Francisco Pasillas Fernández
Expediente 987/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Pasillas Fernández
- Director O Jefe de la Policía Preventiva de Valparaiso, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del once al veinticinco de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el tres de septiembre del año en curso dentro del presente juicio de amparo 987/2017. Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión; sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. Que sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, consistentes en el duplicado de la causa penal 57/2014. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de tres de septiembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Luego, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que por una parte se concedió y por otra se negó la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese dicho incidente al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en el duplicado de la causa penal 57/2014, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En tres de septiembre de dos mil dieciocho, el que suscribe Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso en auto de quince de agosto del año en curso, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, sin que hubiera cumplido con esa determinación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso por auto de quince de agosto del año en curso, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el referido proveído y se procede al análisis del sobreseimiento del presente juicio de derechos en su perjuicio ante la falta de interés, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos se advierte que durante la tramitación del presente juicio se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1.- En auto de diez de mayo del año en curso, se ordenó la investigación del domicilio emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, a efecto de lograr su emplazamiento para tal efecto se giraron oficios al vocal secretario del Instituto Nacional Electoral, titular del Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad, gerente de Teléfonos de México, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del estado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos con residencia en esta ciudad, a fin que de contar en sus archivos y registros con el domicilio del citado tercero interesado lo proporcionaran para llevar a cabo su emplazamiento (foja 173) 2. Mediante proveídos de dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veinticuatro de mayo del presente año, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el vocal secretario del Instituto Nacional Electoral, titular del Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad, gerente de Teléfonos de México, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del estado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos con residencia en esta ciudad, y en atención al requerimiento que les fue formulado, informaron que después de haber realizado búsqueda en la base de datos con que cuenta la dependencia a su respetivo cargo, no se localizó registro a nombre del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez; y con motivo de ello, se procedió a requerir al quejoso por el término de tres días, para que proporcionara el domicilio actual y correcto del referido tercero interesado. (foja 249) Atendiendo a que el quejoso no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio del mencionado tercero interesado, en auto de veintiséis de julio del año en curso, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento del mencionado tercero interesado, por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera en el lapso de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en este juicio de derechos (foja 266). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, a fin de emplazarlo al presente juicio de derechos, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Por último, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;.". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvo como tercero interesado a Víctor Hugo Torres Rodríguez, y no obstante que se requirió en reiteradas ocasiones al quejoso a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veintiséis de julio del año en curso, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; sin que haya comparecido, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de derechos. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión del promovente del amparo genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "....Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso por auto de quince de agosto del año en curso, para que compareciera ante este Juzgado a efecto de que se le entregaran los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el referido proveído y se procede al análisis del sobreseimiento del presente juicio de derechos en su perjuicio ante la falta de interés, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos se advierte que durante la tramitación del presente juicio se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1.- En auto de diez de mayo del año en curso, se ordenó la investigación del domicilio emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, a efecto de lograr su emplazamiento para tal efecto se giraron oficios al vocal secretario del Instituto Nacional Electoral, titular del Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad, gerente de Teléfonos de México, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del estado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos con residencia en esta ciudad, a fin que de contar en sus archivos y registros con el domicilio del citado tercero interesado lo proporcionaran para llevar a cabo su emplazamiento (foja 173) 2. Mediante proveídos de dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veinticuatro de mayo del presente año, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el vocal secretario del Instituto Nacional Electoral, titular del Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad, gerente de Teléfonos de México, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del estado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos con residencia en esta ciudad, y en atención al requerimiento que les fue formulado, informaron que después de haber realizado búsqueda en la base de datos con que cuenta la dependencia a su respetivo cargo, no se localizó registro a nombre del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez; y con motivo de ello, se procedió a requerir al quejoso por el término de tres días, para que proporcionara el domicilio actual y correcto del referido tercero interesado. (foja 249) Atendiendo a que el quejoso no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio del mencionado tercero interesado, en auto de veintiséis de julio del año en curso, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento del mencionado tercero interesado, por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera en el lapso de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en este juicio de derechos (foja 266). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio del tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez, a fin de emplazarlo al presente juicio de derechos, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Por último, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;.". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvo como tercero interesado a Víctor Hugo Torres Rodríguez, y no obstante que se requirió en reiteradas ocasiones al quejoso a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veintiséis de julio del año en curso, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; sin que haya comparecido, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de derechos. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión del promovente del amparo genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso d) y 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".
- Principal
El quince de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el quejoso Francisco Pasillas Fernández, no acudió a recibir los edictos para su publicación que se pusieron a su disposición por auto de veintiséis de julio del año en curso, a efecto de emplazar al tercero interesado Víctor Hugo Torres Rodríguez. En consecuencia, por última ocasión requiérase al quejoso Francisco Pasillas Fernández, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este Juzgado de Distrito a recibir los edictos de referencia. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior o una vez recibidos, no acredita dentro del término de veinte días siguientes a que se haga la notificación correspondientes haber entregado los edictos para su publicación, se sobreseerá en su perjuicio el presente juicio de derechos, de acuerdo a lo estatuido en el arábigo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:" (.) "II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" (.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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