Florentino Salazar Uicab
Expediente 1204/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Florentino Salazar Uicab
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y un minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1204/2020-VIII, promovido por Florentino Salazar Uicab, por su propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por el Jefe de Departamento de Pensiones y por el Titular ambos de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a la demanda y ampliación Seguidamente la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes de ley de las autoridades responsables mencionadas en cuanto a la ampliación de demanda para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su demanda ampliación, así como las remitidas por las responsables que adjuntaron a su informe justificado consistentes en copia certificada del oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, así como diversas relacionadas con el trámite de pensión presentado por el quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como la presuncional legal y humana ofrecida por el quejoso; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas, en cuanto a las documentales debido a que ya obran en autos, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y todas ellas se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 13765, correspondiente al escrito signado por el quejoso Florentino Salazar Uicab, mediante el cual expresa sus alegatos; así como, con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la adscripción; por lo que, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la parte quejosa y el alegato ministerial del representante social, para los efectos legales que correspondan. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1204/2020-VIII promovido por Florentino Salazar Uicab, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Titular de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Florentino Salazar Uicab,, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Titular de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO Y AMPLIACIÓN. En auto de dos de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; el doce de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia; sin embargo, ese auto fue revocado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 38/2021 y ordenó reponer el procedimiento; en auto de once de mayo del presente año, se dio vista al quejoso a fin de que expresara si deseaba ampliar su demanda, lo que así hizo mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de este año, se requirió informe a la autoridad resposanble; en auto de trece de julio del año en curso, se regularizó el procedimiento y se tuvo como autoridad al Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le requirió su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse inicialmente en el presente asunto una omisión que no trae aparejada ejecución y el quejoso presentó su demanda en esta demarcación donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En esas condiciones, los actos reclamados en el presente juicio, son los siguientes: 1) La falta de respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por vejez y las prestaciones a las que tuviera derecho, de dos de septiembre de dos mil veinte, realizada por el quejoso, presentada el diez de ese mes y año, ante la oficialía de partes común de la Subdelegación Metropolitana Sur, unidad de medicina receptora número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2) El oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que en atención al escrito de dos de septiembre de ese año, le comunicó al quejoso, que para atender su solicitud de pensión por vejez, deberá realizar el trámite de Corrección de Datos Personales del Asegurado. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado respecto a la demanda el Titular de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Jefe de Pensiones de esa subdelegación, fue omiso en expresar de manera concreta si es cierto o no el acto reclamado descrito en el punto 1; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto ese acto que se le reclama. Lo anterior, toda vez que las constancias de autos, denotan que a la fecha de presentación de la demanda (treinta de noviembre de dos mil veinte) no ha había sido respondido la solicitud del quejoso de otorgamiento de pensión por vejez de dos de septiembre de dos mil veinte, presentada el diez de ese mes y año, pues fue con posterioridad a la demanda de amparo, que se emitió una respuesta a ese escrito, lo que denota la certeza de esa omisión reclamada descrita en el inciso 1) del considerando anterior. De igual forma, se con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto ese acto que se le reclama descrito en el punto 2) del considerando segundo, pues el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado respecto a la ampliación de demanda, fue omiso en expresar de manera concreta si es cierto o no ese acto reclamado; pero de cualquier forma, en el informe hizo manifestaciones que evidencian su certeza pues ratificó lo manifestado en el oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte; de ahí que se tenga por cierto. Máxime que ello se corrobora con las constancias que obran en autos, entre las que se obra el aludido oficio las que por tratarse de documentales públicas revisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso a estudio, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por vejez y las prestaciones a las que tuviera derecho, de dos de septiembre de dos mil veinte, realizada por el quejoso, presentada el diez de ese mes y año, ante la oficialía de partes común de la Subdelegación Metropolitana Sur, unidad de medicina receptora número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión del Titular de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por vejez y las prestaciones a las que tuviera derecho, de dos de septiembre de dos mil veinte, realizada por el quejoso, presentada el diez de ese mes y año, ante la oficialía de partes común de la Subdelegación Metropolitana Sur, unidad de medicina receptora número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, se desprende que mediante oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención al referido escrito de dos de septiembre de ese año, le fue comunicado al quejoso que, para atender su solicitud de pensión por vejez, deberá realizar el trámite de Corrección de Datos Personales del Asegurado. Dichas constancias, por su naturaleza pública, tal como se indicó gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Con lo anterior, se dio atención a su solicitud y pese a que no hay constancia de que dicha determinación hubiere sido notificada al quejoso de manera personal, cierto es que en esta instancia constitucional obtuvo conocimiento de dicha resolución que fue recibida en auto de doce de enero del año en curso, el cual le fue notificado por conducto del Actuario de la adscripción vía correo electrónico y con ello cesaron los efectos de la omisión reclamada. En efecto, lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la citada omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dio atención a la solicitud planteada por el quejoso y que con motivo de ello se emitió una respuesta a la petición del quejoso -aunque ésta no haya sido favorable a sus intereses-, pero lo cierto es que ya fue atendida su solicitud de tal forma que se restituyó al quejoso en el derecho fundamental que se veía violentado. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a su derecho de petición en virtud de la omisión de la citada autoridad de atender la solicitud de dos septiembre de dos mil veinte, presentada el diez de ese mes y año, en el que pidió la pensión de vejez, lo que fue subsanado con la actuación de la autoridad responsable descrita en los párrafos que preceden. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir al peticionario de amparo en el goce de los derechos violados, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no los surte, y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de las violaciones alegadas por la demandante. Así se llega a la conclusión que la autoridad señalada como responsable cumplió la obligación a contestar la solicitud que le fue planteada, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, de conformidad al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo cual faculta al justiciable a acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, respecto del citado acto reclamado descrito en el inciso 1) del considerando segundo, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. En relación con el diverso acto reclamado descrito en el inciso 2) del considerando segundo, consistente en el oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que en atención al escrito de dos de septiembre de ese año, le comunicó al quejoso, que para atender su solicitud de pensión por vejez, deberá realizar el trámite de Corrección de Datos Personales del Asegurado, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, del texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley diversos procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto con los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en estudio, consiste en el oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que en atención al escrito de dos de septiembre de ese año, le comunicó al quejoso, que para atender su solicitud de pensión por vejez, deberá realizar el trámite de Corrección de Datos Personales del Asegurado. Ahora, ese oficio deriva de la solicitud del quejoso y si bien respecto a la omisión de contestar la petición relativa, el juicio de amparo es procedente conforme a la citada jurisprudencia 2a./J. 66/2016, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición, lo cierto es que una vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, emite la respuesta correspondiente respecto de la solicitud de pensión de vejez hecha por el quejoso, ya no es factible considerarla como autoridad para efectos de amparo, puesto que ya no está en un plano de supra a subordinación, dado que esa actuación, tiene en su origen la atribución que tiene de ente asegurador, frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Al respecto, es obligatorio para la suscrita tomar en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 160995, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIV, septiembre de 2011, Materia: Común, Página: 1511, que señala: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." De la jurisprudencia transcrita resultan relevantes, para el caso, los aspectos siguientes: El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, cuando actúa frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene carácter de ente asegurador, cuando actúa frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. La resolución que emite el citado instituto, que decide un recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada ley, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. El Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, cuando determina sobre la procedencia de las prestaciones de seguridad social, debido a que sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Conforme a las nombradas premisas, resulta que si el Instituto Mexicano del Seguro Social no actúa como autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando resuelve un recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social; entonces, con mayor razón, cuando dicta una determinación o emite respuesta relacionada con la petición de otorgamiento de una pensión, por conducto del jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional, tampoco actúa con el carácter de autoridad, porque únicamente está determinando la procedencia o no del beneficio de una pensión, conforme a los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social funciona como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; por ende, actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Y, también por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que en su rubro y texto dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia." Criterio del cual resulta dable afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. En tal virtud, toda vez que en el caso, se reclama el oficio 339101950200/DPS/994/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que en atención al escrito de dos de septiembre de ese año, le comunicó al quejoso, que para atender su solicitud de pensión por vejez, deberá realizar el trámite de Corrección de Datos Personales del Asegurado, es dable concluir que el nombrado Jefe de Pensiones, no actúa como autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque únicamente está determinando la procedencia o no del beneficio de una pensión, conforme a los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social y en el acuerdo ACDO.SA2.HCT.290818/228/P.DPES y sus anexos dictados por el Consejo Técnico en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por lo que su actuación se realiza en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 12/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2000464, Décima Época, Materias(s): Común, Constitucional, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 666, que señala; "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. De conformidad con los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 32/2006, 2a./J. 18/2008, 2a./J. 85/2009, 2a./J. 82/2011 y 2a./J. 134/2011, todas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997, a pesar de que se señale como acto de aplicación de esa norma la resolución para el otorgamiento de la pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997; porque si bien esa determinación constituye el acto que actualiza el contenido de la norma y materializa un perjuicio en la esfera jurídica del pensionado, en su emisión no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, porque únicamente resuelve sobre la procedencia de la pensión que se solicita, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social. En efecto, si bien es cierto que la parte quejosa se duele de que no se le dio una verdadera respuesta a su petición de obtener su pensión de vejez, también lo es, que dicha circunstancia no altera la naturaleza del acto efectuado por el Instituto, porque si bien puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. En ese sentido, no es dable que se examine mediante un juicio de amparo la legalidad o ilegalidad de la respuesta, toda vez que el citado Instituto actuó como particular frente a la quejosa, sin ejercer facultades de imperio, porque únicamente actuó en respuesta a la solicitud del agraviado, ya que no resolvió una controversia entre particulares, ni elimina las pretensiones de algún interesado. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social, una prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver la petición sobre ese particular, no hace sino verificar los requisitos legales. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Es de invocarse por analogía, en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 2032, con el título y enunciado siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo". Corolario de lo expuesto, respecto del acto reclamado en el inciso 2) se actualiza la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII, con relación al 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas contra los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causas de improcedencia que se actualizaron; acorde con la tesis de jurisprudencia 509, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Florentino Salazar Uicab, por su propio derecho, contra los actos que reclamó del Titular y Jefe de Departamento de Pensiones ambos de la Subdelegación Mérida Sur, Delegación Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad de Mérida, por los motivos aducidos en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días de la vista otorgada a la parte quejosa en auto de treinta de julio del presente año, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Médica Sur, Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social. En consecuencia, no es posible celebrar la aludida audiencia en esta data; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Médica Sur, Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe justificado de mérito, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
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