Francisco Javier Cardozo Fuentes
Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Javier Cardozo Fuentes
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a la autoridad responsable y a la parte tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 7.1.1.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia en cita, se tiene como delegada de la responsable de mérito a la persona que menciona. Por cuanto a la copia certificada de las constancias que remite, deducidas del expediente laboral 652/2015 en apoyo a su informe justificado, se tienen desahogadas dichas documentales dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de que ello suceda, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de tal suerte que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia; aun cuando no se haya dado vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al juicio, dilatando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no se depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De las constancias que obran agregadas en autos, de entre las que destaca la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar su escrito de siete de diciembre de dos mil veinte, que presentó ante la responsable el diez siguiente, con el que solicitó que se dictara auto de ejecución dentro del expediente laboral 652/2015 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, requiriendo a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, para que cumpliera con la prestación que se le condenó en el laudo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, consistente en cambiar la pensión de cesantía por edad avanzada por la de vejez. Por otro lado, de las constancias certificadas que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se advierte que mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable acordó la promoción presentada el diez de diciembre de dos mil veinte, por el apoderado del actor en ese sumario 652/2015 (aquí quejoso), resolviendo su petición, cuya omisión reclama el quejoso en su demanda de amparo. Lo anterior, permite constatar que han cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto de la petición formulada con el escrito fechado el siete de diciembre de dos mil veinte y recibido por la responsable el diez siguiente, pues en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí resolvió lo que consideró pertinente respecto de la emisión de un auto de ejecución; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. Lo anterior, al margen del sentido del contenido del proveído de once de marzo en mención, pues ello no forma parte de la litis constitucional. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Presidente; Jefa de la Unidad de Transparencia; Director de Obras Públicas; Director de Protección Civil y Director de Comercio, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tamuín, San Luis Potosí, informaran a este juzgado federal si recibieron los oficios 8473/2020, 8474/2020, 8475/2020, 8476/2020 y 8477/2020, con los cuales se les pretende notificar la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, sin que hayan dado cumplimiento a lo anterior. En ese sentido, se ordena requerir nuevamente vi´a correo electrónico, a las autoridades responsables de mérito, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente provei´do, se sirvan informar si han recibido o no los oficios 8473/2020, 8474/2020, 8475/2020, 8476/2020 y 8477/2020; en la inteligencia de que de ser afirmativa su respuesta deberán indicar en qué fecha los recepcionaron; apercibidos que de no dar cumplimiento se le impondrá´´ una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello conforme los artículos 237, fraccio´n I, y 259, ambos de la Ley de Amparo Ahora, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega o su remisión vía electrónica de manera inmediata. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 8/2021, emitida el treinta de enero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid 19", el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos correspondientes. Notifíquese, una vez que se reanuden los plazos y términos en este órgano jurisdiccional federal.
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