Francisco Ponce Campuzano

Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Francisco Ponce Campuzano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Francisco Ponce Campuzano; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEFINITIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por FRANCISCO PONCE CAMPUZANO, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía Regional de Morelia y otras autoridades. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114 en relación con el diverso 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda sobre los siguientes puntos: 1.- Aclare los actos que les atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables, esto es, atendiendo a las facultades que les otorga la ley, ya que si bien las distingue como ordenadoras y ejecutoras, a algunas de ellas no les corresponde la emisión y menos aún la ejecución de los actos que destaca. 2.- Ahora bien, dado que señala que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, y tal manifestación constituye un antecedente del acto reclamado, deberá expresar bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se ostentó sabedor de los actos reclamados Es pertinente hacer saber al quejoso que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 161/2013 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." 3.- Asimismo, bajo protesta de decir verdad precise el domicilio en el que aduce lo "andan buscando", con motivo de la orden dictada en su contra, dicho dato resulta relevante a efecto de determinar la competencia del suscrito, la cual constituye un presupuesto procesal de análisis preferente. 4.- Para que del escrito aclaratorio, de ser posible, se acompañen las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, otra más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y dos para el incidente de suspensión. APERCIBIMIENTO QUEJOSO Se apercibe al promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido en los puntos 1, 2 y 3, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. NO PROCEDE PROVEER SOBRE SUSPENSIÓN SIN ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO No pasa inadvertida la solicitud que formula la parte quejosa, en el sentido de que si hubiere un requerimiento para aclarar o precisar la demanda, ello no sea obstáculo para concederle de inmediato la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que de concederse o condicionarse la suspensión provisional de los actos reclamados al cumplimiento de cualquier requerimiento o aclaración, quedaría sin efectos la eficacia de la suspensión provisional en cuanto medida cautelar; sin embargo, no obstante que en el presente acuerdo previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se ha requerido a la parte quejosa para que aclare o complete su libelo, en torno a los puntos que se precisan con antelación, no es el caso de proveer de conformidad su solicitud, ya que previo a decretar la suspensión de los actos reclamados y dada la naturaleza de los mismos, es primario que este órgano jurisdiccional verifique si la demanda cumple o no con los requisitos legales que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, así como lo relativo a la procedencia de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la citada ley. Asimismo, cabe decir que, no procede conceder la suspensión en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de la Materia, ya que la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales y en la especie, no se está en ninguno de las anteriores hipótesis. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, como sucedería, verbigracia, tratándose de la orden de demolición de un inmueble arqueológico o la orden de destruir una pintura artística, hipótesis que en la especie no prevalece si se tiene en cuenta que el acto reclamado lo constituye la privación de la libertad, de ser procedente la demanda, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio" Asimismo, por contener el principio jurídico, la tesis VII.1º.A.T.7K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 978, del Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE.". Los criterios que se invocan, se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere en su escrito de cuenta, sin la plenitud de facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que la acredita como licenciado en Derecho, hasta en tanto acredite encontrarse facultada para ejercer la aludida profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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