Francisco Ordaz Rodríguez

Expediente 1241/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1241/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Ordaz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1241/2023 promovido por ******************** contra actos de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos, con sede en Ciudad de México. (Foja 66) Enlace de Transparencia de CFE Distribución Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. (Foja 68) Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad y Titular de la unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, con residencia en Ciudad de México. (Foja 70) Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos de la División de Distribución Centro Occidente de CFE Distribución, con residencia en esta ciudad. (Foja 74) Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México. (Foja 75) Director General de Asuntos Jurídicos del instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, representación de los Comisionados que integran el Pleno y como Representante Legal de ese Instituto, con residencia en Ciudad de México. (Foja 84) Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México. (Foja 128) EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridad responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 929/2023 recibido por este juzgado el diez de octubre del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de catorce de noviembre pasado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1241/2023, promovido por Francisco Ordaz Rodríguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EPS CFE DISTRIBICIÓN POR CONDUCTO DE SU ENLACE DE TRANSPARENCIA. ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBICIÓN CENTRO OCCIDENTE DE CFE DISTRIBUCIÓN EN ESTA CIUDAD. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar, que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VIII- 1241/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de la presente anualidad, FRANCISCO ORDAZ RODRÍGUEZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda de amparo y aclaración realizada a través del escrito de cuenta, en cumplimiento a la prevención que fue formulada por este juzgado en auto de veinticinco de septiembre del año en curso los ACTOS RECLAMADOS consisten en: "A- De la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, la H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama: (i) su intervención en el proceso legislativo relativo a la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto de fecha 4 de mayo de 2015 que contiene la expedición del decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el Decreto de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, que contiene las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en lo que se refiere al artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor en su primer acto de aplicación a través del acto reclamado (resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos del acto reclamado. Que el DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es impugnado por su primer acto de aplicación, es decir, como norma hetero aplicativa en perjuicio del quejoso, por parte de la Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos de la División de Distribución Centro Occidente de CFE Distribución, al haber emitido y notificado el oficio número SRH-325/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual se le notifica el contenido de la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona. B- DE LA ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE DE CFE DISTRIBUCIÓN señalo el oficio número SRH-325/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual me notifica el contenido de la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso, emitida por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona. C- De la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DENOMINADA CFE DISTRIBUCIÓN POR CONDUCTO DE SU ENLACE DE TRANSPARENCIA la inminente entrega de mi información al COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso. D- Del COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD en su carácter de sujeto obligado la inminente entrega de mi información al INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso. E- Del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES señalo la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso y su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia de los actos reclamados. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En ese tenor, el quejoso solicita la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que guardan, a fin de que cesen de forma inmediata las conductas en que se constituyeron las responsables. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés suspensional. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. f) por lo que respecta a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas, siguiendo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho cuyos elementos han quedado establecidos con anterioridad. Asimismo, cabe precisar que la parte quejosa solicitó la suspensión para diversos efectos, esencialmente vinculados a la no divulgación de la información que le fue solicitada; y, evitar la imposición de sanciones por ello. Por ende, este juzgador resolverá sobre la suspensión únicamente en relación con los actos reclamados y también en torno a los efectos que se solicitan. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad; además que la existencia de las normas reclamadas constituye un hecho notorio, acorde al artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa reclama la posible afectación de realizarse la publicación de la información relativa a datos personales confidenciales (domicilio particular, ubicación exacta donde se proporcione calle, número, colonia, alcaldía o municipio, entidad federativa y código postal, rutas de tránsito habituales, fotos satelitales del domicilio como fue ordenado en la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente RRA 2265/2023; acto que también combate como uno de aplicación del artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, en relación con la emisión de la Ley reclamada, se niega la medida cautelar, porque se trata de un acto consumado; y, la suspensión en relación con tal emisión, no tiene efectos restitutorios. En cambio, respecto de sus efectos y los de la resolución reclamada, al ser actos positivos son susceptibles a su paralización. (iv) Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si los actos de los que se duele la parte quejosa inciden en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, la posible afectación a su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa acredita indiciariamente su interés suspensional con las documentales que agregó a su escrito inicial de demanda y que lo identifican como trabajador de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE DISTRIBUCIÓN. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009674 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados, no parece que, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podría causar daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de proporcionarse la información requerida en la resolución de treinta de agosto del año en curso, se vería afectada de manera irreparable el derecho a la protección de los datos personales de la parte quejosa. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora, la afectación (daño o perjuicio) que se generó o pueda generar con el acto de autoridad reúna o no el atributo de "difícil reparación con motivo su ejecución", el Juez de amparo debe otorgar la suspensión, debido a que la finalidad perseguida por el legislador mediante la medida suspensional es que cuando está demostrada la apariencia del buen derecho se anticipe la tutela constitucional. Ello, pues el propio legislador fue enfático en que tratándose del juicio de amparo debe imperar el principio general según el cual "la necesidad de acudir a un proceso para obtener la razón, no debe perjudicar a quien la tiene." Por tanto, se considera que basta que del estudio que efectúe el Juez de la demanda de amparo, anexos, pruebas e informes se desprenda la verosimilitud del derecho alegado por la promovente y que conforme a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia del buen derecho) para que la medida suspensional deba ser concedida a fin de que, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, la parte quejosa no resienta los efectos y consecuencias del acto de autoridad impugnado. Es por ello que la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a la ley de la materia, no debe ser considerado como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. Los anteriores argumentos dieron génesis a la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022619, que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO. Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto. Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión." En ese orden de ideas, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado a Francisco Ordaz Rodríguez, para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y: a) No sea enviada la información requerida a través de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del expediente administrativo 13 RRA 2265/2023, del índice del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales; y, b) No se imponga, por el momento, sanción alguna al quejoso por no presentar la información solicitada. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el siguiente criterio, cuyo rubro y texto atienden a tenor siguiente: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA LOS DATOS SOBRE SU DOMICILIO, SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES ECONOMICOS, COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN ESTAR PROTEGIDOS FRENTE A INTROMISIONES ILEGITIMAS.- Hechos: En un procedimiento administrativo seguido a una empresa por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se emitió una resolución mediante la que se sancionó a la misma por haberse estimado la comisión de prácticas económicas absolutas; dicha empresa reclamó en amparo indirecto la versión pública de la resolución de mérito, mediante la que se ordenó la publicación y difusión de sus datos de identificación, por haberse tratado de una persona jurídica, así como lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al haber estimado que resultaba inconstitucional al sólo proteger la información que contuviera los datos de identificación de las personas físicas, y no así los de las personas jurídicas, como era su caso.- Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del contenido literal de la porción normativa en comento, que establece como información confidencial aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no se advierte que excluya expresamente de esa tutela a las personas jurídicas en cuanto a su domicilio y sus comunicaciones, o bien, ciertos informes económicos, comerciales o inherentes a su identidad que, de suyo, si deben estar protegidos frente a intromisiones ilegitimasJustificación: Lo que se obtiene de la norma no explicitada, derivada de lo establecido en el diverso ordenamiento al que, precisamente, se debe tal disposición, por deferencia jerárquica, es decir, por virtud del entendimiento que confiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, respecto a que los datos que se consideran confidenciales son los concernientes a cualquier persona en términos amplios, esto es, tanto a las físicas como a las jurídicas. Además, en atención al principio pro persona, al que hacen alusión tanto el artículo 10 constitucional como la parte final del artículo 6 de la aludida Ley General, de los posibles significados que puedan atribuírsele a la fracción I del artículo 113 en cuestión, el que mayor beneficio genera es aquel que no acota la protección de datos confidenciales a un tipo de persona, sino a las personas físicas y jurídicas, en términos generales. Sin que lo anterior exima de la posibilidad de ponderar la protección de los datos confidenciales de las personas jurídicas, con la posibilidad de conculcar los derechos de terceros." De igual manera resulta aplicable el siguiente criterio, cuyo rubro y texto atienden al tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE OBLIGA A UN SINDICATO A DAR INFORMACIÓN RESPECTO DE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD SU OTORGAMIENTO NO AFECTA EL ORDEN PUBLICO NI EL INTERES SOCIAL. El otorgamiento de dicha medida no afecta el orden público ni el interés social en el caso precisado, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse con la ejecución del acto reclamado, pues si bien es cierto que el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de acceso a la información pública, también lo es que éste no es irrestricto e ilimitado, y la salvaguarda del interés social sólo se justifica cuando la publicidad de la información observe los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir la protección de los datos personales. En especie, el perjuicio por la ejecución del acto reclamado aludido se torna materialmente irreparable, debido a que la divulgación de la información importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo cual está protegido por los artículos 60., fracción II y 16 constitucionales y, por otro, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo." Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el presente caso no es necesario fijar garantía alguna a la parte quejosa, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión, no se defraudan derechos de terceros. La suspensión que se concede no surtirá sus efectos en caso de que a la fecha ya se hubiere enviado la información que constituye el acto reclamado, en cuyo caso, la suspensión no alcanza efectos restitutorios; asimismo. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a FRANCISCO ORDAZ RODRÍGUEZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1241/2023, promovido por Francisco Ordaz Rodríguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EPS CFE DISTRIBICIÓN POR CONDUCTO DE SU ENLACE DE TRANSPARENCIA. ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBICIÓN CENTRO OCCIDENTE DE CFE DISTRIBUCIÓN EN ESTA CIUDAD. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar, que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VIII- 1241/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de la presente anualidad, FRANCISCO ORDAZ RODRÍGUEZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda de amparo y aclaración realizada a través del escrito de cuenta, en cumplimiento a la prevención que fue formulada por este juzgado en auto de veinticinco de septiembre del año en curso los ACTOS RECLAMADOS consisten en: "A- De la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, la H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama: (i) su intervención en el proceso legislativo relativo a la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto de fecha 4 de mayo de 2015 que contiene la expedición del decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el Decreto de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, que contiene las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en lo que se refiere al artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor en su primer acto de aplicación a través del acto reclamado (resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos del acto reclamado. Que el DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es impugnado por su primer acto de aplicación, es decir, como norma hetero aplicativa en perjuicio del quejoso, por parte de la Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos de la División de Distribución Centro Occidente de CFE Distribución, al haber emitido y notificado el oficio número SRH-325/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual se le notifica el contenido de la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona. B- DE LA ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE DE CFE DISTRIBUCIÓN señalo el oficio número SRH-325/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual me notifica el contenido de la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso, emitida por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona. C- De la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DENOMINADA CFE DISTRIBUCIÓN POR CONDUCTO DE SU ENLACE DE TRANSPARENCIA la inminente entrega de mi información al COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso. D- Del COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD en su carácter de sujeto obligado la inminente entrega de mi información al INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso. E- Del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES señalo la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado con el número de expediente RRA 2265/23 derivado de la solicitud de acceso a la Información Pública con número de folio 330007722003925 de fecha treinta de agosto del año en curso y su inminente cumplimiento con las consecuencias legales y administrativas que recaigan a mi persona." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia de los actos reclamados. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En ese tenor, el quejoso solicita la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que guardan, a fin de que cesen de forma inmediata las conductas en que se constituyeron las responsables. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés suspensional. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. f) por lo que respecta a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas, siguiendo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho cuyos elementos han quedado establecidos con anterioridad. Asimismo, cabe precisar que la parte quejosa solicitó la suspensión para diversos efectos, esencialmente vinculados a la no divulgación de la información que le fue solicitada; y, evitar la imposición de sanciones por ello. Por ende, este juzgador resolverá sobre la suspensión únicamente en relación con los actos reclamados y también en torno a los efectos que se solicitan. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad; además que la existencia de las normas reclamadas constituye un hecho notorio, acorde al artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa reclama la posible afectación de realizarse la publicación de la información relativa a datos personales confidenciales (domicilio particular, ubicación exacta donde se proporcione calle, número, colonia, alcaldía o municipio, entidad federativa y código postal, rutas de tránsito habituales, fotos satelitales del domicilio como fue ordenado en la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente RRA 2265/2023; acto que también combate como uno de aplicación del artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, en relación con la emisión de la Ley reclamada, se niega la medida cautelar, porque se trata de un acto consumado; y, la suspensión en relación con tal emisión, no tiene efectos restitutorios. En cambio, respecto de sus efectos y los de la resolución reclamada, al ser actos positivos son susceptibles a su paralización. (iv) Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si los actos de los que se duele la parte quejosa inciden en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, la posible afectación a su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa acredita indiciariamente su interés suspensional con las documentales que agregó a su escrito inicial de demanda y que lo identifican como trabajador de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE DISTRIBUCIÓN. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009674 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados, no parece que, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podría causar daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de proporcionarse la información requerida en la resolución de treinta de agosto del año en curso, se vería afectada de manera irreparable el derecho a la protección de los datos personales de la parte quejosa. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora, la afectación (daño o perjuicio) que se generó o pueda generar con el acto de autoridad reúna o no el atributo de "difícil reparación con motivo su ejecución", el Juez de amparo debe otorgar la suspensión, debido a que la finalidad perseguida por el legislador mediante la medida suspensional es que cuando está demostrada la apariencia del buen derecho se anticipe la tutela constitucional. Ello, pues el propio legislador fue enfático en que tratándose del juicio de amparo debe imperar el principio general según el cual "la necesidad de acudir a un proceso para obtener la razón, no debe perjudicar a quien la tiene." Por tanto, se considera que basta que del estudio que efectúe el Juez de la demanda de amparo, anexos, pruebas e informes se desprenda la verosimilitud del derecho alegado por la promovente y que conforme a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia del buen derecho) para que la medida suspensional deba ser concedida a fin de que, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, la parte quejosa no resienta los efectos y consecuencias del acto de autoridad impugnado. Es por ello que la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a la ley de la materia, no debe ser considerado como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. Los anteriores argumentos dieron génesis a la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022619, que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO. Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto. Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión." En ese orden de ideas, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado a Francisco Ordaz Rodríguez, para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y: a) No sea enviada la información requerida a través de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del expediente administrativo 13 RRA 2265/2023, del índice del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales; y, b) No se imponga, por el momento, sanción alguna al quejoso por no presentar la información solicitada. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el siguiente criterio, cuyo rubro y texto atienden a tenor siguiente: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA LOS DATOS SOBRE SU DOMICILIO, SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES ECONOMICOS, COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN ESTAR PROTEGIDOS FRENTE A INTROMISIONES ILEGITIMAS.- Hechos: En un procedimiento administrativo seguido a una empresa por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se emitió una resolución mediante la que se sancionó a la misma por haberse estimado la comisión de prácticas económicas absolutas; dicha empresa reclamó en amparo indirecto la versión pública de la resolución de mérito, mediante la que se ordenó la publicación y difusión de sus datos de identificación, por haberse tratado de una persona jurídica, así como lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al haber estimado que resultaba inconstitucional al sólo proteger la información que contuviera los datos de identificación de las personas físicas, y no así los de las personas jurídicas, como era su caso.- Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del contenido literal de la porción normativa en comento, que establece como información confidencial aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no se advierte que excluya expresamente de esa tutela a las personas jurídicas en cuanto a su domicilio y sus comunicaciones, o bien, ciertos informes económicos, comerciales o inherentes a su identidad que, de suyo, si deben estar protegidos frente a intromisiones ilegitimasJustificación: Lo que se obtiene de la norma no explicitada, derivada de lo establecido en el diverso ordenamiento al que, precisamente, se debe tal disposición, por deferencia jerárquica, es decir, por virtud del entendimiento que confiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, respecto a que los datos que se consideran confidenciales son los concernientes a cualquier persona en términos amplios, esto es, tanto a las físicas como a las jurídicas. Además, en atención al principio pro persona, al que hacen alusión tanto el artículo 10 constitucional como la parte final del artículo 6 de la aludida Ley General, de los posibles significados que puedan atribuírsele a la fracción I del artículo 113 en cuestión, el que mayor beneficio genera es aquel que no acota la protección de datos confidenciales a un tipo de persona, sino a las personas físicas y jurídicas, en términos generales. Sin que lo anterior exima de la posibilidad de ponderar la protección de los datos confidenciales de las personas jurídicas, con la posibilidad de conculcar los derechos de terceros." De igual manera resulta aplicable el siguiente criterio, cuyo rubro y texto atienden al tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE OBLIGA A UN SINDICATO A DAR INFORMACIÓN RESPECTO DE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD SU OTORGAMIENTO NO AFECTA EL ORDEN PUBLICO NI EL INTERES SOCIAL. El otorgamiento de dicha medida no afecta el orden público ni el interés social en el caso precisado, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse con la ejecución del acto reclamado, pues si bien es cierto que el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de acceso a la información pública, también lo es que éste no es irrestricto e ilimitado, y la salvaguarda del interés social sólo se justifica cuando la publicidad de la información observe los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir la protección de los datos personales. En especie, el perjuicio por la ejecución del acto reclamado aludido se torna materialmente irreparable, debido a que la divulgación de la información importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo cual está protegido por los artículos 60., fracción II y 16 constitucionales y, por otro, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo." Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el presente caso no es necesario fijar garantía alguna a la parte quejosa, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión, no se defraudan derechos de terceros. La suspensión que se concede no surtirá sus efectos en caso de que a la fecha ya se hubiere enviado la información que constituye el acto reclamado, en cuyo caso, la suspensión no alcanza efectos restitutorios; asimismo. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a FRANCISCO ORDAZ RODRÍGUEZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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