Francisco Corona Calderón

Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
269/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Corona Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al tenerse por no presentada, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de abril de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, informa que la licenciada **********, Defensora Pública Penal, es quien lleva la defensa del peticionario de amparo, **********; asimismo, proporciona domicilio en el que puede ser localizada dicha servidora pública. Atento a lo anterior, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita notifíquese a la citada defensora, que en este Juzgado Federal, el quejoso ********** presentó demanda de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se le designa como asesora jurídica del justiciable en el presente asunto y se le requiere para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, por escrito proteste el cargo conferido (mismo que puede enviar vía correo electrónico a la dirección maria.olivas.dominguez@correo.cjf.gob.mx), apercibida que en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional); conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 43/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación, del rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese y personalmente a la licenciada Sandra Ramona Valverde Vásquez, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo y proveído dictado el treinta y uno de marzo del presente año. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEIINTIDOS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de abril de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, informa que la licenciada **********, Defensora Pública Penal, es quien lleva la defensa del peticionario de amparo, **********; asimismo, proporciona domicilio en el que puede ser localizada dicha servidora pública. Atento a lo anterior, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita notifíquese a la citada defensora, que en este Juzgado Federal, el quejoso ********** presentó demanda de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se le designa como asesora jurídica del justiciable en el presente asunto y se le requiere para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, por escrito proteste el cargo conferido (mismo que puede enviar vía correo electrónico a la dirección maria.olivas.dominguez@correo.cjf.gob.mx), apercibida que en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional); conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 43/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación, del rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese y personalmente a la licenciada Sandra Ramona Valverde Vásquez, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo y proveído dictado el treinta y uno de marzo del presente año. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod

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