Francisco Javier Guerrero Perales

Expediente 389/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
389/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Guerrero Perales
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, en Cárdenas, San Luis Potosí

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, remitido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 186/2019-II (orden 561/2019), que fue enviado a fin de que notificara a Francisco Javier Guerrero Perales, el proveído de dos del mes y año en curso. En consecuencia, dese de baja, háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales enviadas por este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que sea necesario acusar recibo de estilo en virtud de que dicho sistema lo genera automáticamente. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de diez del mes y año que transcurre, se reservó acordar respecto del destino del presente asunto, por no obrar el exhorto enviado al Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, en turno, lo cual ya aconteció. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 389/2019-II, e informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Guerrero Perales, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo 1026/2019-VIII, de su índice. Finalmente, una vez que se reciba el exhorto enviado al Juzgado de Distrito en San Luis Potosí, en turno, para notificarle personalmente a ***, la determinación de dos del mes y año en curso, en el centro donde se encuentra recluido, se acordará lo procedente respecto al destino del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 389/2019-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues se estima que está configurada la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los efectos y consecuencias de los actos reclamados son ejecutados fuera de la residencia en que ejerce sus funciones este juzgado de distrito. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El invocado precepto legal establece los parámetros para fijar la competencia por territorio en el medio de control constitucional, lo cual obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En este orden de ideas, del examen del precepto legal en cita, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan: a) La primera, contenida en el primer párrafo de la norma en estudio, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda determina la competencia del Juez de Distrito en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, el juzgador que debe conocer y dirimir el litigio planteado es aquel ante quien se haya presentado la demanda de amparo. c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se presente la denuncia a la probable afectación de las prerrogativas constitucionales del promovente. En la especie, el peticionario de amparo considera que los actos controvertidos lesionan sus derechos fundamentales, habida cuenta que el juzgado responsable se ha negado a dejar sin efectos la medida de prisión preventiva que le fue impuesta en el citado proceso penal, la que refiere se ejecuta en el Centro de Reinserción Social con sede en Rioverde, San Luis Potosí, o bien, sustituirla por otra medida cautelar. Bajo este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolver el problema planteado en esta instancia, dado que dicho acto de autoridad no se ejecuta dentro del ámbito territorial en que ejerce sus funciones este órgano jurisdiccional. Por el contrario, aquél es llevado a cabo dentro de la jurisdicción de los juzgados federales con sede en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Es así que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, no resulta competente para conocer y resolver este juicio de amparo, dado que el desempeño de sus actividades las desarrolla fuera del ámbito territorial en que se ejecutan los actos de autoridad controvertidos. Ahora, para resolver la disyuntiva de qué órgano garante de derechos humanos es competente para continuar en conocimiento de este asunto, es necesario partir del hecho de que aquellos actos de autoridad han sido ejecutados, por ende, se actualiza la hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Amparo. No obstante, se está ante la problemática de que la demanda de amparo es promovida fuera del ámbito territorial de los Juzgados de Distrito en los que se ejecuta la pena privativa de libertad. Desde esta perspectiva, se considera que el órgano de control constitucional que debe dirimir en definitiva las peticiones del quejoso, es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, pues en su jurisdicción territorial se lleva a cabo la ejecución de los actos reclamados (Rioverde). Ello es así, si se parte del hecho de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí, lugar en el que está cumpliendo con la medida de prisión preventiva, de ahí que, al reclamar la resolución por la cual el juez responsable determina improcedente dejar sin efectos dicha medida cautelar, y por consecuencia ordenar su libertad, es evidente que ésta continúa ejecutándose en el centro penitenciario, que se localiza en el territorio del citado Juzgado de Distrito. En consecuencia, como este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad controvertidos, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, capital, a efecto de que resuelva lo que conforme a derecho estime pertinente. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes a que haya lugar y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Del mismo modo, se autoriza hacer uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner a los autorizados del promovente, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número 104, interior 13, zona centro, de esta ciudad. No obstante, no pasa desapercibido que el quejoso también señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Independencia, número 2818, interior 101, colonia Himno Nacional, en la ciudad capital, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano; por tanto, se le tiene señalando el ubicado el que se encuentra dentro de la jurisdicción de este órgano. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo le notifique el presente proveído en el referido centro penitenciario. Cabe precisar, que se conceden amplias facultades al Juez exhortado para que haga uso de los medios legales necesarios para el cumplir con la diligencia encomendada, las que para el caso de que estime pertinente librar despacho, podrá hacer extensivas a la autoridad que corresponda. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que lleve a cabo la diligencia encomendada inclusive en días y horas inhábiles. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema de seguimiento de expedientes lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del artículo 110 del referido Acuerdo General Conjunto, en un solo tanto. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuario adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente al quejoso vía exhorto en el lugar de su reclusión.

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