Francisco Esteban Rangel Diaz De Léon

Expediente 816/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
816/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
23/01/2018

Partes del expediente

  • Francisco Esteban Rangel Diaz De Léon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de cuatro de enero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. maa

  2. Principal

    SENTENCIA********************Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil dieciocho.********************Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************/2017-VI; y********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano el veinte siguiente, ********************, a través de su apoderada legal Nora Coronado López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. ********************SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número ********************/2017-VI; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se emplazó a los terceros interesados, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables.********************Del análisis ******************** del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el impetrante reclama a la Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de tramitar el juicio ********************, dentro de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral, toda vez el trece de septiembre de dos mil diecisiete, señaló las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones; por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional.********************Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes:********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al rendir informe justificado expresó que por error el trece de septiembre de dos mil diecisiete, señaló las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones; y que ante ello, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, regularizó el procedimiento, y para el verificativo de la aludida audiencia trifásica, señaló de nueva cuenta las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. ******************** Por tanto, de las manifestaciones vertidas por la referida responsable, como de las copias certificadas que remitió anexas a su informe, se desprende la certeza del acto que se le reclama.********************Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°.********************CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no.********************Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita.********************Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada.********************Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece:********************IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.********************En la especie, respecto al acto reclamado al Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice:********************61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;******************** [.]****************************************Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo vigente, que establece:********************Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:****************************************I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y****************************************II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.********************(.)********************De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:********************Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado;********************Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional;********************Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y,********************Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado.********************Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación:********************CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************En efecto, la parte quejosa reclama Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de tramitar el juicio ********************, dentro de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral, toda vez el trece de septiembre de dos mil diecisiete, señaló las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones.********************Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por la Presidenta de Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, anexas al informe justificado, se desprende que efectivamente el trece de septiembre de dos mil diecisiete, señaló las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones; empero, también se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, regularizó el procedimiento, y para el verificativo de la aludida audiencia trifásica, señaló de nueva cuenta las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. ********************Documento el anterior, al que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo.********************De manera que si la responsable, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, regularizó el procedimiento, y para el verificativo de la aludida audiencia trifásica, señaló las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al directamente agraviado en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban.********************Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a la responsable a dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y señalar nuevamente día y hora para el verificativo de la referida audiencia trifásica, de conformidad con lo establecido por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia de la responsable.********************Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice:********************SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.********************Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal:********************ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.********************En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado.********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE:********************ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************/2017-VI promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por los motivos expuestos en el ultimo considerando de la presente resolución.********************Notifíquese.********************Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.*****

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficio s que remiten el Registrador adscrito a la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos y el Subrecaudador de Rentas; mediante los cuales dan cumplimiento al proveído de veintidós del mes y año en curso, ya que el primero informa que no encontró domicilio a nombre de la tercera interesada xxxxx; sin embargo, localizó residencia de la persona que figura como gerente general de dicha moral, la cual se ubica en xxxxx, colonia xxxxx, en esta ciudad; asimismo, el oficiante señalado en segundo término refiere haber encontrado como domicilio de la aquí tercero interesada el antes asentado; lo anterior, sin que haya lugar acordar respecto a su contenido, toda vez que el trece de los corrientes de ordenó emplazar a la tercero interesada xxxxx, xxxxxx, en el domicilio que refieren las autoridades oficiantes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxxx. Doy fe.cnv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Directora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Economía, residente en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que la Dirección General de Normatividad Mercantil de esa secretaría, le informó que localizó en la oficina registral de esta ciudad, el folio mercantil electrónico *******, a nombre de *******; asimismo, que en caso de solicitar cualquier información adicional respecto al domicilio de la aquí tercero interesada, deberá ser requerido el Registro Público de Comercio. En consecuencia, gírese atento oficio tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Chihuahua, como al Registro Público de Comercio, ambos residente en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, informen a este juzgador si en sus registros de datos existe algún domicilio de la persona moral *******, ello a efecto de estar en posibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente. Apercibidos que en caso de no dar cumplimiento con lo que aquí se ordena, con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($7,549.00), previstas en los artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. maa

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