Frances Josephine Hull
Expediente 1771/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Frances Josephine Hull
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito rendido vía electrónica por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita acceso y consulta al expediente electrónico, y señala correo electrónico. En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario ******************** que proporciona la ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la autorizada de la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultados para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, ténganse como medios de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico que proporciona en su escrito de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del título de propiedad que adjuntó a la demanda de amparo; en tal virtud, dígasele que, tal como se acordó en proveído de nueve de noviembre pasado, accédase a la devolución a la parte quejosa de la documentación que solicita, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, en cuanto a su diversa solicitud de que se le autorice a su costa copia certificada de la determinación que indica; dígasele a la ocursante que no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir las copias certificadas que alude en su escrito de mérito, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida y generada por vía electrónica constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico. No obstante lo anterior, dígase a la autorizada de la parte quejosa en este asunto, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, pues al contar con evidencia criptográfica, el valor probatorio de aquellas, es el mismo que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos; asimismo, da cuenta con los registros de Oficialía de Partes número 16073 y 16072, correspondientes a los informes previos rendidos por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública y del encargado del depósito vehicular número uno, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, este acto se da cuenta con la copia del escrito de ********************y anexos que acompaña, tal y como se ordenó en autos del juicio principal derivado de los presentes autos incidentales. La Jueza acuerda: Agréguense a estos autos los informes previos de las autoridades de que se trata y ténganse por rendidos en tiempo y forma los mismos, para que sean tomados en consideración como correspondan; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 y 144 de la Ley de Amparo en vigor, celébrese la presente audiencia. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial, así como las diversas que anexó ********************a su escrito con número de registro de Oficialía de partes número********************mismo que obra agregado en autos del juicio principal derivado de este cuaderno incidental; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas documentales antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: VISTOS, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo V-1771/2023, promovido por ********************, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclama de las responsables, la retención así como la negativa de devolverle su vehículo que aduce es de su propiedad, ******************** SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de fecha nueve de noviembre del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva se dio cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial, así como las diversas que anexó ********************a su escrito con número de registro de Oficialía de partes número********************mismo que obra agregado en autos del juico principal derivado de este cuaderno incidental; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos, las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. En los informes previos rendidos por las autoridades responsables éstas señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado NIEGA Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública y el encargado del depósito vehicular número uno. CIERTO CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atento a lo anterior, y en virtud de que en su informe previo la autoridad responsable, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, NEGÓ la existencia de los actos que se le reclama, consistente en la retención así como la negativa de devolverle su vehículo a la quejosa que aduce es de su propiedad, ********************, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa; por ende, procede negar a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, ante la inexistencia de los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Yucatán, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Ahora bien, por lo que respecta a las diversas autoridades responsables, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y encargado del depósito vehicular número uno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quienes aceptaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en: La negativa por parte de la autoridad responsable de devolverle su vehículo ********************, que aduce es de su propiedad. Por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del citado acto reclamado, y toda vez que del contenido de los informes previos se advierte que la parte quejosa ya fue desposeída de dicho vehículo automotor, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." QUINTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, respecto de la suspensión definitiva solicitada respecto de las consecuencias del citado acto a fin de que se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor, se procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, de conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Antes de analizar los dos requisitos anteriores, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si la retención del vehículo ********************, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio de la suscrita, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. Así, en el caso, se desprende de que la retención del aludido vehículo, que a dicho de la parte quejosa se realizó con motivo de un accidente vehicular ocurrido el trece de octubre del año en curso, sin ningún mandato escrito y sin estar debidamente fundado y motivado, le retuvieron de manera ilegal el citado automotor, la cual, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto a la parte quejosa. Es decir, si bien la referida retención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada detención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la parte agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que le fuera devuelto el citado automotor, de donde se desprende que la suspensión se solicitó no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado para los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda contra la detención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la retención y devolución del vehículo ********************, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto en sus términos o restituya a la parte agraviada en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que la detención o retención del vehículo antes referido, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de conceder la suspensión en contra de ese acto, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2001198, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común,Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.),Página: 1186, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, continuando con el análisis se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa quien adjunta como documento para acreditar de manera indiciaria la posesión del vehículo en cuestión, en específico con lo siguiente: -la traducción certificada al idioma español por el perito traductor e interprete que avala el título de propiedad del vehículo ********************, expedida por a favor de la parte quejosa, y de la cual se advierte los datos del automóvil en comento. - Copias simples del pasaporte expedido a favor de la quejosa ********************; así como su credencial de residencia permanente expedida a su favor por la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración. Mismos documentos que, adminiculados entre sí se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, los cuales generan convicción a la suscrita Juzgadora, respecto a la titularidad de la parte quejosa como propietario del citado automotor. Por otra parte, en cuanto al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional en base a esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. Cuenta habida que la quejosa acreditó el interés suspensional que le asiste, en relación con el automotor que por esta vía defiende. Así, en el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada ante ella la propiedad del vehículo, devuelva a la quejosa ********************, en calidad de depósito el vehículo ********************, hasta en tanto se notifica a las autoridades responsables la resolución que se dicte acerca del juicio principal donde derivan los presentes autos Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna diversa multa, derivada del acto que dio origen a la detención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal; así como que el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento del delito o bien, por cualquier otro acto diverso a lo narrado por el quejoso. Sin que dicha medida constituya autorización para que la parte quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de infracciones. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a la quejosa ********************,********************, la suspensión definitiva contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, por lo motivos expuestos y fundamentos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a la quejosa ********************,********************, la suspensión definitiva contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, por lo motivos expuestos y fundamentos en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, agréguense también a estos autos el ********************y anexos que acompaña y********************en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admite como prueba de su parte las documentales que anexa en el escrito de cuenta, mismas para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, respecto a la solicitud realizada por el apoderado legal de la parte quejosa, que se remita copia del escrito y de las documentales de mérito al cuaderno incidental derivado del presente juicio en que se actúa********************se accede, por tanto, extráigase una copia del citado escrito así como sus anexos, y remítase al cuaderno incidental formado con motivo de este juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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