Francisco Ortiz Castillo

Expediente 783/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
783/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Francisco Ortiz Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El trece de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinticinco de octubre al diez de noviembre del año en curso; sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veinte de octubre de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de octubre de la presente anualidad, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, y en atención a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. De igual forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL

  2. Principal

    El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con un oficio registrado con número de folio 14307.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISÉIS DE OCTUBRE DOS MIL DIECISIETE. Vista el oficio de cuenta mediante el cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, formula su alegato ministerial, escrito que se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de que el veinte de octubre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

  3. Principal

    El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa por auto de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, en el que se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director Local de la Dirección Local de Zacatecas, y las constancias con las cuales dio respuesta a la petición de la quejosa y que es materia de este juicio de amparo; así mismo que en escrito registrado con folio 13105 (foja 32), signado por Eduardo Hernández Ramírez autorizado de la parte quejosa comunica que la autoridad responsable dio respuesta a su escrito de petición; en consecuencia, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 64 primer párrafo de la Ley de Amparo. Por otra parte, de autos se advierte que el acto reclamado y la autoridad responsable en el presente juicio de amparo son: Autoridad responsable: Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional de Agua; Acto reclamado: La falta de respuesta o resolución al escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete y recibido por la oficialía de partes de la autoridad responsable el tres de agosto del año en curso. De lo anterior y virtud al estado de los presentes autos, se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclama la falta de respuesta o resolución por parte del Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional de Agua al escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Del informe justificado rendido por ésta se advierte la certeza del acto reclamado; no obstante lo anterior del referido informe se adjuntó las constancias relativas a la contestación de la solicitud realizada por la parte quejosa, con la cual se le dio vista para que si era su deseo ampliara la demanda respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable; asimismo, el autorizado de la parte quejosa informa que la autoridad dio respuesta a su escrito de petición, por lo que los efectos del acto reclamado cesaron. Por tanto, al haberse destruido la situación jurídica que dio origen al amparo, es decir toda vez que el Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional de Agua dio respuesta al escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete y lo notificó a la parte quejosa por conducto de su autorizado el diecinueve de septiembre de este año, así como la falta de interés por la parte quejosa en el sentido de ampliar su escrito de demanda en los términos referidos en auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, pues no es factible que los actos reclamados puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, SE DEJA SIN EFECTO LA HORA Y FECHA SEÑALADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (once horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

  4. Principal

    El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. El suscrito licenciado Juan García Trejos, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Asimismo, el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa mediante auto de veintiuno de septiembre de la presente anualidad transcurre del veintiséis de septiembre al dieciocho de este mes y año. Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario Juan García Trejo da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el escrito de cuenta signado por el quejoso de lo que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le concedieron en auto de veintiuno de septiembre de la presente anualidad a la parte quejosa para ampliar su demanda quien fue notificada el veintidós de septiembre del año en curso, surtiendo efectos el veinticinco y comenzado el computo de los quince días el veintiséis del mismo mes y año y concluye el dieciocho del presente mes y año; por tanto, aún sigue transcurriendo el plazo concedido y a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

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