Francisco Lopez Hernández

Expediente 862/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
862/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco Lopez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el pedimento por el que realiza diversas manifestaciones la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado en vía de alegatos, toda vez que el doce de los actuales, se resolvió en definitiva el presente asunto. En relación con la solicitud para que se le expida copias en los términos que señala, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias que refiere dicha representación social, previa identificación y recibo que se deje en el presente asunto para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARILYN **** ORF

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-862/2020-M, sin la comparecencia de las partes. Asimismo, se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con el escrito de cuenta se ordena proveer lo conducente en la etapa que corresponda dentro de la presente audiencia. Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las constancias que conforman el juicio de amparo en que se gestiona. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos y se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de mérito y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación escrito de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Francisco López Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Director del Centro de Reinserción Social para Delitos de Alto Impacto, Número 1, con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán; 2. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 3. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 4. Coordinador General de Centros Federales; Autoridades con sede en la Ciudad de México 5. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; 6. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", en Puente Grande, Jalisco; 7. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Tres "Noreste", en Matamoros, Tamaulipas; 8. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", Tepic, Nayarit; 9. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz; 10. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Seis "Sureste", con sede en Huimanguillo, Tabasco; 11. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Siete "Nor-Noroeste", de Guadalupe Victoria, Durango; y, 12. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Ocho "Nor-Poniente", en Guasave, Sinaloa. Acto reclamado: La orden de trasladar al quejoso del centro donde guarda reclusión a diverso complejo penitenciario. Segundo. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo y se proveyó lo conducente en relación con la suspensión de plano; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y en acuerdo de veintitrés marzo del año en curso se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a las autoridades con residencia en la demarcación geográfica donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden de trasladar al quejoso del centro donde guarda reclusión a diverso complejo penitenciario. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados señalaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que se aportara alguna para desvirtuar tales negativas. No obstante lo anterior, se advierte que por acuerdo de ocho de abril del año en curso, se tuvo al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número uno con residencia en Charo, Michoacán, informando que el treinta de marzo de dos mil veintiuno se llevó a cabo el traslado urgente del quejoso Francisco López Hernández a un diverso centro penitenciario con residencia en Apatzingán, Michoacán, con el objeto de proteger la integridad física del referido quejoso. Actuación que fue realizada con motivo de la sesión del mismo día celebrada por el Comité Técnico del Sistema Penitenciario con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán; lo que permite advertir que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de noviembre de dos mil veinte-, no existía el acto reclamado, ya que el mismo data del treinta de marzo de dos mil veintiuno, es decir, con fecha posterior a la interposición del libelo por el que se accionó la presente instancia. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco López Hernández, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene al quejoso Francisco López Hernández señalado como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter; o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se ordena practicarle las notificaciones de carácter personal de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el usuario Mareli86. De igual forma, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal mediante el correo electrónico que proporciona para tal efecto, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional. Por otro lado, se tiene al autorizado del quejoso formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por reproducidos y formulados los alegatos del autorizado en cita. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARILYN***ORF

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