Francisco Miranda Méndez

Expediente 985/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
985/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Miranda Méndez
  • Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente ordinario laboral 1A-2757/2015que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 985/2019-VII, promovido por Francisco Miranda Méndez, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, Francisco Miranda Méndez promovió demanda de amparo indirecto en contra de la autoridad citada y por el acto que a continuación se precisa: "IV. EL ACTO O LA OMISIÓN QUE SE RECLAMA. La omisión de dejar insubsistente la caducidad del proceso decretada ilegalmente dentro del juicio laboral 1A/2757/2015." En escritos aclaratorios de doce de septiembre, nueve y veintiocho de octubre, todos de dos mil diecinueve, el quejoso refirió que al solicitar dejara insubsistente la caducidad, el Presidente de la Junta Responsable a su escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, emitió la siguiente determinación: La Presidencia acuerda: Téngase al promovente por hechas manifestaciones quedando enterada esta autoridad del contenido del mismo. Ahora bien, dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado, es decir, que se esté al acuerdo de data del 23 de mayo del 2016 y que obra en foja 46 el que empezó el cómputo del término previsto el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el día 21 de diciembre del 2016 se emitió proveído (foja 52), en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el artículo de referencia, esto es, se le tuvo por desistida la acción intentada en contra de la parte demandada, mismo que quedó firme después de la interposición de diversos juicios de constitucionalidad." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado de Distrito en el Estado, el que por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, previa prevención, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los informes justificados; se dio intervención al Ministerio Público, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque se combate una omisión atribuida a una Junta Laboral dentro de un juicio ante ella tramitado, cuyos efectos se materializan en este ámbito territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en: El acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve que resuelve negativamente la petición realizada por el quejoso, y determina que deja subsistente el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, donde se determinó tener por desistido al quejoso de la demanda laboral y ordena el archivo del asunto; y se le dijo que se esté a lo allá acordado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral 1A-2757/2015. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Al respecto cabe señalar que la autoridad responsable remitió copia certificada de algunas constancias que obran dentro del expediente laboral, de las que se desprenden los siguientes: 1. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil quince, el ahora quejoso Francisco Miranda Méndez demandó en la vía ordinaria laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, a Bulmaro Sánchez Armas, en su calidad de patrón de la huerta de aguacate, denominada "El Timbal", de quien reclamó el pago de diversas prestaciones por la relación laboral que mantuvo con el demandado (Fojas 1 a 7 del cuaderno de pruebas). 2. En treinta de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda, se ordenó emplazar a la demandada y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (Foja 14 del cuaderno de pruebas). 3. En dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se requirió al actor a efecto de que proporcionara el domicilio de la demandada para su emplazamiento, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, comenzaría a computarse en su contra la caducidad prevista en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo (Foja 44 del cuaderno de pruebas). 4. En veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis se determinó que había transcurrido el término concedido a la parte actora a efecto de que proporcionara el domicilio de la demandada, por lo que a partir de esa fecha empezaba a computarse el término para la caducidad (Foja 46 del cuaderno de pruebas). 5. En veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que había transcurrido el término concedido al actor a efecto de que proporcionara el domicilio del demandado, sin que lo hubiera hecho, por lo que se le tuvo por desistido de la acción intentada en contra del demandado, y ordenó el archivo del expediente (Foja 52 del cuaderno de pruebas) 6. Mediante escrito de tres de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó a la Junta responsable un informe sobre lo acontecido en el juicio de origen; por lo que en auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se determinó que debería estarse a lo acordado en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis (Fojas 97 a 101 del cuaderno de pruebas). 7. En escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el quejoso presentó demanda de amparo directo contra esa determinación, lo que se proveyó por la responsable el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, ordenando remitir los autos a la superioridad, auto que se notificó al actor, ahora quejoso el diez de julio de dos mil diecisiete (Fojas 107 a 119). 8. En veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, desechó por extemporánea la demanda de amparo planteada en el Amparo Directo laboral 925/2017; inconforme con esa determinación el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se declaró infundado en resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (Fojas148 a 152 del cuaderno de pruebas). 9. En escrito de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el actor promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto de la practicada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis del acuerdo de esa misma fecha; lo que se proveyó por la responsable el doce de abril del año en cita, en el sentido de desechar la incidencia planteada, y se notificó al promovente el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (Foja 177 del cuaderno de pruebas). 10. Inconforme con esa determinación, el quejoso promovió diversa demanda de amparo indirecto, del cual conoció este Juzgado Tercero de Distrito registrado bajo el número 423/2018; y en sentencia de quince de junio de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal ( Fojas 185 a 199 del cuaderno de pruebas). 11. En escrito presentado ante la Junta responsable el trece de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó se dejara sin efectos la caducidad decretada en el juicio de origen; petición que se proveyó el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en los términos siguientes: "[.] Ahora bien dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado, es decir que se esté al acuerdo de data 23 de mayo del año 2016 y que obra en foja 46, en el que empezó el cómputo del término previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el día 21 de diciembre de 2016 se emitió proveído (foja 52), en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el artículo de referencia, esto es, se le tuvo por desistida la acción intentada en contra de la parte demandada, mismo que quedó firme después de la interposición de diverso juicio de constitucionalidad" (Foja 218 del cuaderno de pruebas). QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante la certeza del acto reclamado, del análisis a las actuaciones del sumario, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: Época: Quinta Época Registro: 393973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 17 Página: 12 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De los artículos referidos y la tesis trascrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa. Es complementario de lo anterior, por el tema que trata acerca de la causa de improcedencia que se analiza, la tesis que dice: Época: Octava Época Registro: 918356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, P.R. TCC Materia(s): Común Tesis: 193 Página: 165 "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Con base en lo anterior, se puede colegir que para que opere la causa de improcedencia en estudio, se requieren dos supuestos: Un acto previo en contra del cual, el quejoso no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo, sólo sea consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el que, desde luego, no se combata por vicios propios. Ahora, el análisis relativo al consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el que se estima consentido y el derivado. Así las cosas, los actos derivados de actos consentidos son aquéllos que emanan directamente de uno que expresamente o por manifestaciones de voluntad es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Bajo esa premisa, en el particular, la parte quejosa se duele del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se acordó su escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual solicitó se dejara sin efectos la caducidad decretada en el juicio de origen, y al respecto se proveyó lo siguiente: "[.] Ahora bien dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado, es decir que se esté al acuerdo de data 23 de mayo del año 2016 y que obra en foja 46, en el que empezó el cómputo del término previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el día 21 de diciembre de 2016 se emitió proveído (foja 52), en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el artículo de referencia, esto es, se le tuvo por desistida la acción intentada en contra de la parte demandada, mismo que quedó firme después de la interposición de diverso juicio de constitucionalidad" Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable se advierte que efectivamente en veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que había transcurrido el término concedido al actor a efecto de que proporcionara el domicilio del demandado, sin que lo hubiera hecho, por lo que se le tuvo por desistido de la acción intentada en contra del demandado, y ordenó el archivo del expediente. Por lo tanto, si en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se adoptó por primera ocasión la determinación a la que fue remitido al solicitar por escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve se dejara sin efectos la caducidad decretada en el juicio de origen, esto es, en aquél auto se proveyó sobre la caducidad y archivo del juicio de origen, e incluso esa determinación la combatió en amparo directo número 925/2017, que se sobreseyó por extemporáneo; es dable concluir que el acto que ahora reclama es una consecuencia de lo resuelto en diverso auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Por lo tanto, la determinación adoptada en proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, debe estimarse consentida tácitamente. Se estima lo anterior, ya que si el quejoso no estaba de acuerdo con la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, desde ese momento estaba en aptitud de combatirla, sin que lo haya hecho en forma oportuna. Determinación que obtuvo firmeza al no haber sido impugnada a través del medio de defensa legal, lo que trajo como consecuencia que el pronunciamiento emitido en el proveído impugnado quedara firme. De ahí, que el acto de molestia en esta vía constitucional, no puede ser examinado, al ser una mera consecuencia de lo determinado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que no se reclamó oportunamente y por ende se entiende que deriva de un acto consentido, por lo que se actualiza la hipótesis prevista por los artículos señalados. En consecuencia, lo anterior impide el análisis del acto reclamado dada la improcedencia del presente juicio de amparo. Orienta lo anterior la tesis III.1o.A.11 K, que dice: Época: Novena Época Registro: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Página: 582 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". De ahí, que al actualizarse la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Por todo lo anterior, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Es aplicable al respecto la tesis que dice: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Miranda Méndez, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir el engrose del mismo. Doy fe.-

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 985/2019 promovido por Francisco Miranda Méndez contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a Bulmaro Sánchez Armas, quien fue debidamente emplazado mediante edictos a costa de Consejo de la Judicatura Federal, como se corrobora de las constancias que obran en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente ordinario laboral 1A-2757/2015. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante pedimento presentado el diez de marzo de dos mil veinte. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza. Doy Fe.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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