Francisco Fuentes Cortez
Expediente 233/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Fuentes Cortez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución del catorce de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutoria califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo noveno, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 233/2022-VI, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado en esta misma data, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Gobernadora, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda, Congreso y del Jefe del Departamento del Padrón del Control Vehicular, todos del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua: la aprobación y expedición del Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente, los artículos octavo y decimoséptimo. la aprobación y expedición del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en lo referente al derecho de control vehicular, canje de placas metálicas y expedición de tarjeta de circulación vehicular, específicamente los artículos 207, 208 y 211. De la Gobernadora y del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua: la promulgación y publicación de los ordenamientos legales descritos en el punto que antecede. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua: la aplicación de las normas impugnadas, a través del cobro respectivo. Del Jefe del Departamento del Padrón del Control Vehicular del Estado de Chihuahua: el registro en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, del vehículo automotor marca *******, año ******* (*******) con número de serie *******, con placas *******, que refiere, es de su propiedad. No obsta para tener como actos reclamados los arriba precisados, que el quejoso haya aducido que el primer decreto combatido, es el LXVI/APLIE/0109/2021 I P.O.; pues del examen integral de la demanda, se advierte que el que realmente pretende impugnar es el Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente, los artículos octavo y decimoséptimo. Tampoco lo es el hecho de que haya aducido que reclama los numerales 207, 208 y 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en lo referente al derecho de control vehicular; pues nuevamente, del estudio integral del ocurso de amparo, se colige que el tercer numeral que en específico deseó reclamar de tal ordenamiento, es en realidad el 211. Por ende, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía a la especie, al tratarse de meros errores mecanográficos del quejoso, de poca importancia, se hace la corrección respectiva, a efecto de evitar caer en rigorismos excesivos que lo dejarían en estado de indefensión; máxime que el presente juicio de amparo se ha interpuesto en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia. Apoya esta consideración, por las razones que informa, la tesis P. XLVIII/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, de Mayo de 1998, materia común, página 69, del siguiente tenor: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Sin que ello implique que se ha sustituido a la parte quejosa al momento de acotar lo que reclama a través de este juicio de amparo biinstancial; pues claramente se desprende, de la transcripción efectuada líneas arriba, lo que reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables; y, se reitera, únicamente cometió dos errores mecanográficos sin relevancia. Tercero. Inexistencia de un acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados por el accionante del amparo al Secretario de Hacienda y al Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, pues así lo adujeron al rendir sus informes justificados. Sin que el quejoso, por sí, ni por conducto de sus autorizados, haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Gobernadora Constitucional y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, aceptaron los actos que les fueron endilgados; por lo que se tienen por ciertos. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua sólo aceptó los relativos al Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O; mientras que los actos respectivos al diverso decreto, LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., los negó, aduciendo que la legislatura "LXVI" a que hizo referencia el quejoso en su demanda de amparo, no emitió norma alguna con tal numeración. Pues bien, como se expuso en el considerando segundo, in fine, es evidente que ello se trató de un mero error mecanográfico sin ,importancia, del accionante del amparo, pues es claro que, tal como se pone de manifiesto del estudio meticuloso de su demanda de amparo, al apuntar el decreto LXVI/APLIE/0109/2021 I P.O., en realidad pretendía hacer referencia al decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O.; lo que estima este órgano de control constitucional, se insiste, constituyó un mero error de escritura, sin trascendencia alguna. De modo que, se desvirtúa la negativa vertida por el Congreso del Estado, respecto a los actos relativos al Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O.; y se tienen por ciertos. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza una hipótesis de improcedencia por virtud de la cual este asunto debe sobreseerse. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la norma transcrita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5º, fracción I, y 6º, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el precepto constitucional señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. En esa medida, para acudir al juicio de amparo a solicitar la protección de la Justicia Federal, se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que únicamente se exige contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; sin embargo, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado -mediante un agravio diferenciado- que pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Precisado lo anterior, se señala que al reclamar una norma en la vía indirecta, debe distinguirse si esta se trata de autoaplicativa o heteroaplicativa. Ello primero, para computar el plazo que el justiciable tiene para presentar la demanda, así como para dilucidar si la norma depara perjuicio con su sola entrada en vigor, o bien, requiere de un acto de aplicación concreto. Al respecto, se está en presencia de una norma autoaplicativa, o de individualización incondicionada, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así, para que el quejoso acredite su interés jurídico para acudir al amparo contra dichas normativas, es necesario: 1) que demuestre ser propietario del vehículo que refiere en su demanda, con la finalidad de probar que se ubica en el citado supuesto normativo, y 2) que por ello se pueda estimar que se vulnera un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Al respecto, el accionante del amparo, para demostrar la aplicación de las normas reclamadas, exhibió: Original del recibo de pago expedido por la cadena comercial *******, de veintisiete de febrero de dos mil veintidós, por un total de *******, moneda nacional ($*******), por PAGO DE SERVICIO, al GOB.EDO.CHIH; y, Copia simple de la credencial de elector del aquí quejoso, emitida por el Instituto Nacional Electoral. Tales documentales, aún adminiculadas, son insuficientes para acreditar de forma fehaciente, el primer requisito de los arriba señalados; es decir, que el accionante del amparo, es, como dice, propietario del vehículo automotor marca *******, año ******* (*******) con número de serie *******, con placas *******, a que refiere en su demanda de amparo. Es así, si bien consta el PAGO DE SERVICIO al Gobierno del Estado de Chihuahua; el quejoso fue omiso en acreditar que el vehículo automotor que refiere en su demanda, es de su propiedad y que el concepto fue el pago de los derechos vehiculares que reclama. En efecto, en el recibo de pago en comento, no se asentó el o la titular del vehículo en cuestión, al haberse sufragado en la ya referida cadena comercial, no en una oficina de recaudación de Gobierno del Estado; de modo que, invariablemente, dicha documental debía adminicularse con alguna diversa, de la que se desprendiera de forma fehaciente y certera, que el quejoso es propietario del automóvil en cita, como aludió en su demanda de amparo y que se pagaron los derechos reclamados; lo que, se insiste, no ocurrió. Afectación que, concierne demostrar a la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, se precisa que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones; lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio a su interés jurídico, alegado, que, como ya se dijo, concierne únicamente al quejoso, demostrar. Tiene sustento lo anterior, por identidad de razones, en la tesis I.8o.C.11 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 954, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 202983, de título y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. LA CERTIFICACION DE LAS ACTUACIONES QUE SE ANEXAN AL MISMO PRUEBAN UNICAMENTE EN CUANTO A SU EXISTENCIA, PERO NO PUEDEN TENER EL ALCANCE DE CONVERTIR EN DOCUMENTOS PUBLICOS LOS QUE SE EXHIBIERON EN COPIA SIMPLE. La certificación de las actuaciones que se acompañen al informe justificado dan la certeza en cuanto a que dichas constancias obran en el expediente respecto del cual se realizó dicha certificación, pero no puede tener el alcance de convertir en documento público a una copia simple que se haya exhibido en los autos de que se trate; consecuentemente la copia simple en cuestión sigue teniendo la calidad con el valor demostrativo que en derecho le corresponda. Asimismo, respecto del multicitado vehículo automotor, que en su ocurso de amparo refiere que es de su propiedad, el accionante del amparo no ofertó documental alguna. Así, se concluye que las documentales con que acompañó el accionante del amparo su demanda, no son idóneas para acreditar que se ubiquen en el supuesto de la norma que reclaman, toda vez que, como se expuso, para demostrar el interés jurídico que adujo tener, debió acreditar, en primer término, ser propietario del vehículo en cita y demostrar el pago de los derechos vehiculares que reclama. Y, se repite, correspondía al quejoso demostrar que la norma reclamada le generó un perjuicio en su esfera jurídica, persona o patrimonio, acreditando fehacientemente que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. De ahí que, como no comprobó ser propietario de ese vehículo, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque no existe interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional. Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Por ende, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque, en el caso, el quejoso no acreditó contar con el interés jurídico que adujo tener, para acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, como se adelantó, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa legislación. Asimismo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales que hicieron valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por los razonamientos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Consultor Jurídico, adscrito al departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el informe justificado del Congreso del Estado de Chihuahua, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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