Francisco Javier Martínez Almazan

Expediente 6/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Martínez Almazan

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito, en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, mediante el cual informa que en los autos del amparo 26/2019-III, de su índice, se admitió la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Martínez Almazán, contra el acto que le reclama a este Juzgado Federal y otras autoridades. Ahora bien, en virtud de que el Juzgado oficiante, admitió la demanda de amparo de la cual este órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Francisco Javier Martínez Almazán, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 6/2019-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como cumpla con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia o no para conocer del libelo constitucional recibido. Para tal efecto, es necesario destacar que el sistema para establecer la competencia se encuentra previsto en los artículos 37, párrafo primero, y 38 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe de atender a los siguientes factores: La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. El territorio en el que éste ejerce su jurisdicción. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. En el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como: autoridades responsables, entre otras, a este órgano jurisdiccional y al Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; y, acto reclamado ".la ilegal orden de aprensión (sic) dictada contra el suscrito." En ese sentido, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: 1. Se actualiza la hipótesis de excepción contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, ya que se reclama un mandato de captura y se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de esta localidad, lo que incluye a este operador jurídico, por lo que, corresponde conocer de la presente demanda al Juez de Distrito más inmediato dentro de este Distrito. 2. No puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, puesto que como este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que los actos reclamados traten de ejecutarse o podrían ejecutarse, ha pasado a ser parte en el juicio de amparo intentado por el quejoso. Tiene puntual aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 106, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA.- Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un Juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el Juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como Juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el Juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno." Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en los numerales 38 en relación con el 48 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, residente en la capital, a quien, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera el más inmediato para conocer del presente juicio; b. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias; y, c. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos no se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el que precisa en el ocurso de cuenta y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ernesto Zamudio Balderas, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a Jorge Luis Moctezuma Gracida, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de la Materia, se autoriza únicamente para imponerse autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.

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