Francisco Arroyo de la Concha

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    téngase recibido y agréguese a los autos el comunicado del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 115/2023-II orden 331/2023, deducido del presente juicio, enviado a fin de notificar el acuerdo de diez de junio pasado al quejoso ********************. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo; sin que haya lugar a generar el acuse de estilo, toda vez que el propio sistema expide la constancia correspondiente a su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el cual informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 255/2023, del índice de este Juzgado, promovido por Francisco Arroyo de la Concha. Vinculación del expediente electrónico. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. Archivo. Ahora bien, toda vez que en el en el expediente en que se actúa no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, por no encontrarse dentro de los criterios de valoración que pueda ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de los expedientes principal condigno. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbanse tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 255/2023-II. No pasa inadvertido para esta juzgadora que la demanda se recibió vía electrónica sin firma autógrafa o electrónica; empero, entre otras cuestiones se reclaman actos prohibidos en los artículos 22 Constitucional, en términos del 15 de la Ley de Amparo, por lo que este juzgado federal, se pronuncia al respecto. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. No se decreta la suspensión de plano. No se decreta la suspensión de plano solicitada por el quejoso Francisco Arroyo de la Concha, ello al tener en consideración la certificación que antecede en el sentido de que el ocho de junio del año en curso, se tuvo por recibida diversa demanda de amparo promovida por el mismo quejoso, actos reclamados y autoridades responsables; demanda que se registró bajo el número 249/2023 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Asimismo, en el propio auto, se decretó la suspensión de plano por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la tortura psicofísica y emocional, intimidación y discriminación del tracto sucesivo que reclama, respecto de las autoridades señaladas como responsables Director o Encargado temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Encargado del Área Técnica del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Encargada del Área Jurídica del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, a efecto de que cesaran de inmediato, todo lo que deberían acreditar las autoridades responsables con las constancias correspondientes en copia certificada; medida cautelar que a esta data se encuentra vigente. Ahora bien, la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en el quejoso actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los restantes actos reclamados, diversos a aquéllos por los que ya se decretó la suspensión de plano en el anterior juicio de amparo, tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, derivadas de su traslado del Centro de Reinserción Social en Tlaxcala al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", por lo que en el caso no se ubican en alguna de las hipótesis normativas a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, debido a que se advierte que el directo quejoso no está incomunicado, pues fue éste quien promovió por derecho propio y en uso de medios electrónicos la demanda de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.10.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Por todas esas razones, no resulta procedente decretar suspensión de plano respecto de algún acto reclamado por el quejoso, al encontrarse vigente, por lo menos, la relativa al juicio de amparo 249/2023 del índice de este juzgado federal en relación con los actos que encuadran en la hipótesis prevista en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Determinación de incompetencia. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los diversos actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, de la lectura de la demanda se advierte que el peticionario del amparo señala como uno de los actos reclamados la orden de traslado que llevaron a cabo las autoridades responsables del Centro de Reinserción Social en Tlaxcala al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", así como su ejecución. Asimismo, señala como autoridades responsables al Director o Encargado temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Encargado del Área Técnica del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Encargada del Área Jurídica del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con domicilio conocido en la Ciudad de México, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que el directo impetrante se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación social número 13 "CPS Oaxaca", y señala que la orden de traslado reclamada ya fue ejecutada el pasado catorce de marzo de dos mil veintitrés. De lo anterior, se colige que los actos que el quejoso reclama (orden de traslado, su ejecución; resolución administrativa de tres de marzo de dos mil veintitrés; la solicitud de traslado urgente de cuatro de marzo del año en curso; la autorización de ingreso del quejoso a un Centro Federal de Reinserción; solicitud ante autoridad jurisdiccional para la calificación del traslado ejecutado; la calificación de legal traslado, entre otros); son de aquellos que requieren ejecución material, misma que está teniendo lugar en el Centro de Reclusión en el que aquél se encuentra interno el quejoso, por lo que corresponde al Juez Federal con jurisdicción en la ciudad de Oaxaca, conocer de la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el juez federal competente para conocer de este juicio constitucional es el Juzgado de Distrito en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que del análisis de la demanda se advierte que los actos reclamados no tienen ejecución en la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal, sino en el lugar en el que el directo agraviado se encuentra recluido. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis aislada I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En mérito de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma, al Juzgado de Distrito en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, que se encuentre en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que esta Juzgadora no se pronuncia en relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación invocada. Notificación agraviado directo. Dado que el quejoso Francisco Arroyo de la Concha, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, que se encuentre en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Reserva. Por el momento no ha lugar a realizar la designación de defensor que solicita el quejoso, dado que tal pronunciamiento corresponderá hacerlo al juez que resulte competente para conocer del presente asunto. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente al quejoso a través de exhorto.

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