Francisco Javier Sandoval Antonio

Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
554/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Sandoval Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 554/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, Francisco Javier Sandoval Antonio por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Returno. Por razón de turno, le tocó conocer la demanda de que se trata al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés la admitió a trámite y solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. El diez de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado de mérito envió por conocimiento previo, el juicio de amparo de que se trata a este Órgano, en donde se conoció del diverso juicio de amparo 857/2020, contra actos derivados del juicio ordinario civil 525/2020, del que también deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional. Tercero. Trámite. En atención a lo anterior, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 45) se aceptó el returno planteado, se dio vista con el informe justificado rendido por el Juez responsable y se requirió el informe faltante; finalmente, dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. El nueve de junio de dos mil veintitrés (foja 65), se reconoció el carácter de terceros interesados a Alan Alejandro y Ana Karen, ambos de apellidos Arcos Pereznegrón, quienes figuraron como parte acora en la demanda en reconvención, a quienes se ordenó emplazarlos a juicio. Finalmente, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (foja 142), se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que el acto reclamado tiene ejecución en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y al Secretario adscrito al mismo, consisten en: La orden de desalojo emitida en el juicio ordinario civil 294/2019, del índice del entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, que en reconvención promovieron Alan Alejandro y Ana Karen de apellidos Arcos Pereznegrón, frente a Rosa Elva Antonio Yniestra; ahora juicio 525/2022, respecto de un inmueble del cual ostenta la posesión. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y al Secretario adscrito al mismo, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (fojas 33 y 59). Lo anterior, se corrobora con las pruebas documentales que allegó a este juicio la primera de las autoridades responsables, consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 525/2020, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se considera que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal; numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para ello, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 2a./J.51/2019 (10a.), visible en la página 1598, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2019456 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos de propiedad o posesión afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien. En concordancia con lo anterior, deriva la necesidad que desde el escrito inicial de demanda, el quejoso invoque la causa generadora de la posesión que se pretende tutelar, dado que como se observó, no toda posesión es susceptible de protegerse a través del juicio de amparo, lo que encuentra justificación en la circunstancia de que con ello se respeta el principio de equidad procesal de las partes, dado que desde el inicio del procedimiento de amparo, tanto la autoridad responsable como el tercero interesado, deben conocer la causa jurídica que funda el ejercicio de la acción constitucional, para poder ejercer su derecho a impugnar dicha cuestión mediante la aportación de pruebas tendientes a desvirtuarla, así como objetar de falsa aquella causa, lo que no podrían hacer valer si desconocen el título jurídico que soporta la demanda. Asimismo, debe decirse que la invocación en la demanda de amparo de la causa generadora de la posesión cuya tutela constitucional se solicita, es la condición que permite al quejoso su demostración en el procedimiento de amparo, pues la materia de las pruebas que rinda con esa finalidad estará determinada por los hechos o causa de pedir que se exponga en el escrito inicial, entre ellos, los concernientes a la calidad jurídica de la posesión que se estima vulnerada, más cuando no ocurre así, las pruebas relativas resultarán inconducentes para ese propósito, pues no sería válido introducir a la litis, por vía de prueba, un elemento no señalado en la demanda. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis IV.2o.A.16 K, consultable en la página 1767, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 181072, que dice: "POSESIÓN. ES REQUISITO INDISPENSABLE EXPRESAR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SU CAUSA GENERADORA, DE LO CONTRARIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas; de lo anterior deriva la necesidad del quejoso de invocar en la demanda de amparo la causa generadora de la posesión que se pretende tutelar, dado que no toda posesión es susceptible de protegerse a través de las garantías individuales consagradas en el artículo 14 constitucional, sino únicamente la denominada posesión jurídica, ya sea originaria, o bien derivada, mas no así la simple detentación material sin causa alguna. Tal exigencia encuentra justificación en la circunstancia de que con ello se respeta el principio de equidad procesal de las partes, dado que desde el inicio del procedimiento de amparo, tanto la autoridad responsable como el tercero perjudicado y, en su caso, el Ministerio Público, deben conocer la causa jurídica que funda el ejercicio de la acción de garantías, para poder ejercer su derecho a impugnar dicha cuestión mediante la aportación de pruebas tendientes a desvirtuarla, así como objetar o redargüir de falsa aquella causa, lo que no podrían hacer valer si desconocen el título jurídico que soporta la demanda. Además de que la invocación en la demanda de garantías de la causa generadora de la posesión cuya tutela constitucional se solicita, es la condición que permite al quejoso su demostración en el procedimiento de amparo, pues la materia de las pruebas que rinda con esa finalidad estará determinada por los hechos o causa de pedir que se exponga en el escrito inicial, entre ellos, los concernientes a la calidad jurídica de la posesión que se estima vulnerada, mas cuando no ocurre así, las pruebas relativas resultarán inconducentes para ese propósito, pues no sería válido introducir a la litis, por vía de prueba, un elemento no señalado en la demanda. Por lo que si la parte quejosa no expresa la causa generadora de la posesión en la demanda de garantías, a fin de estar en aptitud de probar su existencia en el procedimiento de amparo, y se otorgue a las partes la debida oportunidad de conocerla y, en su caso, impugnarla, debe concluirse que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. De ese modo, debe decirse que basta imponerse del contenido del escrito inicial de demanda, para poder advertir que el impetrante del amparo Francisco Javier Sabndoval Antonio, omitió precisar la causa generadora de la posesión que dice detentar de inmueble ubicado en la Calle Santos Degollado Oriente número 126 Colonia Héroes Ferrocarrileros de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, requisito indispensable a fin de determinar si es de aquélla que protege el artículo 14 Constitucional, dado que únicamente se limitó a señalar que lo posee desde el tres de enero de dos mil veintidós. Lo que es más, del Acta de fe de hechos, certificación número (114), ante el Notario Público Número 185, en ejercicio y residencia en Zitácuaro, Michoacán, que aportó para demostrar su interés jurídico, en el que se anexaron recibo de la Comisión Federal de Electricidad, fotografías y levantamiento topográfico, tampoco se acredita tal extremo, dado que en se hizo constar los siguientes hechos: Una vez constituido y de tener a la vista el inmueble ubicado en líneas que anteceden, pude percibir que dicho inmueble es de un solo nivel, edificado con material de construcción, el cual es de color amarillo, inmueble que cuenta con un portón de color café y dos locales comerciales al frente, uno de ellos dedicado a la venta de flores y el segundo, a la venta de abarrotes, asimismo, cada local cuenta cortina elaborada con material de aluminio y la persona anteriormente descrita, cuenta con las llaves que corresponden a las dos cerraduras colocadas en la puerta de acceso, por lo que en este acto, procedo a verificar que son las llaves con las que se puede ingresar al interior del domicilio, motivo por el cual, deduzco que dicho inmueble se encuentra en posesión de la persona anteriormente citada, de igual forma, al cuestionar sobre el tiempo en que se tiene poseyendo dicho inmueble, refiere bajo protesta de decir verdad, que lo tiene en posesión desde el día 03 tres del mes de enero de 2022, de igual forma, manifiesta que la posesión la ha venido detentando de manera pacífica y continua, sin perjuicio de terceras personas, por lo que una vez manifestado lo anterior, el suscrito, procedo a ingresar a dicho inmueble para dar fe de las condiciones del mismo, las cuales se encuentran en buen estado de conservaciones y uso. Doy fe de que en el lugar mencionado se tomaron fotografías, que me solicita quien compareció ante mi fe, para que sean agregadas a la presente acta. Por tanto, Doy fe y certifico que las fotografías que obran anexas a esta acta, fueron tomadas en este acto por mi persona, las cuales coinciden plenamente con la realidad que yo como fedatario observo." De la anterior transcripción deriva, que el Fedatario Público hizo constar que tuvo a la vista el bien inmueble materia de la controversia respecto del cual señaló sus características, que el quejoso contaba con las llaves, de lo que dedujo que tenía la posesión, que éste le manifestó que la ostentaba desde el tres de enero de dos mil veintidós, de una manera pacífica y continua. De lo que se sigue, que al margen de si dicho documento y las constancias que a éste se anexaron -recibo de la Comisión Federal de Electricidad, fotografías y levantamiento topográfico- son aptas para demostrar la posesión, lo cierto es que son insuficientes para acreditar que el solicitante del amparo está legitimado para pedir la protección de la justicia federal contra la orden de desalojo, dado que de éstos tampoco deriva la causa generadora de la misma. Siendo esto así, es que el quejoso carece de interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo, porque basa su pretensión en una situación de hecho no derivado de un derecho, fundado en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer. De ahí que es inconcuso que la no demostración de que la posesión que se ejerce comprende el uso, disfrute y disposición de la cosa (según el tipo de posesión de que se trate), implicará que se trata de una simple tenencia material de un bien, respecto de la cual no es posible su tutela a través del amparo. Además, cobra aplicabilidad la tesis 2a. LIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Javier Sandoval Antonio, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo que antecede, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Karla Martínez Arenas, secretario que autoriza y da fe.En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 554/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vistas las circulares emitidas por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito ambos del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, se advierte que dada la suspensión de las labores por parte del personal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Morelia, Michoacán, se declararon inhábiles los días diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; por su parte, en la circular SGP/02/2023 suscrita por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, también se tuvieron como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro del mes y año en curso, razones por la cuales no fue posible la celebración de la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo que nos ocupa, en virtud de que no transcurrieron plazos de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se fijan ahora para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio y anexo por medio del cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, devuelve el despacho 359/2023 del índice de este juzgado debidamente diligenciado. En consecuencia, dése de baja el despacho en cuestión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, vistos el emplazamiento realizado a Alan Alejandro y Ana Karen, ambos de apellidos Arcos Pereznegrón, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se tienen por emplazados al presente juicio a los referidos terceros interesados. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre actual, este Juzgado de Distrito ordenó girar atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo el emplazamiento de los terceros interesados ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, sin que a la fecha obren las constancias con las que se acredite el cumplimiento de dicha encomienda. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

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