Francisco Quiroz Bonifacio
Expediente 786/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Quiroz Bonifacio
- Juez de Control de la Región Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión tanto provisional como definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN Finalmente, de autos se advierte que obra específicamente a foja sesenta y ocho, dos discos que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, adjuntó a su informe justificado, devuélvanse los mismos; sin que sea necesario requerir a la citada autoridad el acuse de recibo, toda vez que el presente asunto se encuentra debidamente concluido y que de la guía de envío entregada por la vía de mensajería "ESTAFETA", obrará como tal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-786/2019, promovido por Francisco Quiroz Bonifacio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Francisco Quiroz Bonifacio, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número VIII-786/2019, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada; y, finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, consiste en dos determinaciones adoptadas en la audiencia intermedia de veinte de junio de dos mil diecinueve, a saber: La inadmisión o desechamiento de pruebas virtud a que la investigación complementaria estaba concluida. La negativa de excluir el testimonio pericial de Claudia Gabriela Torres Montoya. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el juez responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto la citada autoridad jurisdiccional remitió el copia digitalizada de la carpeta administrativa de la causa penal ZIT/5/2018, al que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En relación con la justipreciación de la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica que rige el juicio de derechos fundamentales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con su diverso 117, párrafo cuarto, corresponde al suscrito analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. Con relación a la indamisión de pruebas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al considerar que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, esto es, no hizo valer el recurso de apelación que prevé la legislación correspondiente previo a acudir a esta instancia constitucional. Para sustentar la causa de improcedencia, es oportuno trascribir el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto que se invoca en último término prevé´ el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame. Lo anterior, con excepción de los supuestos que el mismo apunta. A mayor abundamiento, es prudente señalar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad. Tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que la vía indirecta solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Para que se actualice la causal de improcedencia ante aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: ? Que se trate de una resolución que provenga de tribunal judicial, administrativo o del trabajo; ? Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, ? Que no se surta alguno de los supuestos de excepción. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. En virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que la audiencia preliminar en la que no se admitieron las pruebas fue dictada en la causa penal ZIT/5/2018 tramitada ante el juez responsable. También se actualiza el segundo de los requisitos enunciados consistente en que proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en atención a que, contra del desechamiento o inadmisión de pruebas procede el recurso de apelación, tal y como se explicará. La fracción XI del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control; (.) XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De esta disposición se desprende que las resoluciones en las que se excluya algún medio de prueba serán apelables, lo que se ajusta al supuesto reclamado, ya que el quejoso reclama lo resuelto en la audiencia intermedia en que se negó el derecho para ofrecer las pruebas que se pretendían desahogar en la etapa de juicio, esto es, en el acto reclamado se excluyeron los medios de prueba que pretendió ofrece el quejoso. Por último, en lo concerniente al tercer requisito, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que tiene la calidad de imputado y, finalmente, no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de acto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.10o.P.1 P (11a.) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito 11 que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXCLUYA ALGÚN MEDIO DE PRUEBA, CON ALGUNA EXPRESIÓN O VOCABLO QUE SE IDENTIFIQUE CON DESCARTAR, RECHAZAR, DESECHAR, NEGAR O INADMITIR. Hechos: En la audiencia intermedia el Juez de Control declaró "inadmisible" el medio de prueba ofrecido por la defensa del imputado; siendo ésta la determinación reclamada en el juicio de amparo indirecto del que derivó el recurso de queja. Criterio jurídico: Para establecer contra qué resoluciones del Juez de Control procede el recurso de apelación, en la hipótesis relativa a la exclusión de medios de prueba, este Tribunal Colegiado de Circuito determina que expresiones como "no ha tener lugar", "no procede la admisión" o el empleo de cualquier vocablo de naturaleza restrictiva que se identifique con descartar, rechazar, desechar, negar, denegar o inadmitir algún medio de prueba y que, por ello, resulte análogo, semejante o sinónimo de la acepción "excluyan", quedan comprendidos dentro del supuesto de procedencia del recurso indicado, previsto en la fracción XI del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Tomando en consideración que el objeto del precepto mencionado consiste en resguardar el derecho de aportar medios de prueba en el proceso penal acusatorio, lo que se relaciona con los diversos al debido proceso y de acceso a una justicia total, previstos en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara la necesidad de que las partes cuenten con un recurso ordinario (en el caso el de apelación) que les permita inconformarse contra la resolución del Juez de Control que afecte aquel derecho. Luego, si por el verbo rector consistente en "excluir" se entiende quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello; descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, debe entenderse que en dicha hipótesis se incluye cualquier expresión o vocablo cuyo significado implique la denegación, restricción o negativa de aportar pruebas, por lo que debe incluirse dentro del supuesto de procedencia del recurso de apelación referido." En esas condiciones se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación a la negativa de excluir el testimonio pericial ofrecido por el ministerio público, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consistente en la negativa de excluir el testimonio pericial ofrecido por el ministerio público y en consecuencia tener por admitido el mismo. Ante ello, dado el tema que nos ocupa -admisión de medios de prueba en la etapa intermedia-, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: "[...] 68. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. 69. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. 70. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. 71. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. 72. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. 73. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. 74. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido de la resolución recurrida, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes y que han quedado precisadas en esta ejecutoria, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. 75. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. 76. En efecto, respecto de la testimonial a cargo de los policías aprehensores [...] elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, su admisión no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. 77. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. 78. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales a cargo de [...], las imágenes de video grabación contenidas en una memoria "USB"; la evidencia material consistente en [...], puesto que su admisión no implica por sí misma un acto de imposible reparación, por las razones antes expuestas. 79. Del mismo modo, la pericial en materia de genética a cargo del perito [...], en los términos en que se ofreció y fue admitida, tampoco genera afectación irreparable al quejoso, puesto que no habrá de desahogarse respecto de su información genética, pues como el propio impetrante lo refiere, la pericial no tiene el objeto de determinar si las muestras de [...] derivan de él. 80. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. 81. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de pruebas, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia que el juez de distrito consideró aplicable al caso concreto, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. 82. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso [...]" Lo subrayado es propio. De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, la Primera Sala precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo relativo a las pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra determinaciones relativas a un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución por sí misma implique un acto de imposible reparación, por afectar un derecho fundamental. En ese supuesto, la Primera Sala señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, precisó que las determinaciones relativas a las pruebas (incluso de aquellas que se consideran ilegales), no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Luego, partiendo de las premisas anotadas, si en el caso, el quejoso reclama la resolución emitida por el juez responsable en la que se negó la exclusión de un medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público, dentro de la etapa intermedia; es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y, por tanto no es un acto de imposible reparación. Ello en razón de que la afectación en todo caso se generará en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el Tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas aptas e idóneas al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, tal y como lo determinó la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso amparo directo en revisión 669/2015, donde sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. También, precisó que en la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, dijo, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, determinó que en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral; no obstante, resaltó, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Así, dicho órgano colegiado concluyó, que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales. El criterio que nos ocupa, quedó plasmado en la tesis: 1a. LIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES." En ese contexto, aunque en etapa intermedia se hubiera admitido un medio de prueba para desahogarse en la etapa de juicio oral, nada impide que en la audiencia de debate se cuestione el valor de las pruebas. Por lo anterior, como lo estableció la Primera Sala, no se debe supeditar a que el acto reclamado pueda o no ser reparado en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución solo se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en la misma, pero no de circunstancias que debieron analizarse, cuestionarse o debatirse en etapas previas. En esa medida, en esta instancia constitucional sólo podrán ser objeto de análisis las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; de ahí que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado que nos ocupa, no genera una afectación irreparable de un derecho sustantivo, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Es así, pues para definir si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del mismo y a las consecuencias que produce, dejando al margen los planteamientos expuestos por la parte que se considera afectada con él. Entenderlo en sentido contrario implicaría dejar a criterio de la parte quejosa e inconforme la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible jurídicamente. Lo anterior, porque no podría considerarse que un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, pronunciado dentro de juicio, es de imposible reparación por la mera circunstancia de que la solicitante de amparo así lo manifieste. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, como lo previene el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Quiroz Bonifacio, en contra del acto que reclamó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-786/2019, promovido por Francisco Quiroz Bonifacio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Francisco Quiroz Bonifacio, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número VIII-786/2019, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada; y, finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, consiste en dos determinaciones adoptadas en la audiencia intermedia de veinte de junio de dos mil diecinueve, a saber: La inadmisión o desechamiento de pruebas virtud a que la investigación complementaria estaba concluida. La negativa de excluir el testimonio pericial de Claudia Gabriela Torres Montoya. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el juez responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto la citada autoridad jurisdiccional remitió el copia digitalizada de la carpeta administrativa de la causa penal ZIT/5/2018, al que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En relación con la justipreciación de la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica que rige el juicio de derechos fundamentales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con su diverso 117, párrafo cuarto, corresponde al suscrito analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. Con relación a la indamisión de pruebas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al considerar que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, esto es, no hizo valer el recurso de apelación que prevé la legislación correspondiente previo a acudir a esta instancia constitucional. Para sustentar la causa de improcedencia, es oportuno trascribir el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto que se invoca en último término prevé´ el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame. Lo anterior, con excepción de los supuestos que el mismo apunta. A mayor abundamiento, es prudente señalar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad. Tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que la vía indirecta solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Para que se actualice la causal de improcedencia ante aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: ? Que se trate de una resolución que provenga de tribunal judicial, administrativo o del trabajo; ? Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, ? Que no se surta alguno de los supuestos de excepción. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. En virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que la audiencia preliminar en la que no se admitieron las pruebas fue dictada en la causa penal ZIT/5/2018 tramitada ante el juez responsable. También se actualiza el segundo de los requisitos enunciados consistente en que proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en atención a que, contra del desechamiento o inadmisión de pruebas procede el recurso de apelación, tal y como se explicará. La fracción XI del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control; (.) XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De esta disposición se desprende que las resoluciones en las que se excluya algún medio de prueba serán apelables, lo que se ajusta al supuesto reclamado, ya que el quejoso reclama lo resuelto en la audiencia intermedia en que se negó el derecho para ofrecer las pruebas que se pretendían desahogar en la etapa de juicio, esto es, en el acto reclamado se excluyeron los medios de prueba que pretendió ofrece el quejoso. Por último, en lo concerniente al tercer requisito, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que tiene la calidad de imputado y, finalmente, no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de acto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.10o.P.1 P (11a.) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito 11 que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXCLUYA ALGÚN MEDIO DE PRUEBA, CON ALGUNA EXPRESIÓN O VOCABLO QUE SE IDENTIFIQUE CON DESCARTAR, RECHAZAR, DESECHAR, NEGAR O INADMITIR. Hechos: En la audiencia intermedia el Juez de Control declaró "inadmisible" el medio de prueba ofrecido por la defensa del imputado; siendo ésta la determinación reclamada en el juicio de amparo indirecto del que derivó el recurso de queja. Criterio jurídico: Para establecer contra qué resoluciones del Juez de Control procede el recurso de apelación, en la hipótesis relativa a la exclusión de medios de prueba, este Tribunal Colegiado de Circuito determina que expresiones como "no ha tener lugar", "no procede la admisión" o el empleo de cualquier vocablo de naturaleza restrictiva que se identifique con descartar, rechazar, desechar, negar, denegar o inadmitir algún medio de prueba y que, por ello, resulte análogo, semejante o sinónimo de la acepción "excluyan", quedan comprendidos dentro del supuesto de procedencia del recurso indicado, previsto en la fracción XI del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Tomando en consideración que el objeto del precepto mencionado consiste en resguardar el derecho de aportar medios de prueba en el proceso penal acusatorio, lo que se relaciona con los diversos al debido proceso y de acceso a una justicia total, previstos en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara la necesidad de que las partes cuenten con un recurso ordinario (en el caso el de apelación) que les permita inconformarse contra la resolución del Juez de Control que afecte aquel derecho. Luego, si por el verbo rector consistente en "excluir" se entiende quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello; descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, debe entenderse que en dicha hipótesis se incluye cualquier expresión o vocablo cuyo significado implique la denegación, restricción o negativa de aportar pruebas, por lo que debe incluirse dentro del supuesto de procedencia del recurso de apelación referido." En esas condiciones se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación a la negativa de excluir el testimonio pericial ofrecido por el ministerio público, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consistente en la negativa de excluir el testimonio pericial ofrecido por el ministerio público y en consecuencia tener por admitido el mismo. Ante ello, dado el tema que nos ocupa -admisión de medios de prueba en la etapa intermedia-, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: "[...] 68. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. 69. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. 70. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. 71. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. 72. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. 73. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. 74. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido de la resolución recurrida, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes y que han quedado precisadas en esta ejecutoria, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. 75. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. 76. En efecto, respecto de la testimonial a cargo de los policías aprehensores [...] elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, su admisión no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. 77. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. 78. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales a cargo de [...], las imágenes de video grabación contenidas en una memoria "USB"; la evidencia material consistente en [...], puesto que su admisión no implica por sí misma un acto de imposible reparación, por las razones antes expuestas. 79. Del mismo modo, la pericial en materia de genética a cargo del perito [...], en los términos en que se ofreció y fue admitida, tampoco genera afectación irreparable al quejoso, puesto que no habrá de desahogarse respecto de su información genética, pues como el propio impetrante lo refiere, la pericial no tiene el objeto de determinar si las muestras de [...] derivan de él. 80. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. 81. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de pruebas, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia que el juez de distrito consideró aplicable al caso concreto, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. 82. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso [...]" Lo subrayado es propio. De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, la Primera Sala precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo relativo a las pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra determinaciones relativas a un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución por sí misma implique un acto de imposible reparación, por afectar un derecho fundamental. En ese supuesto, la Primera Sala señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, precisó que las determinaciones relativas a las pruebas (incluso de aquellas que se consideran ilegales), no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Luego, partiendo de las premisas anotadas, si en el caso, el quejoso reclama la resolución emitida por el juez responsable en la que se negó la exclusión de un medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público, dentro de la etapa intermedia; es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y, por tanto no es un acto de imposible reparación. Ello en razón de que la afectación en todo caso se generará en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el Tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas aptas e idóneas al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, tal y como lo determinó la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso amparo directo en revisión 669/2015, donde sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. También, precisó que en la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, dijo, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, determinó que en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral; no obstante, resaltó, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Así, dicho órgano colegiado concluyó, que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales. El criterio que nos ocupa, quedó plasmado en la tesis: 1a. LIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES." En ese contexto, aunque en etapa intermedia se hubiera admitido un medio de prueba para desahogarse en la etapa de juicio oral, nada impide que en la audiencia de debate se cuestione el valor de las pruebas. Por lo anterior, como lo estableció la Primera Sala, no se debe supeditar a que el acto reclamado pueda o no ser reparado en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución solo se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en la misma, pero no de circunstancias que debieron analizarse, cuestionarse o debatirse en etapas previas. En esa medida, en esta instancia constitucional sólo podrán ser objeto de análisis las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; de ahí que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado que nos ocupa, no genera una afectación irreparable de un derecho sustantivo, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Es así, pues para definir si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del mismo y a las consecuencias que produce, dejando al margen los planteamientos expuestos por la parte que se considera afectada con él. Entenderlo en sentido contrario implicaría dejar a criterio de la parte quejosa e inconforme la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible jurídicamente. Lo anterior, porque no podría considerarse que un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, pronunciado dentro de juicio, es de imposible reparación por la mera circunstancia de que la solicitante de amparo así lo manifieste. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, como lo previene el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Quiroz Bonifacio, en contra del acto que reclamó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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