Francisco Javier Zavala Cervantes

Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
847/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Zavala Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Habida cuenta que: 1. Conforme al análisis íntegro de la demanda de amparo, los actos que ante esta instancia constitucional reclama Francisco Javier Zavala Cervantes, al juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, son: El auto de vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ambos de fecha nueve de junio de este año, emanado de la causa penal número 201/2023. 2. De acuerdo con lo informado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con el carácter de Jueza de Control, en la audiencia de procedimiento abreviado celebrada el ocho de noviembre de este año dentro de esa causa penal, se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Javier Zavala Cervantes, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión del psicotrópico metanfetamina con fines de comercio, en la variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 245, grupo Il, y 479 de la Ley General de Salud; en la que se impuso al sentenciado las penas de cuatro años de prisión y ochenta unidades de medida y actualización, conforme al grado de reducción solicitado por la fiscalía; pena de prisión que, hace notar la autoridad oficiante, se computará a partir del dos de junio de este año, fecha en la que fue detenido; y se ordenó la suspensión de derechos políticos y civiles en términos del artículo 38, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentencia que por haber renunciado las partes del juicio original a interponer en su contra el recurso procedente, causó estado el propio ocho de noviembre. 3. A raíz de lo resuelto definitivamente en esa causa penal se dejó sin efecto la medida cautelar impuesta a Francisco Javier Zavala Cervantes, consistente en la prisión preventiva oficiosa, para empezar a contar a partir del ocho de noviembre de dos mil veintitrés como prisión punitiva. Tras considerar este juzgador que la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por quien resuelve, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del propio ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. - - - Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]. Pues, como se advierte de tal porción normativa, no procede el juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en él, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, para que se actualice la causal de improcedencia de que se trata, es preciso que concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Sobre el particular es dable invocar el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVII del invocado artículo 61, porque los procedimientos seguidos en forma de juicio se caracterizan por contar con etapas o estados procesales diferentes; como acontece en el caso de las causas penales del Sistema Penal Acusatorio que, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a continuación se trascribe: Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: - - - I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: - - - a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e - - - b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; - - - II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y - - - III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. - - - La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. - - - El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Constan de tres etapas: La de investigación; La intermedia o de preparación del juicio, y La de juicio. El segundo de los supuestos, consistente en la existencia de la resolución que haya cambiado la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso; se estima se encuentra demostrado en autos a través de las documentales que a este juicio constitucional allegó la autoridad responsable. En efecto, como lo mandata el arábigo 313 del ordenamiento adjetivo en consulta, es en la audiencia inicial en la que, después de informar al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realiza el control de legalidad de la detención si corresponde, se formula la imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado, se resuelve sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se define el plazo para el cierre de la investigación. En el juicio de origen, la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar reclamadas vía juicio amparo, tuvieron lugar, precisamente en la etapa inicial, el nueve de junio de este año; así lo acreditan los documentos públicos que, como soporte a su correspondiente informe justificado, adjuntó la autoridad responsable. Mientras que con el informe rendido por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Jueza de Control, al que adjunto, en copia certificada, el oficio que dirigió al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en esta capital, se demuestra que el ocho de noviembre de este año, en el que comunicó a este juzgado que en audiencia de procedimiento abreviado celebrada el ocho de noviembre de este año dentro de esa causa penal instruida contra Francisco Javier Zavala Cervantes, se dictó una sentencia que por haber renunciado las partes del juicio original a interponer en su contra el recurso procedente, causó estado el propio ocho de noviembre, a raíz de la cual se dejó sin efecto la medida cautelar impuesta a Francisco Javier Zavala Cervantes, consistente en la prisión preventiva oficiosa, para empezar a contar a partir del ocho de noviembre de dos mil veintitrés como prisión punitiva. Documentales referidas líneas atrás que, de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquieren valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por funcionarios autorizados para ello y no redargüidas de falsedad por las partes. Acreditada la situación inicial que guardó la parte quejosa en el juicio de origen y la que posteriormente adquirió al manifestar su conformidad con la sentencia que, entre otros efectos, dio por concluidos los actos que por esta vía reclamó; este juzgador tiene claro que de seguir por sus cauces legales este juicio y decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, se afectaría irremediablemente la nueva situación jurídica porque se estaría resolviendo sobre la procedencia o improcedencia del auto de vinculación y prisión preventiva pronunciados por el juez de origen y no sobre la constitucional de la sentencia; de ahí que las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior no puede ser de otra manera porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva del auto de vinculación a proceso de nueve de junio de dos mil veintitrés, sino de la sentencia de ocho de noviembre del año en curso emitida en la causa penal 201/2023 que generó diverso estatus jurídico; aunado a que dicho fallo guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. En consecuencia, por actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto en lo conducente la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital 180706, Novena Época, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia debido a que, desde la perspectiva de quien esto acuerda, no es necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, desde ahora se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones del caso en los registros correspondientes. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con el carácter de Jueza de Control, mediante el cual informa que en la audiencia de procedimiento abreviado celebrada el ocho de noviembre de este año dentro de la causa penal 201/2023, se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Javier Zavala Cervantes, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión del psicotrópico metanfetamina con fines de comercio, en la variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, en relación con los diversos 193 y 194, Fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 245, grupo Il, y 479 de la Ley General de Salud; en la que se impuso al sentenciado las penas de cuatro años de prisión y ochenta unidades de medida y actualización, conforme al grado de reducción solicitado por la fiscalía; pena de prisión que, hace notar la autoridad oficiante, se computará a partir del dos de junio de este año, fecha en la que fue detenido; y se ordenó la suspensión de derechos políticos y civiles en términos del artículo 38, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentencia que por haber renunciado las partes del juicio original a interponer en su contra el recurso procedente, causó estado el propio ocho de noviembre, dejando sin efectos la medida cautelar impuesta al ahí implicado, consistente en la prisión preventiva oficiosa, para empezar a contar a partir de esa fecha como prisión punitiva. A la luz de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, con lo anterior, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten con tal motivo lo que a sus intereses convenga, apercibidas que de no hacerlo, transcurrido el plazo, este juzgado resolverá lo que proceda a partir de la información que hasta entonces se cuente en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Previo a acordar en cuanto al fondo lo que proceda respecto de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se toma nota de que: A través de los avisos de suspensión firmados los días diecisiete y dieciocho de este mes, por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados, Jueces y Juezas de Distrito con residencia en esta ciudad, se comunicó a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, litigantes, Ministerios Públicos adscritos a los juzgados de Distrito y público en general, que se declararon inhábiles esos días (diecisiete y dieciocho de octubre de este año), por causas de fuerza mayor, ante el paro de labores organizado por las y los trabajadores de esos órganos jurisdiccionales. Por medio de la circular ********************, de la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y ante el aviso dado a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se tomó la decisión de realizar un Paro Nacional de labores en toda la República a partir del día diecinueve al veinticuatro de octubre de este año; se comunicó a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, Litigantes, Ministerios Públicos adscritos a los juzgados de Distrito y público en general, que los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tomaron la decisión de declarar inhábiles esos días y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales, salvo para la atención de los casos contemplados en los artículos 14 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. A través del aviso de declaración de días inhábiles pero laborales y esquema de atención para asuntos urgentes, firmado el veinticinco de octubre de este año por el Coordinador de Jueces y Juezas de Distrito del Décimo Primer Circuito, se comunicó a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, litigantes, Ministerios Públicos adscritos a los juzgados de Distrito y público en general, que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de este año, por causas de fuerza mayor, ante el paro nacional de labores plasmado en el oficio ********************, del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, salvo para la atención de los casos contemplados en los artículos 14 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, por no encontrarse encuadrado este asunto en los enunciados en el punto 3 de la circular de la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, no fue posible desahogar la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés; por lo que con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se fijan ahora para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene al Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, remitiendo la constancia que acredita la notificación practicada, vía oficio, al licenciado Marcos Hermilo Castorena Arcos, agente del Ministerio Público de la Federación, tercero interesado en este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

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