: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De una interpretación amplia del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a que alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, es decir, el que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y no exclusivamente el que se sigue ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal; en relación con lo anterior, el artículo 8o. del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, contempla dentro de las distintas etapas de que consta el enjuiciamiento penal estatal, a la averiguación previa que abarca las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o sus auxiliares, con motivo de la comisión de un delito y que termina con la resolución en que se decide ejercer acción penal o con la determinación del procurador confirmando el criterio del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal; esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, la averiguación previa guarda identidad con el proceso penal, porque el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, prevé disposiciones comunes para la averiguación previa y la instrucción que se lleva ante el órgano jurisdiccional, las cuales comprenden similarmente lo referente a la comprobación del cuerpo del delito, huellas del delito, atención médica a los lesionados y aseguramiento de inculpado; igualmente, el Ministerio Público, en la averiguación previa, tiene que hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para en su caso, ejercer acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el Juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. En ambos casos, se estará a lo dispuesto por el código procesal penal ya sea para el desahogo de las pruebas, como para su valoración. Por ello, debe considerarse a la averiguación previa, en una interpretación amplia del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el Juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de garantías". Cabe agregar que, no se soslaya que las consecuencias generadas por el acto reclamado podrían traducirse en un menoscabo al derecho de defensa que tiene dentro de la investigación de origen, cierto es también, que tales consecuencias, se encuentran supeditadas a los resultados que arroje la investigación o diligencias que en su momento practique la Fiscal Investigadora, mismo que en este momento no le genera afectación alguna, puesto que podría llegarse al extremo, se insiste, de que la Agente Investigadora determine que no existe conducta delictiva alguna. Es por ello, que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó expuesto en líneas anteriores, el acto reclamado no tiene como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, pues se trata de un acto que arroja una consecuencia procesal, sin que afecte inmediata y directamente tales derechos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Francisco Ortega Villalobos, por conducto de su defensor Israel Raygoza Márquez. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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