Francisco Eduardo Moreno Ramirez y Otros.
Expediente 863/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Eduardo Moreno Ramirez y Otros.
- José Ángel Rivera Márquez
- Francisco Eduardo Moreno Ramirez
- José Ángel Rivera Márquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de tres de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.*lh
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS EL PROVEIDO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de este año, remite las constancias con las cuales acredita la situación legal en la que se encuentra el quejoso *******, de las que se advierte que dicho promovente, fue puesto en libertad. Atento a lo anterior, este juzgador federal considera, que en el caso, por lo que respecta al acto reclamado por el quejoso ******* se actualiza un cambio de situación jurídica y por lo que hace a ******* el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve.De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El veintinueve de diciembre de dos mil quince, ******* en su carácter de defensor de ******* y *******, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada a este Juzgado el mismo día, contra actos del Juez del Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó el auto de apertura a juicio oral. 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3. Mediante auto de treinta de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo ******* y se desechó la demanda; asimismo, mediante proveído de doce de enero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del desechamiento.4. Por oficio recibido en este juzgado el siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución, dictada por mayoría de votos, así como el voto particular emitido por la Magistrada *******, en sesión de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dentro del recurso de queja penal *******, en la cual se resolvió lo siguiente: PRIMERO. Resulta fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.SEGUNDO. Se ordena al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, de no existir un motivo de improcedencia diverso al aquí analizado, admita a trámite la demanda de amparo promovida por ******* y *******, mediante escrito presente ante ese órgano jurisdiccional, el veintinueve de diciembre de dos mil quince, el cual fue radicado con el expediente ******* de su índice.(.)5. En atención a lo anterior, por auto de ocho de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se solicitó al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.6. Por oficio recibido en este juzgado el diez de octubre del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en cumplimiento al proveído de tres del mismo mes y año que transcurre, remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal seguido en contra del aquí quejoso *******, de la que se advierte que cambió la situación jurídica del peticionario de amparo. Asimismo, por oficio recibido en este juzgado el veintiocho de octubre del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada del oficio de veintiséis de octubre de este año, del que se advierte que se ordenó la inmediata libertad del diverso quejoso *******. En la especie, por lo que hace al quejoso ******* se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, precisando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En el caso, como se señaló, la parte quejosa reclama la determinación del Juez de Garantía responsable, de abrir el juicio oral.Al respecto, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el oficio *******, de siete de octubre de dos mil dieciséis, se aprecia que el once de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal del Juicio oral en lo penal, del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* seguida en contra de ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal, seguido en contra de *******, aquí quejoso, en la que se consideró a ******* y otro, penalmente responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de la persona identificada con iniciales *******, imponiéndole una pena de treinta años de prisión, condenándolo al pago de la reparación del daño y negándole el beneficio de la condena condicional al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 86 del Código Penal del Estado (fojas 172-187).Cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: La aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; La sentencia de primera instancia; y en su caso, La sentencia de segunda instancia. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente.Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia VI.1o. J/57, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 139, cuyo rubro es el siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR". Luego, como el once de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* seguida en contra de ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal, seguido en contra de *******, aquí quejoso, en la que se consideró a ******* y otro, penalmente responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de la persona identificada con iniciales *******, imponiéndole una pena de treinta años de prisión, las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, en el caso, el auto de apertura a juicio oral, se consideran consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que determina la improcedencia del presente juicio por cambio de situación jurídica.Lo anterior, sin soslayar que el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece la obligación de la autoridad judicial que conozca del proceso penal de origen, de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, siempre que se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Sin embargo, tal incumplimiento no hace procedente el amparo, ya que la invocada norma no hace distinción acaso de excepción alguno.Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia VII.P. J/47, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 85, Enero de 1995, página 87, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados.Por lo que respecta al quejoso Francisco Eduardo Moreno Ramírez, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone:61. El juicio de amparo es improcedente:[.]XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[.]En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a los quejosos en el goce de los derechos violadas, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido.Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce de los derechos violados; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional.Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente:ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho violado.Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución a los agraviados en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija.Ahora, debe traerse a colación que se reclama del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, el auto de apertura a juicio oral; asimismo, debe establecerse que del análisis de las constancias de autos, se advierte que por lo que respecta al quejoso *******, el veintiséis de octubre del año en curso, se ordenó su inmediata libertad, toda vez que el Agente del Ministerio Público, solicitó el sobreseimiento parcial al no tener las pruebas suficientes para seguir con el proceso en contra de dicha persona, lo que constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio de amparo.Bajo esas premisas, en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada.Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la orden de apertura a juicio oral reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice:SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.En ese orden, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legalEsto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguienteSOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.Notifíquese personalmente.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de este año, remite las constancias con las cuales acredita la situación legal en la que se encuentra el quejoso *******, de las que se advierte que dicho promovente, fue puesto en libertad. Atento a lo anterior, este juzgador federal considera, que en el caso, por lo que respecta al acto reclamado por el quejoso ******* se actualiza un cambio de situación jurídica y por lo que hace a ******* el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve.De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El veintinueve de diciembre de dos mil quince, ******* en su carácter de defensor de ******* y *******, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada a este Juzgado el mismo día, contra actos del Juez del Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó el auto de apertura a juicio oral. 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3. Mediante auto de treinta de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo ******* y se desechó la demanda; asimismo, mediante proveído de doce de enero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del desechamiento.4. Por oficio recibido en este juzgado el siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución, dictada por mayoría de votos, así como el voto particular emitido por la Magistrada *******, en sesión de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dentro del recurso de queja penal *******, en la cual se resolvió lo siguiente: PRIMERO. Resulta fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.SEGUNDO. Se ordena al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, de no existir un motivo de improcedencia diverso al aquí analizado, admita a trámite la demanda de amparo promovida por ******* y *******, mediante escrito presente ante ese órgano jurisdiccional, el veintinueve de diciembre de dos mil quince, el cual fue radicado con el expediente ******* de su índice.(.)5. En atención a lo anterior, por auto de ocho de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se solicitó al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.6. Por oficio recibido en este juzgado el diez de octubre del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en cumplimiento al proveído de tres del mismo mes y año que transcurre, remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal seguido en contra del aquí quejoso *******, de la que se advierte que cambió la situación jurídica del peticionario de amparo. Asimismo, por oficio recibido en este juzgado el veintiocho de octubre del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada del oficio de veintiséis de octubre de este año, del que se advierte que se ordenó la inmediata libertad del diverso quejoso *******. En la especie, por lo que hace al quejoso ******* se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, precisando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En el caso, como se señaló, la parte quejosa reclama la determinación del Juez de Garantía responsable, de abrir el juicio oral.Al respecto, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el oficio *******, de siete de octubre de dos mil dieciséis, se aprecia que el once de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal del Juicio oral en lo penal, del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* seguida en contra de ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal, seguido en contra de *******, aquí quejoso, en la que se consideró a ******* y otro, penalmente responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de la persona identificada con iniciales *******, imponiéndole una pena de treinta años de prisión, condenándolo al pago de la reparación del daño y negándole el beneficio de la condena condicional al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 86 del Código Penal del Estado (fojas 172-187).Cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: La aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; La sentencia de primera instancia; y en su caso, La sentencia de segunda instancia. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente.Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia VI.1o. J/57, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 139, cuyo rubro es el siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR". Luego, como el once de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en el juicio oral *******, derivado de la causa penal ******* seguida en contra de ******* al cual se acumuló el juicio oral *******, derivado de la misma causa penal, seguido en contra de *******, aquí quejoso, en la que se consideró a ******* y otro, penalmente responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de la persona identificada con iniciales *******, imponiéndole una pena de treinta años de prisión, las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, en el caso, el auto de apertura a juicio oral, se consideran consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que determina la improcedencia del presente juicio por cambio de situación jurídica.Lo anterior, sin soslayar que el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece la obligación de la autoridad judicial que conozca del proceso penal de origen, de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, siempre que se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Sin embargo, tal incumplimiento no hace procedente el amparo, ya que la invocada norma no hace distinción acaso de excepción alguno.Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia VII.P. J/47, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 85, Enero de 1995, página 87, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados.Por lo que respecta al quejoso Francisco Eduardo Moreno Ramírez, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone:61. El juicio de amparo es improcedente:[.]XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[.]En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a los quejosos en el goce de los derechos violadas, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido.Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce de los derechos violados; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional.Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente:ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho violado.Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución a los agraviados en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija.Ahora, debe traerse a colación que se reclama del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, el auto de apertura a juicio oral; asimismo, debe establecerse que del análisis de las constancias de autos, se advierte que por lo que respecta al quejoso *******, el veintiséis de octubre del año en curso, se ordenó su inmediata libertad, toda vez que el Agente del Ministerio Público, solicitó el sobreseimiento parcial al no tener las pruebas suficientes para seguir con el proceso en contra de dicha persona, lo que constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio de amparo.Bajo esas premisas, en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada.Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la orden de apertura a juicio oral reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice:SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.En ese orden, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legalEsto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguienteSOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.Notifíquese personalmente.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la circular 29/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que se informa que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se determinó declarar no laborales los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que en esas fechas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán los términos de Ley.Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.Sin embargo, no es posible llevarla a cabo en esa fecha, por lo que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre del año en curso, para su desahogo.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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