Francisco Alvarado Herrera
Expediente 553/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Alvarado Herrera
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese al presente expediente el oficio de la actuaria judicial adscrita al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en autos del conflicto competencial 47/2022, por la que se determinó la competencia para conocer del juicio de amparo de origen al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, mediante oficio derivado de este proveído acúsese recibo al Tribunal Colegiado indicado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en virtud de que no se encuentra trámite pendiente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental del presente expediente. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años, este expediente debe ser susceptible de destrucción, toda vez que no cuenta con valor jurídico al haberse determinado que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer de la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción; así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Se informa adscripción de titular. Se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio ********************, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Marcela Guadalupe Castro Núñez a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, de la Ley de Amparo y 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase recibido el comunicado signado por el Actuario adscrito al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que se registró con el número 47/2022; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar. Notifíquese.
- Principal
agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, derivado del juicio de amparo 1139/2022, promovido por Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Alvarado Herrera, contra actos del Director General de Investigación y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16, 123, 133 Constitucionales. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 553/2022-I-A.Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de trece de julio de dos mil veintidós, el Juez Oficiante estimó carecer de competencia legal para conocer del citado juicio y declinó la competencia en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ello, al considerar que la parte quejosa reclama el oficio GN/DGSE/DGINV/7015/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, por el que se le informó el cambio de área de la Dirección General de Investigación, ubicada en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a la diversa Coordinación Nacional Antisecuestro (sin especificar la ciudad de adscripción), y además, sostuvo que de las manifestaciones realizadas por el quejoso se obtiene que el acto reclamado se ejecutará en el lugar en que se encuentra adscrito, esto es en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y al no advertirse la ciudad de adscripción al que será asignado ni tampoco cuáles serán las nuevas atribuciones en su área de trabajo, estima carecer de competencia para conocer del asunto, por el lugar de su ejecución. Sin embargo, respetuosamente, esta Juzgadora no comparte el criterio que sostiene el Juzgador declinante y por ende, no acepta la competencia planteada. Al respecto, es pertinente traer a contexto las autoridades responsables y actos que reclama la parte quejosa, a efecto de desarrollar el pronunciamiento respectivo: Ill. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISARIO GENERAL GN, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, con domicilio en Avenida Casa de la Moneda número 198, Colonia 10 de abril, Demarcación territorial Alcaldía Miguel 3 Hidalgo, Código Postal 11250, en la Ciudad de México. DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION, Ing. Miguel Ángel Lizárraga Granados. ACTOS RECLAMADOS. COMISARIO GENERAL GN, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: reclamo: La emisión del oficio ...donde se ordena cambio de DIRECCIÓN, adscripción, nueva asignación de funciones, documento con el cual en ningún momento se acredita el motivo por el cual el cambio de funciones y no solo es cambio de funciones sino también cambio de adscripción, con lo cual se acredita que el mismo carece de la debida fundamentación y motivación que requieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que como se ha señalado la imputación es vaga e imprecisa, ya que la autoridad tiene la obligación de fundamentar y motivar la circunstancias del cambio cuestión que en ningún momento se llevan a cabo, violentando con ello mis derechos consagrados en nuestra Carta Magna, todo ello en virtud de que es un hecho notorio la falta de motivación, que conlleva a dicho documento un vicio de inconstitucionalidad, que debe ser valorado por esta Honorable Autoridad Impartidora de Justicia, En efecto, ya que de manera imperativa como lo establece el ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGNA que en todo acto de autoridad sea emitido cumpliendo con tal exigencia, es decir que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio a la voz de; fortaleciendo lo anterior con el siguiente criterio; ACTOS DERIVADOS O APOYADOS EN ACTOS VICIADOS. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal ya que de hacerlo, por una parte alentaría prácticas viciosas, cuyos frutos serian aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma participes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION, INGENIERO MIGUEL ANGEL LIZARRAGA GRANADOS: reclamo: La emisión del oficio GN/DGSE/DGINV/7015/2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, con el cual se me hace de mi conocimiento la nueva asignación de funciones, oficio por demás violatorio de derechos ya que es evidente el vicio de inconstitucionalidad que existe en el referido Oficio ya que la garantía de Motivación que impone a las Autoridades el artículo 16 Constitucional, consiste de manera específica en que la Autoridad que realiza el acto de molestia o privación señale de manera ciara y especifica cual o cuales fueron las circunstancias que originaron dicho acto es decir debe dar a conocer al gobernado la conducta o conductas por las cuales se le notifican esto para poder estar en aptitud y actitud de poder tener acceso a una debida defensa, ya que es evidente que se me debe de hacer de mi conocimiento la nueva asignación de funciones, y de donde derivo tal determinación, ya que no solo basta con manifestar con citar los artículos en los cuales lo pretende fundamentar, así mismo la omisión de señalar que rio solo se traía de un cambio de adscripción, sino también un cambio de funciones y Unidad con la cual se acredita la flagrante afectación a mis directivos y no solo los del suscrito sino los de mis dependientes económicos. Ahora, debe señalarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece...La primera regla nos dice que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado, en segundo lugar, si dicho acto es o no de aquellos que tienen una ejecución material y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable para resolver el tópico en estudio. En el caso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito, en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los Distritos cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo su ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles, conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Asimismo, es importante destacar que, para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el Juzgador declinante, este órgano jurisdiccional, estima que, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que son susceptibles de desprenderse del contexto integral de la demanda de derechos fundamentales, y que para mayor comprensión previamente se transcribieron, se advierte que, adverso a lo señalado por el órgano declinante, no se está en la hipótesis primera del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes destacado, sino en la diversa regla segunda que regula dicho numeral y que es la que atiende aquellas resoluciones que contienen actos que conllevan una ejecución material, los cuales van a tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; por lo tanto, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda de amparo, será competente. Tal postura legal obedece así, porque de la literalidad de la segunda regla relativa a la competencia antes indicada, el legislador no hizo distingos en cuanto a la jerarquía de los actos reclamados, esto es, cuál por su fuerza ejecutiva debe regir la competencia cuando existan varios actos que ejecutar en distintos lugares, sino que el espíritu del legislador fue que basta que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, para que el competente sea el que previno en el conocimiento del asunto ante el que se presentó la demanda de amparo . Dicho en otros términos, si el legislador no plasmó en la norma esa distinción de jerarquización de los actos que requieran ejecución material, atendiendo a la regla de derecho que donde el legislador no distingue, el Juzgador no puede establecer distinciones, entonces, esta Juzgadora sostiene que, no es válido jurídicamente hacer esa distinción para fincar competencia, puesto que, al margen de la naturaleza que contenga los actos reclamados, es decir, accesorios o no de otros diversos que posiblemente también tienen ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado Federal, es incuestionable que están teniendo o van a tener ejecución material alguno o algunos de ellos en la jurisdicción territorial donde ejerce competencia el juzgado declinante, y que el declinante es el que previno en el conocimiento de la demanda de garantías. Luego, si en el caso particular nacen a la vida jurídica esos dos extremos que, en abstracto, contienen la segunda regla estatuida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, el Juzgado de Distrito fue el que conoció del asunto en primer término y, alguno o algunos de los actos que reclaman la parte quejosa, están teniendo o van a tener ejecución material en la jurisdicción donde dicho órgano oficiante ejerce competencia territorial, esos extremos son suficientes para concluir que en ese Juzgado Federal recae la competencia para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales. Lo anteriormente sostenido encuentra eco en la circunstancia de que, en el caso específico, los actos reclamados no se ciñen única y exclusivamente al hecho de que la adscripción del aquí quejoso sea la Guardia Nacional con el Grado de Primer Subinspector GN, adscrito a la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, pues también el motivo de reclamo es precisamente el cambio de adscripción y funciones, el cual se lo atribuye al Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con domicilio en Avenida Casa de la Moneda número 198, Colonia 10 de abril, Demarcación territorial Alcaldía Miguel 3 Hidalgo, Código Postal 11250, en la Ciudad de México -residencia en el domicilio territorial del Juzgado oficiante . Efectivamente, a dicha potestad le atribuye la emisión del oficio GN/SPAYL/M.MOVS/0465/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el cual se ordenó su cambio de adscripción y la nueva asignación de funciones, lo que se traduce en que dicho acto combatido puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, y entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, en este caso, el Juez declinante; y más aún, se debe tomar en consideración lo expuesto por el propio Juzgador oficiante, en el sentido de que el quejoso no expuso la ciudad de adscripción, pues efectivamente ese es uno de los tópicos que genera la competencia legal a su favor, pues de la demanda de derechos fundamentales en estudio se obtiene que el impetrante se duele del oficio ya citado, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, emitido por el Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien tiene su domicilio en la Ciudad de México, así como el diverso oficio GN/DGSE/DGINV/7015/2022 de treinta de junio pasado, emitido por el Director General de Investigación, Ingeniero Miguel Ángel Lizárraga Granados. Además, de la demanda de amparo no se aprecia que el quejoso haya señalado autoridades ejecutoras con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, sino únicamente relató los antecedentes de los actos reclamados, en donde necesariamente tenía que hacer referencia a su lugar de adscripción, empero, como ya se dijo, dentro de los actos combatidos son las comunicaciones emitidas por autoridades en la Ciudad de México que ya quedaron precisadas, en donde, presumiblemente se tramita de manera centralizada, su cambio de adscripción y funciones, potestades que tienen su domicilio en la misma residencia que el órgano jurisdiccional declinante. En ese contexto, a juicio de la suscrita Juzgadora, los actos reclamados iniciaron su ejecución material en la Ciudad de México, por ser las autoridades que ordenaron el cambio de adscripción y funciones del solicitante del amparo, y dicho sitio es el lugar en donde ejerce jurisdicción el Juez declinante quien fue el que conoció en primer término del asunto. En consecuencia, es el Juzgador oficiante ante quien se presentó la demanda en primer término, quien resulta competente para conocer de la demanda de derechos fundamentales, por el conocimiento anticipado de los actos que reclamó el quejoso en su escrito de demanda, ello de conformidad con la segunda regla de competencia prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo. No es óbice a la aplicación de los citados criterios, el hecho de que las tesis invocadas hagan referencia al artículo 36, de la Ley de Amparo abrogada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; y que en la demanda de amparo en análisis tenga aplicación la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece vigente; lo anterior, en virtud de que en términos del artículo Sexto Transitorio de la citada ley, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. Por lo tanto, es procedente concluir que se está ante actos reclamados que se han ejecutado en dos distritos diferentes, de manera que será Juez competente para efectos del amparo el que haya conocido de la demanda en primer término, y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora no acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo y se ordena devolver al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Sin que se desatienda lo expuesto por el Juez declinante, en el sentido de que se desconoce el lugar en va a tener su adscripción el aquí quejoso, en atención a que en el oficio correspondiente no se especificó a qué sede se le asignó, empero ello de manera alguna llevaría a concluir que la competencia le corresponde a este Juzgado porque en ésta ciudad haya sido su última adscripción, pues en todo caso dicha información la podrá obtener una vez que las potestades responsables rindan su informe justificado, y al contar con las constancias correspondientes, de estimarlo pertinente, podrá verificar si le corresponde o no la competencia de que se trata. Aunado a ello, como lo expuso el Juzgador declinante, el cambio de adscripción fue a la Coordinación Nacional Antisecuestro -según las propias manifestaciones del quejoso , y de la cual no especificó la ciudad de adscripción y/o domicilio en que se ubica, sin embargo, a consideración de la suscrita Juzgadora, hasta este momento no existen elementos para considerar que no es en la propia residencia en que tiene su sede el Juzgado Federal remitente, pues incluso al haber presentado su demanda de amparo en aquella sede, es presumible que es en esa ciudad en la cual tiene asiento la nueva adscripción del impetrante del amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, es oportuno precisar que la aludida demanda fue recibida vía correo institucional en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de julio del año en curso, la cual se registró con el folio OCC: 20221401034000154, y se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en esa misma data, y al respecto, las documentales de mérito se aprecia que sólo se encuentran digitalizadas, esto es, no fueron remitidas las constancias originales de dicho juicio de amparo 1139/2022, promovido por Francisco Alvarado Herrera, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como lo dispone el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin embargo, con motivo de la decisión aquí adoptada, se considera innecesario postergar dicho pronunciamiento en la espera de las constancias referidas, si la decisión en torno a la no aceptación de la competencia planteada no cambiaría por parte de esta Juzgadora, y por el contrario, sería en perjuicio del quejoso, pues se vulneraría su derecho de acceso a la justicia pronta. Notifíquese.
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