Francisco Javier Urbieta Ambriz

Expediente 1308/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1308/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Deura Coria Mendoza
  • Francisco Javier Urbieta Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Jefe del Departamento de la Coordinación de Adopción, Acogimiento y Reunificación Familiar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, mediante el cual informa que es necesario que la parte quejosa comparezca ante dicha autoridad a efecto de continuar con el trámite de adopción correspondiente. De lo anterior no se hace mayor pronunciamiento en virtud de que la protección constitucional se concedió para que la autoridad oficiante realizara lo siguiente: "Deje sin efectos el Acuerdo Administrativo PPNNA/132/2019 de catorce de noviembre de dos mil diecinueve; y, Acorde a lo establecido en el último considerando de esta sentencia, en atención al trámite de adopción iniciado por los quejosos, interprete el artículo 10, párrafo segundo de la Ley de Adopción en los ahí establecidos; esto es sin importar que entre los adoptantes y adoptado, no medien diecisiete años de edad y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a las particularidades del caso, determine si resulta procedente la tramitación dela adopción. Se reitera que la protección constitucional otorgada en este asunto, no vinculará a realizar acto alguno de cumplimiento a la autoridad que expidió el reglamento Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, porque los efectos del amparo biinstancial únicamente se limitan a proteger al impetrante, al no ser factible la declaratoria general de la inconstitucionalidad de las normas." Ahora, toda vez que en proveído de nueve de octubre de dos mil veinte se reservó proveer en relación con el oficio presentado por el Jefe de Departamento de Adopción, Acogimiento y Reunificación Familiar de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, lo que en la fecha ya aconteció, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Jefe del Departamento de la Coordinación de Adopción, Acogimiento y Reunificación Familiar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Michoacán, con sede en esta ciudad mediante el cual informa los trámites a efecto de cumplir con la sentencia de amparo.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento al fallo protector.****************************************Lo anterior, toda vez que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las autoridades responsables realicen lo siguiente:************************************************************"a) Dejen sin efectos el Acuerdo Administrativo ********************de catorce de noviembre de dos mil diecinueve; y,****************************************b) Acorde a lo establecido en el último considerando de esta sentencia, en atención al trámite de adopción iniciado por los quejosos, interpreten el artículo 10, párrafo segundo de la Ley de Adopción en los ahí establecidos; esto es sin importar que entre los adoptantes y adoptado, no medien diecisiete años de edad y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a las particularidades del caso, determine si resulta procedente la tramitación de la adopción".************************************************************Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el órgano jurisdiccional debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la autoridad en cita, para que dentro del término de tres días computado legalmente, informe lo relativo al trámite de adopción correspondiente y si las partes se presentaron ante las instalaciones de las responsables a efecto de continuar con el mismo.****************************************Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita.****************************************Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumplan con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: Dejen sin efectos el Acuerdo Administrativo ********************de catorce de noviembre de dos mil diecinueve; y, Acorde a lo establecido en el último considerando de esta sentencia, en atención al trámite de adopción iniciado por los quejosos, interpreten el artículo 10, párrafo segundo de la Ley de Adopción en los ahí establecidos; esto es sin importar que entre los adoptantes y adoptado, no medien diecisiete años de edad y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a las particularidades del caso, determine si resulta procedente la tramitación dela adopción. Se reitera que la protección constitucional otorgada en este asunto, no vinculará a realizar acto alguno de cumplimiento a la autoridad que expidió el reglamento Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, porque los efectos del amparo biinstancial únicamente se limitan a proteger al impetrante, al no ser factible la declaratoria general de la inconstitucionalidad de las normas. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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