Francisca Morán y/o Francisca Morán Gabriel
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisca Morán y/o Francisca Morán Gabriel
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintidós. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el cual este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, e informa que mediante proveído de uno de septiembre del año en curso, se aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es destruible, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN OFICIO. Téngase recibido el oficio de cuenta recibido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1044/2022, de su índice, promovido por .... contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, toda vez que mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso, estimó que corresponde a este Juzgado Federal el conocimiento de la demanda de que se trata por razón de territorio, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 596/2022-II-I. PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de doce de agosto de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por la que la parte quejosa reclama: De la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estatal: el auto dictado el 08 de julio de la presente anualidad, mismo que determina no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la de la voz en contra de la falta de notificación por lista de la resolución de fecha 11 de abril de la presente anualidad, dictada por la responsable, misma que por su naturaleza (interlocutoria, pues únicamente resolvió respecto a la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario) debió ser notificada por medio de lista de acuerdos y mediante la página de internet del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, esto porque de manera incorrecta estima que dicho incidente es notoriamente improcedente, sin darle el trámite debido conforme a la ley y con ello realizar el estudio exhaustivo necesario. Del Juez Segundo Familiar del Sexto Circuito con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí: todas las actuaciones realizadas a partir del auto de fecha 17 de junio de la presente anualidad, en el cual se acordó entre otras cosas, la recepción de la copia certificada de la resolución de fecha 11 de abril de 2022, dictada por la H. Tercera Sala. Competencia que declinó en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por el lugar de ejecución del acto reclamado, ello, al considerar que el acto tiene ejecución material en donde este Juzgado ejerce jurisdicción, pues aduce que el desechamiento del incidente de nulidad referido por la quejosa respecto de la resolución de once de abril del año en curso, en el que la sala responsable revocó la diversa determinación de once de agosto de dos mil veintiuno, repercute en los autos del juicio natural, que se sigue en el Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, lugar donde la resolución del tribunal de alzada tendrá sus consecuencias jurídicas, y por ende, donde se debe acatar la obligación de hacer, que resulte, en su caso del auto que revocó la resolución recurrida. Al efecto, el juez declinante refiere que el acto reclamado no es una mera resolución declarativa, carente de algún efecto jurídico, pues la resolución que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto por la quejosa, en relación a la notificación de la determinación de once de abril de dos mil veintidós, que revocó la interlocutoria de once de agosto de dos mil veintiuno, tendrá una ejecución material en el lugar en que se sigue el procedimiento civil; por lo que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el Juzgador declinante y por ende, no se acepta la competencia planteada. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, partiendo de la base de que el criterio de "ejecución material" previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas. Así, las dos primeras reglas de competencia exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; además, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior revela que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un procedimiento accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del procedimiento, como lo prevé el artículo 17 Constitucional. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama el auto de ocho de julio de la presente anualidad, por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la quejosa contra la notificación por lista de la resolución de once de abril del año en curso, dictada por la Sala responsable, la que a su vez revocó la diversa de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Familiar con sede en esta ciudad, dentro del juicio sucesorio de origen; y como consecuencia, todas las actuaciones realizadas a partir del diecisiete de junio del año en curso, en el juicio natural, por el que el Juez de referencia tuvo por recibida la resolución dictada en segunda instancia. Lo expuesto revela que tanto la resolución de once de abril de dos mil veintidós, como la notificación de la misma, respecto de la cual la parte quejosa promovió incidente de nulidad, y que constituye el acto reclamado, fue emitida y practicada en la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lugar donde es competente el Juez Federal declinante; mientras que las actuaciones que reclama la quejosa llevadas a cabo a partir del diecisiete de junio del año en curso, fueron emitidas por el Juez Segundo Familiar con sede en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Desde ese panorama, la competencia se finca a favor del Juez de amparo que previno de la demanda de garantías. Por tanto, si el quejoso en el amparo indirecto señaló como actos reclamados tanto el auto de ocho de julio de la presente anualidad, por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la quejosa contra la notificación por lista de la resolución de once de abril del año en curso, dictada por la Sala responsable, así como todas las actuaciones realizadas a partir del diecisiete de junio del año en curso, en el juicio natural, en que el Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad tuvo por recibida la resolución dictada en segunda instancia, resulta inconcuso que acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, el lugar donde se llevó a cabo la notificación de la que se duele la parte quejosa, así como sus consecuencias, sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución ese acto, esto es, en principio, donde debe practicarse la notificación motivo de agravio de la quejosa, y por otra parte, el lugar en el que se sigue el juicio natural, toda vez que la quejosa además reclama todo lo actuado por el juez de origen a partir de la recepción dela resolución cuya notificación solicita su nulidad; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el tercer párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. En la especie, los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito y respectos de éstos aplica la tercera regla, prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, donde el competente es el juez que previene. Pues atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para la justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Ante tal escenario, el quejoso puede optar válidamente por promover la demanda de garantías en contra del auto que desechó el incidente de nulidad, ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que lleva el procedimiento de donde deriva el auto reclamado, sin necesidad de tener que trasladarse a un lugar lejano. Cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis Jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, registro 2003502, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. .... Si bien este criterio hace referencia a la legislación vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que la regla normativa que alude es sustancialmente idéntica a la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, de manera que sigue siendo aplicable, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la ley en cita, en el cual establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. De esta índole, resulta que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por .... en su carácter de albacea definitiva de .... contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad; al ser el juzgado que previno, pues la parte quejosa presentó la demanda de amparo ante ese juzgado federal. En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juez Segundo Distrito en Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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