Francia Isabel Miranda Rodríguez
Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francia Isabel Miranda Rodríguez
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciocho de mayo de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos los oficio signado por el Presidente y el Actuario, adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta el Presidente, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 625/2021. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye "la injusta e infundada denegación de justicia de que estoy siendo objeto en primer lugar por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ante la omisión de dictar el acuerdo que señale fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del expediente laboral del índice de la Autoridad Responsables.", en el juicio reclamatorio laboral 625/2021. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización de manera incongruente, por parte de la Junta responsable, de no señalar fecha y hora en términos de la ley, para el desahogo de audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del expediente laboral, en el juicio reclamatorio laboral 625/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitió un proveído en el que señaló el veintitrés de junio de dos mil veintidós, como fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del expediente laboral, conforme a los artículos 874 y 877 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente 625/2021, del índice de dicha responsable; de igual forma, el Actuario responsable, adjuntó a su oficio de cuenta, las constancias de notificación a las partes, del aludido proveído de veintinueve de abril último. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que la Junta responsable prosiguió con el trámite del juicio, para lo cual señaló el veintitrés de junio de dos mil veintidós, como fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del procedimiento laboral de origen. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de dictar el acuerdo que señale fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del expediente laboral, a partir de la inactividad de la autoridad responsable de proveer la fecha y hora para la audiencia trifásica de ley, hecho que al momento ha acontecido en el juicio de origen, pues como lo refirió la responsable en su informe justificado, pues se fijó el veintitrés de junio de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia en comento, y al efecto se adjuntaron las correspondientes constancias de notificación a las partes para comprobar dicho extremo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable señaló el veintitrés de junio de dos mil veintidós, como fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del procedimiento laboral de origen, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio 837, signado el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta en once fojas útiles, el testimonio de la resolución pronunciada en la reclamación 76/2021, derivada del incidente en revisión número 223/2020, formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por Martín Adrián Herrera Valdés, en su carácter de apoderado general de la persona moral quejosa "Servicios Ecológicos Corredor Turístico", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada el Magistrado Presidente de dicho Tribunal Colegiado; resolución de cuyo único punto resolutivo aparece que la Superioridad, declaró fundando el recurso de reclamación de referencia. Acúsese recibo de rigor y tómese nota de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por la quejosa Ana Gabriela Benítez Herrera, en representación de su menor hijo de iniciales G. E. B. H., por medio del cual señala, en esencia, que las responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada por este órgano federal, por lo que pide se le hagan efectivas las medidas de cumplimiento. Ahora bien, de autos se advierte que en cuatro de febrero próximo pasado, se concedió al menor quejoso G. E. B. H., la suspensión provisional, y el dieciséis siguiente, se le concedió la suspensión definitiva, para que las autoridades responsables con sede en esta ciudad de Mérida, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen al aludido menor, determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares (verbigracia, que cuenta con doce años de edad, el grado de vulnerabilidad), de ser el caso, indiquen, si es candidato a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. No obstante ello, las responsables han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se requiere por última ocasión a dichas responsables, para que, dentro del término improrrogable de CUARENTA Y OCHO HORAS, computados a partir de su notificación, informen el cumplimiento de la suspensión concedida al menor de marras, e indiquen las medidas que han tomado para tal efecto. Lo anterior es así, pues como se estableció en la resolución de dieciséis de febrero del año en curso, que las responsables residentes en la entidad, se encontraban obligadas a acatar, dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas, a partir de la notificación del aludido auto, la citada medida suspensional, precisamente porque el menor quejoso tiene su domicilio en esta ciudad capital, tal y como lo indicó su progenitora, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda; por tanto, al ser en esta ciudad donde deberá vacunarse al menor quejoso, es evidente que son las autoridades en materia de salud señaladas como responsables, con sede en esta Entidad y en la propia ciudad de Mérida, son quienes están obligadas a dar cumplimiento a la suspensión aquí otorgada. Por ello, las responsables que se encuentran obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión, virtud a la protección de un derecho humano de carácter prestacional, como lo es el relativo a la salud, concatenado con el diverso de interés superior de un menor de edad. Esto, ya que este juzgado de control constitucional fijó claramente los efectos de la suspensión (aplicación inmediata de la vacuna que por su edad corresponda al menor quejoso), así como el objeto de la tutela (derecho a la salud), por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que se encuentran obligados a satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios constitucionales y convencionales respectivos. Por ende, las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." Máxime, que es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, las autoridades responsables locales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que el menor quejoso sea vacunado, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional concedida, las citadas responsables deben coordinarse con las autoridades federales respectivas y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que el menor quejoso sea inoculado con la vacuna antes referida. En consecuencia, se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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