Francisca Mercado Sánchez
Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisca Mercado Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 86 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del juicio, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se estimen necesarios. Hecho lo anterior, transfiérase el expediente de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa solicitud que realice este Juzgado Federal. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula de este expediente que es depurable; y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. ESCRITO. Téngase recibido el escrito de Francisca Mercado Sánchez, por el cual solicita se le haga devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda así como copia certificada de todo lo actuado. En atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, se autoriza la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos, autorizando para recibirlo a los profesionistas que refiere. En la inteligencia que la promovente deberá exhibir copia simple de las documentales que solicita, a fin de llevar a cabo su cotejo y certificación. De igual forma, respecto de las copias que refiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, expídase a su costa las mismas, téngase autorizando para que las reciban a las personas que hace mención en el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las nueve a las catorce treinta horas de lunes a viernes. Lo anterior a fin de que se encuentre en aptitud de realizar el trámite correspondiente para recibir las copias que solicita en el ocurso que se provee. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado por ******************** y, atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, expídase a su costa las copias que solicita, asimismo se le tiene por autorizando para que las reciban a las personas que hace mención en el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos. En la inteligencia que el horario de atención autorizado a este órgano jurisdiccional comprende de las ocho horas con treinta minutos a las trece horas con treinta minutos. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario citado. En virtud de lo anterior, reitérese al quejoso que debido al límite máximo de la duración de la cita (veinticinco minutos) y que además las copias que solicita pide le sean expedidas certificadas de todo lo actuado, atento a que en el esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de las copias se efectuará en una fecha posterior, previa comunicación que entable con la secretaria de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos que reclama del Encargado del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí. RESULTANDO: PRIMERO. ********************, mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y turnada en esa data a este órgano jurisdiccional para su conocimiento, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto siguiente: "III. AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S): A) INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL; Con domicilio ubicado en Boulevard México-Laredo No. ********************5 Pasaje Alonso Zona Centro de esta ciudad Valles, S.L.P.. IV.- ACTO RECLAMADO: a) La negativa hecha a mi solicitud de cancelación del gravamen inscrito en esa institución del bien inmueble propiedad de quien en vida llevó el nombre de ESTEBAN SORIANO ÁLVAREZ ubicado en calle 5 de febrero esquina con ******************** de la Colonia los ******************** de la Ciudad de Ébano S.L.P., embargo este inscrito bajo el folio ******************** de fecha ********************8 de Abril de 1987, del número ********************del apéndice de embargo." SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número estadístico ********************, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103 fracción I, y 107 fracciones I, II, primer párrafo, y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, ********************y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; 35 y ********************de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/********************013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tener ejecución en esta ciudad el acto que reclama. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener: "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado", este órgano jurisdiccional procede a precisar el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias de autos, se precisa como acto reclamado: La negativa hecha a su solicitud de cancelación del gravamen inscrito en esa institución del bien inmueble propiedad de quien en vida llevó el nombre de ********************, ubicado en calle ******************** esquina con ******************** de la colonia los ********************, en ******************** San Luis Potosí; embargo este inscrito bajo el folio ******************** de ********************, del número ********************del apéndice de embargo. TERCERO. Determinación de certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido al Encargado del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, no obstante que lo haya negado, su existencia se advierte de la lectura del propio informe, así como de las constancias que remite como complemento. En efecto, la autoridad responsable de mérito exhibió copia certificada del oficio ********************, del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de esta ciudad, girado en el expediente ********************y dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el que se contiene la orden de embargo e inscripción dada por esa autoridad judicial, con el registro ********************, del apéndice de embargos de ********************, propiedad con folio ******************** a nombre de ********************, así como de la inscripción número ******************** del Tomo ********************; mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1********************9 y ********************0******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone a esta juzgadora el artículo 6******************** de la ley de la materia; sin que en el caso en concreto se advierta la existencia de alguna causa de esa índole que deba actualizarse. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no invocarse más causas de improcedencia ni advertir alguna que quien esto resuelve debiera estudiar de oficio, procede analizar los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado sin que se cause indefensión a las partes, o se falte a los principios de congruencia y exhaustividad, implícitos en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. En la especie, la disidente reclama de la autoridad responsable Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, la respuesta emitida a la negativa hecha a su solicitud de cancelación del gravamen inscrito en esa institución del bien inmueble propiedad de quien en vida llevó el nombre de ********************, ubicado en calle ******************** esquina con ******************** de la colonia los ********************, en ******************** San Luis Potosí, inscrito bajo el folio ******************** de ********************, del número ********************del apéndice de embargo. La autoridad responsable Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, al rendir su informe justificado refirió que efectivamente dentro del sistema integral registral, en el folio ********************, aparece como propietario del bien inmueble de que se habla ********************. Además, informa que en fecha veinte de mayo del año en curso, se recibió escrito en esa dependencia el veintitrés de junio de este año, bajo la boleta ********************, en el que ********************, que aduce ser única universal heredera y albacea definitiva del de cujus ********************, según las copias simples de la resolución del expediente ********************, relativo a un juicio sucesorio intestamentario, y solicitó la cancelación del gravamen que afecta el folio ********************; respecto del cual dio contestación el veinticuatro de junio siguiente, en estos términos: "No es procedente su solicitud en virtud que este instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, solo puede Cancelar mediante resolución Judicial o Administrativa o instrumento Público debidamente realizado por Notario Público, por lo que dígase a la solicitante que el trámite a realizar es acudir ante la autoridad Jurisdiccional y comparecer en el expediente número ********************. Ya que con fecha ********************3 de abril de 1987, se ordenó a esta oficina registral mediante el oficio número ********************, Ordinal del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, la propiedad fue embargada por la cantidad de ******************** (******************** 00/100 M.N.), mismo que anexo en copias certificadas para su conocimiento, Aunado a lo anterior de las documentales que exhibe no se desprende que el pago se haya realizado, por lo que una vez que se emita por parte de la Autoridad Judicial el ordenamiento de Cancelación, se acordara lo procedente. Lo anterior con fundamento en los artículos 1 8 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 7, 15, 50, 55, y demás relativos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí." En su resolución la autoridad responsable razona que no procede la cancelación pues ésta prospera únicamente en caso de que exista una decisión judicial, administrativa o instrumento Público debidamente realizado ante Notario Público, sin que ello sucediera en este caso en particular; de manera que le comunicó a la peticionaria que debía apersonarse ante el órgano jurisdiccional y comparecer en el expediente ********************, mediante el oficio ********************, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, ordenó a esa oficina registral la anotación correspondiente sobre el inmueble en cita, dado que se encontraba embargada hasta por un monto de ******************** (********************); y también le refrió que no aportó prueba alguna en relación con el pago de ese adeudo, y que una vez que la autoridad judicial lo ordenara, procedería a su cancelación; funda su determinación en los artículos 1, 8, 16 y 17 de la Carta Magna y 1º., 3, 7, 5, 6, 1******************** 15, 50 y 55 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado y Municipio de San Luis Potosí. Además, expone la autoridad responsable que su negativa la apoya en que esa Institución es de carácter ejecutora del acto, ya que se debe a la orden de autoridades judiciales o administrativa como en este caso; y asimismo allega copia certificada de la inscripción número ********************, Tomo ******************** de Escrituras Públicas, bajo el folio ********************, a nombre de ********************, el oficio ********************de veinticuatro de junio del presente año en que se constata la negativa de cancelación del gravamen y de la boleta ******************** y el escrito de solicitud de libertad del gravamen. Bien, la normatividad aplicable al caso en estudio lo son los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 15, 61, 6******************** y 64 de la Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que a la letra dicen lo siguiente: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." "Artículo 15. Los actos que conforme a ésta u otras leyes deban inscribirse en el Registro deberán constar en: I. Instrumento público otorgado ante notario Público; II. Resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas; o III. Los demás documentos que conforme a la presente Ley sean susceptibles de registro. " "Artículo 61. Las inscripciones no se extinguen sino por su cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. La cancelación de una inscripción puede hacerse por consentimiento de las personas a cuyo favor están hechas, el que se hará constar en instrumento público otorgado ante notario, o por resolución judicial. Sin embargo, podrán ser canceladas a petición de parte interesada, sin satisfacer dicho requisito, cuando el acto inscrito quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del documento presentado para su inscripción. Las anotaciones preventivas podrán ser canceladas sólo por caducidad, por realizarse el registro definitivo, o por cancelación ordenada o autorizada por el funcionario o autoridad competente." "Artículo 6********************. Podrá pedirse la cancelación total de inscripciones o registros definitivos cuando: I. Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o registro. II. Se extinga por completo el derecho inscrito. III. Se declare la nulidad del acto consignado en el documento, en donde se haya realizado la inscripción o registro. IV. Se declare la nulidad de la inscripción; . VI. Tratándose de un embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de su inscripción y no se haya reinscrito; con excepción del embargo para garantizarse el pago de alimentos, créditos laborales y aquellos que por Ministerio de Ley deban ser ordenados por las autoridades competentes. ." "Artículo 64. La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos transmisibles por endoso, puede hacerse presentando instrumento público otorgado ante notario, porque se haya cobrado el crédito en el cual deba constar haberse inutilizado los títulos endosables en el acto de su otorgamiento, o bien, por ofrecimiento del pago y consignación del importe de los títulos tramitados y resueltos de acuerdo con las disposiciones aplicables." Ahora, la parte quejosa se duele en su demanda de amparo que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías de fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídicas, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, así como los preceptos relativos a la cancelación del embargo previstos en la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, concretamente los artículos 61 y 6******************** fracción IV, de dicha ley secundaria, ya que alega le asiste el derecho humano a que se cancele ese gravamen sobre la propiedad, pues inclusive aduce que esa inscripción ya caducó, pues data del año de mil novecientos ochenta y siete; por lo que debió ser resuelta en forma favorable tal solicitud por la autoridad responsable. Sin embargo, contrario a tal disentimiento, la autoridad responsable Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, procedió de acuerdo con el marco legal, al negarse a cancelar el gravamen que existe sobre dicha propiedad, esto es el bien inmueble identificado como Lote número ******************** de la manzana ******************** zona ******************** de la esquina ******************** y ******************** esquina con de la colonia los ********************, en ******************** San Luis Potosí; puesto que se ciñó a lo que preceptúan los artículos 61 y 6******************** precitados, en tanto a que de tales disposiciones se desprende que existen diversos supuestos en que opera la cancelación de las inscripciones en el Registro Público, a saber: Por cancelación. Por el registro de la trasmisión de dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. De igual forma se precisa que la cancelación podrá ser por consentimiento de la persona a cuyo favor estén hechas, lo que se hará constar en instrumento público otorgado ante Notario Público, o por resolución judicial o administrativa. Y si bien se establece en la normatividad aplicable la viabilidad de que los inscripciones puedan cancelarse tratándose de un embargo, cuando hayan transcurrido tres años desde la fecha de su inscripción y no se haya reinscrito; con excepción del embargo para garantizarse el pago de alimentos, créditos laborales y aquellos que por Ministerio de Ley deban ser ordenados por las autoridades competentes; lo cierto es que para que ello sea así, es menester que exista un fallo judicial en que se declare la existencia de esa figura jurídica, como lo es la caducidad, sin que en el caso concreto sea así; pues no basta que como lo hace valer la quejosa el embargo date desde el año de mil novecientos ochenta y siete, ya que inclusive conforme al artículo 15 de la Ley de la materia, la inscripción obedeció a una determinación judicial; de ahí que no sea suficiente el solo transcurrir del tiempo para que la responsable, que es ejecutora, proceda a la cancelación del embargo, sino que ello sea abordado por la autoridad que ordenó ese gravamen y decrete su procedencia; de ahí que se estima que la autoridad responsable se ajustó al principio de legalidad, y no se afecte a la legalidad y seguridad jurídica. En efecto, las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable, valorada previamente y las diversas exhibidas por la quejosa, a las que se les concede eficacia demostrativa plena, de acuerdo a los artículos 1********************9 y ********************0******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, toda vez que se trata de copia certificada por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Sexto distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, de diversas constancias que integran el expediente 00678/********************018 relativo al juicio sucesorio instestamentario a bienes de ********************; empero, de tales probanzas se desprende que no existe un fallo de la autoridad judicial, administrativa o de otra índole en que se ordene la liberación de ese embargo; es por ello que deviene irrelevante el transcurso del tiempo que refiere la quejosa, pues no se está ante esa figura jurídica -caducidad -. Además, aun y cuando la parte disidente hace valer que es una persona discapacitada por padecer enfermedades crono degenerativas y que por ende, debe aplicarse en su favor el principio pro persona contenido en el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y preferir a su favor la aplicación de los artículos 61 y 61 de la ley del Registro Público y del Catastro para el Estado de San Luis Potosí, por encima de cualquier otra disposición que contravenga su solicitud, puesto que una negativa así afectaría a sus derechos fundamentales; lo cierto es que no acredita esa condición personal y de salud a que se refiere, y el alcance de ese derecho fundamental no implica o entraña en modo alguno que en cualquier caso o asunto jurídico que se ventile, las decisiones siempre serán favorables a los peticionarios; sino que las mismas serán falladas acorde al marco constitucional y legal, con respeto u observancia de los derechos fundamentales contenidos en tales legislaciones y la Convencionalidad. Por el contrario, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a lo que establecen los artículos 61 y 6******************** de dicha Ley secundaria, la cual, contrario a lo que hace valer la inconforme, pues el primero de ellos es claro al disponer que los registros - embargo -, podrán ser cancelados por resolución judicial, administrativa o instrumento notarial; mientras que el segundo dispositivo en su fracción I, contempla que la inscripción podrá ser cancelada cuando se extinga por completo el derecho inscrito, es decir, esa prerrogativa o derecho puede ser cancelado cuando así lo determine el juez, pues aquí se trata de un embargo de una autoridad judicial, y mientras no suceda ello, es improcedente lo que alega la quejosa en su demanda de amparo. Así pues, como la autoridad responsable se ciñó a lo que establecen los preceptos legales que norman la inscripción de un embargo, explicando los motivos del por qué concluyó en ese sentido, y además cita el fundamento legal que aplica; de ahí que su determinación esté fundado y motivado, con arreglo en el artículo 16 de la Constitución Federal; contrario a lo que hace valer la parte accionante de amparo. Consecuentemente, como se expuso, para que aplique la cancelación de un embargo, es indispensable sea a través de una decisión de un juez, una determinación administrativa o instrumento notariado, en el que se establezca en presencia de las partes la viabilidad de su procedencia, ya sea por la caducidad u otro acto válido en derecho, puesto que el titular del derecho inscrito debe ser enterado y oído en defensa. Apoya lo resuelto, la tesis aislada XVI.1o.A.T.15 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que puede consultarse en la página 1607, Libro XXIII, Agosto de ********************013, Tomo 3, Materias Constitucional, Común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA HIPOTECA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LOS ARTÍCULOS ********************531, FRACCIÓN III, ********************535, ********************536-A Y ********************536-B DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL PERMITIRLA POR CADUCIDAD, SIN DAR INTERVENCIÓN AL TITULAR DEL DERECHO INSCRITO PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, TRANSGREDEN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. En términos de los artículos ********************531, fracción III, ********************535, ********************536-A y ********************536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato, la cancelación de las inscripciones de hipotecas puede hacerse, entre otros supuestos, por caducidad. Dicha figura jurídica opera por el simple transcurso del tiempo y el registrador puede hacer la cancelación de oficio, a petición de parte o de terceros. De acuerdo con lo anterior, el referido ordenamiento permite la cancelación de la inscripción sin otorgar intervención al interesado en su subsistencia, esto es, autoriza afectar el derecho registrado a favor de determinada persona, sin que el titular tenga la oportunidad de intervenir en el trámite de cancelación. Por tanto, los numerales citados transgreden el derecho fundamental de audiencia, al no prever la posibilidad de que, previo a cancelar por caducidad el asiento registral, el titular del derecho inscrito manifieste lo que a su interés convenga, en su caso, ofreciendo las pruebas con las cuales pueda demostrar que no operó esa figura jurídica, o bien, que el plazo se interrumpió o suspendió." Luego entonces, la autoridad responsable explica la causa o motivos particulares del por qué concluyó en el sentido que lo hizo, al negarse a cancelar el gravamen que pesa sobre el inmueble de que se trata, de manera que cumple con la exigencia del artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; esto es funda y motiva su resolución. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 139/********************005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 16******************** XXII, Diciembre de ********************005, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." De ahí que la determinación de tal responsable no vulnere la legalidad y seguridad jurídica como lo hace valer la parte inconforme en su demanda de amparo. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, y sin que se esté en el supuesto de la suplencia de la queja, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la quejosa ********************, contra la negativa de la autoridad responsable Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cancelar el registro del embargo, emitido el ********************. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 61, 6******************** 63, 1********************4 y ********************17 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerado de la presente sentencia. Notifíquese.
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