Francisco Javier Joshhua Acevedo Sandoval

Expediente 448/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
448/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Joshhua Acevedo Sandoval
  • Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal de la Cuarta Región del Esatdo de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ***, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Francisco Javier Joshhua Acevedo Sandoval, atento a su contenido, se tiene al ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que éste juzgado federal tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito, así como su aclaración y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda y su aclaración; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, conforme al cual no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Lo anterior, sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del juicio intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes al internamiento y su deseo de ser trasladado a diverso centro penitenciario; ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, de la lectura íntegra de los escritos de demanda y del de cuenta, se advierte que el promovente solicita ante este órgano jurisdiccional, su traslado del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad al Centro Penitenciario Estatal, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí. En mérito de lo expuesto, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 109, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y [.]" Lo anterior es así toda vez que, como se dijo, medularmente el quejoso solicita el traslado del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad al Centro Penitenciario Estatal, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí; asimismo, del contenido del escrito de cuenta se advierten las razones por las cuales el interno quejoso formula tal petición de traslado, las que hacen depender del hecho de encontrarse más cerca de su núcleo familiar y lugar donde se lleva su proceso a fin de garantizar su debida defensa; sin embargo, al no señalar un acto de autoridad en concreto que pudiera causarle perjuicio, sino que únicamente se trata de una petición de traslado realizada a este órgano de control constitucional, por lo tanto, este juzgado federal considera que el demandante de protección constitucional debe formularla al juez que tramita el proceso penal respectivo y no a través del juicio de amparo, por no ser esta la vía idónea para obtener lo pretendido. En efecto, en el caso no hay un acto que sea reclamable propiamente a las autoridades, pues el quejoso no reclama una orden de traslado emitida por las responsables, ni tampoco cuestiona el hecho de que haya hecho una solicitud de traslado y que ésta le haya sido negada; ya que, se reitera, el promovente en realidad pide que este órgano de amparo provea u ordene el traslado del peticionario; petición esta última que no está dentro de las facultades de un juez de amparo y que no es susceptible de tutela judicial mediante el juicio de derechos fundamentales previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Aunado a lo anterior, con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde de manera exclusiva al poder judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados y/o procesados. En esas condiciones, se estima que a partir de la reforma constitucional en comento, es competencia exclusiva de la autoridad judicial quien haya conocido del respectivo proceso penal del quejoso, determinar el lugar en el cual debe estar recluido a su disposición y/o el lugar donde debe cumplir la pena de prisión que le haya sido impuesta. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente en su lugar de reclusión.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos que reclama del Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal de la Cuarta Región del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 448-2019-I. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que al momento de la notificación o en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve y bajo protesta de decir verdad, exprese: Si solicitó previamente a alguna de las autoridades señaladas como responsables en su demanda, por escrito o algún otro medio, señalando éste, la orden de traslado al Centro Penitenciario Estatal con residencia el Matehuala. En caso afirmativo, señale la fecha en que hizo tal solicitud y cuál fue la contestación que se le dio, por parte de la autoridad, a su solicitud. Ahora bien, en virtud de que se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al promovente del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. Por otra parte, se tiene al promovente señalando los estrados ubicados en este juzgado para recibir notificaciones. Sin embargo, se ordena realizar todas las notificaciones al quejoso en su lugar de reclusión, inclusive aquellas que se deban realizar por lista; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo señalado en supra líneas, sin perjuicio de que las notificaciones se fijen igualmente en los estrados de este órgano jurisdiccional, con el fin de que se conozcan por la persona autorizada por el quejoso para tales fines. Además, se autoriza únicamente para imponerse de autos, así como oír y recibir notificaciones a ***, por así señalarlo el ocursante. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

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