Florentina Soledad Cortes Aviles

Expediente 1384/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1384/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Florentina Soledad Cortes Aviles

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con el que informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, con el que contaban las partes para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibida dicha responsable, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1384/2023-VIII, promovido por Florentina Soledad Cort********************Avil******************** por propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda y constancias de autos. Por otro lado, hace constar que transcurrió el plazo de quince días otorgado al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para rendir su informe sin que lo haya hecho, no obstante estar notificado para tal efecto. Seguidamente la Jueza acuerda: Téngase por precluido el plazo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su demanda. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, toda vez que obran en autos, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, no presentó pedimento, por lo que, la Jueza acuerda: Por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1384/2023-VIII promovido por Florentina Soledad Cortes Avil********************por propio derecho, contra los actos que reclama Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Florentina Soledad Cortes Avil********************por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue modificado por el diverso Acuerdo General 8/2013, emitido por el propio Consejo, por reclamarse en el presente asunto una omisión que no trae aparejada ejecución y la quejosa presentó su demanda en esta demarcación donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa reclama: - La omisión de proveer el escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentado el veintitr********************de ese mes y año, por la quejosa en el expediente 395/2022 en el que solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo y hacer uso de los medios tecnológicos para reproducir acuerdos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto omisivo reclamado, toda vez que la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, fue omisa en rendir su informe justificado dentro del plazo que se le otorgó para tal efecto. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En relación con el acto reclamado, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no resulta necesario, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa señala que la omisión de la autoridad responsable de proveer el escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentado el veintitr********************de ese mes y año, en el expediente 395/2022 en el que solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo, viola en su perjuicio los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. Ahora bien, atendiendo a la causa de pedir y tomando en consideración lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, precisa la cita del precepto constitucional que se estima violado, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, así como analizar conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad y resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Así, en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva la omisión reclamada, así como los hechos expuestos en la demanda, se estima que el precepto constitucional que debe analizarse para determinar si fue violado es el artículo 17 de la Carta Magna, en relación con el 8 y 14 Constitucionales. Lo anterior, dado que cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio e incluso, cuando la autoridad sea parte en el procedimiento, las reglas que rigen ese tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ya que no es factible reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada en relación con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición). Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (10a.) Décima Época, Registro: 2008884 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Común, Página: 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a trav********************de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Precisado lo anterior, es fundado el motivo de inconformidad expuestos por el titular de la acción constitucional. En efecto, ya se vio que la parte quejosa alega que la responsable, ha violado sus derechos fundamentales, pues no ha acordado el escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentado el veintitr********************de ese mes y año, por la quejosa en el expediente 395/2022 en el que solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo y hacer uso de los medios tecnológicos para reproducir constancias. Ahora bien, del examen de las constancias que obran en autos, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se advierte que por escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentado el veintitr********************de ese mes y año, por la quejosa en el expediente 395/2022, la quejosa solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo y hacer uso de los medios tecnológicos para reproducir constancias. Sin que desde esa fecha la autoridad haya demostrado haber proveído el acuerdo correspondiente a dicho escrito y no le ha sido notificada a este juzgado su determinación respectiva. Ahora bien, en relación con lo expuesto, es importante tomar en consideración el contenido del artículo 17 constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)". De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por la quejosa, se debe sujetar a los plazos y términos que fije el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. En el caso examinado, dado el estado procesal del juicio de origen, la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en las citadas leyes principalmente al contenido de los artículos siguientes. Plazos para dictar decretos, autos y sentencias "Artículo 387. Cuando así proceda, los decretos y los autos deben ser dictados por los jueces en la propia audiencia o, en caso contrario, dentro de los tres días siguientes al de la recepción de la solicitud correspondiente. Las sentencias, cuando así sea posible, se deben dictar en la audiencia respectiva o, en caso contrario, dentro de cinco días siguientes a la celebración de la audiencia de que se trate." Del citado precepto, se aprecia con toda claridad que el plazo para emitir los autos y decretos por el juez es el de tres días siguientes al de la recepción de la solicitud. En el caso, ya se vio que el veintitr********************de mayo de dos mil veintitrés, la quejosa presentó escrito en el expediente 395/2022 en el que solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo y hacer uso de los medios tecnológicos para reproducir constancias. Desde el día siguiente en que presentó ese escrito y hasta la fecha en que se resuelve este asunto, han transcurrido más de cuatro meses sin que haya probado que fue emitido el acuerdo respectivo. En ese tenor, es evidente que se ha excedido el plazo legal, lo que representa un exceso injustificado para resolver lo conducente sobre el escrito presentado. Sin que se haya expresado, ni menos aún justificado alguna imposibilidad para emitir la resolución correspondiente al recurso, lo que evidentemente transgrede el derecho del quejoso a que se refiere el artículo 17 Constitucional. En efecto, tomando en consideración que el artículo 17 constitucional, otorga a las personas el derecho a la administración de justicia en los términos y plazos que marcan las leyes, a efecto de cumplir con la prontitud, expedites e imparcialidad en la administración de justicia y de no cumplirse, es inconcuso que se obstaculiza el acceso a la justicia a la parte quejosa, lo cual en la especie, sí acontece. Atenta a lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable conculca en perjuicio de la parte quejosa el principio de expedites en la impartición de justicia, al impedirle tal derecho constitucional, en virtud que, hasta esta fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo se advierte que ha transcurrido en exceso del plazo legal para la emisión del acuerdo respectivo, sin que la autoridad emita la determinación respectiva. De lo relatado, se colige que con la conducta omisa de la autoridad responsable, niega a la quejosa el acceso a la impartición de justicia, y con ello conculca en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica que tienen a no permanecer en estado de incertidumbre respecto de lo solicitado, motivo por el cual se impone concederle el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso que nos ocupa, por igualdad de razón la tesis 1a. LIII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos trece, tomo XIX, del mes de mayo de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a trav********************de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos nueve, tomo XXVI, del mes de octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Florentina Soledad Cort********************Áviles, para el único efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el término de tres días contados a partir de que se le notifique que causó ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: 1) Provea con libertad de jurisdicción el escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentado el veintitr********************de ese mes y año, por la quejosa en el expediente 395/2022 en el que solicitó autorizar a Edgar José Moo Montalvo y hacer uso de los medios tecnológicos para reproducir acuerdos y le notifique la determinación respectiva. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Florentina Soledad Cortes Avil********************contra los actos que reclama Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos precisados en el considerando quinto de la misma y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Florentina Soledad Cortes Avilés, contra actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; en tal virtud, en primer término, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1384/2023-VIII; y, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA la demanda; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica: por lo que se pone a su disposición de dirección oficial del correo electrónico institucional 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberán contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que relaciona y adjunta la parte quejosa en su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia. Con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a la solicitud del promovente y ya que consta en la certificación de cuenta que el nombre de usuario "EDGARMOOMONTALVO ", proporcionado, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se le autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado nombre de usuario. En el entendido que en términos del Artículo 39 del citado Acuerdo 12/2020, el acceso para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello, se requiere solicitud expresa, lo cual no ocurrió en el caso. Hágase lo anterior del conocimiento del analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; así como tome en consideración el número telefónico que proporciona, en caso de ser necesario. De igual forma, se tiene como autorizados de la parte quejosa con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala para tal efecto; asimismo, se le autoriza a la aludida persona el uso de medios electrónicos, con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que únicamente serán objeto de ello, las constancias que obren de manera física en el expediente. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Igual se le hace del conocimiento, que de conformidad con el citado Acuerdo General 12/2020, las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrá el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano