Francisco Javier Rios Vazquez
Expediente 327/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Rios Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 327/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta y hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguno. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta y hace constar que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Francisco Javier Ríos Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: * Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; * Fiscal Regional de Justicia del Estado; * Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada de Justicia Integral para Adolescentes, todos con residencia en Zamora, Michoacán; y, * Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: * La orden aprehensión y/o detención y/o comparecencia girada contra el quejoso así como su ejecución. Segundo. Admisión de la demanda. El veintiséis de marzo pasado se registró la demanda de amparo y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter positivo atribuido a autoridades responsables ejecutoras, con residencia en este Distrito Judicial, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: * La orden aprehensión y/o detención y/o comparecencia girada contra el quejoso así como su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, adicionado y reformado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Javier Ríos Vázquez, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las autoridades siguientes: Jueza de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, Michoacán; y, Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Integral para Adolescentes con residencia en Zamora, Michoacán. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, uno de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que aún no obran los informes previos ni acuse de recibo de los oficios 6977, 6979, 6980 y 6981 dirigidos a las autoridades siguientes: Juez de Control y Enjuiciamiento de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; Fiscal Regional de Justicia del Estado; Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Agencia Especializada de Justicia Integral para Adolescentes; y, Comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado. Todas con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán. Consecuentemente, para dar lugar a que las autoridades en cita se encuentren en aptitud de rendir su informe respectivo, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con veinte minutos del ocho de abril de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que la agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, no ha remitido las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni ha informado las gestiones relativas para tal efecto. Ahora, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el juez debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: 1. Realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, 3. Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.) décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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